Por Redacción Es Noticia
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Las estructuras declaradas inhabitables tras los recientes terremotos representan un nuevo problema para los gobiernos municipales de la zona suroeste, pues carecen de fondos para financiar la demolición y remoción de esas estructuras.
Hasta ahora el presidente Donald Trump no ha firmado aún la declaración de desastre mayor solicitada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que sería la única fuente de fondos que recibirían los alcaldes para poder realizar estos trabajos.
En muchos casos los costos de demolición serán exhorbitantes debido a que se requerirá el uso de explosivos para implosionar algunos condominios que por su altura no podrán ser derribados por otros métodos.
De acuerdo con el periódico El Vocero el gobierno y el sector privado esperan que lleguen los fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para financiar la demolición de estructuras y disposición de escombros.
En su mayoría se tratan de propiedades privadas, como los tres condominios declarados inhabitables en Ponce —Torre Plaza del Sur, El Sureño y Ponciana—, los cuales deberían estar asegurados contra desastres, en el caso de las casas de familias la historia es otra, ya que la mayoría no está asegurada.
Además, el hecho de que algunas de esas estructuras estén aseguradas no garantiza que el dinero que provea la aseguradora alcanzará para pagar la demolición y remoción de escombros.
“Puede haber una intervención de FEMA si es que finalmente decide intervenir en este desastre o podría haber intervención del municipio si entiende que la persona no tiene los medios y está haciendo algo para eliminar un estorbo público o un área de riesgo para los residentes de ese sector”, opinó el ingeniero Carlos Pesquera, recién nombrado asesor de mitigación de daños de La Fortaleza.
En Ponce, a la alcaldesa María “Mayita” Meléndez le urge que se tramite y llegue una contestación afirmativa para la declaración de desastre mayor, porque le allegará recursos para la recuperación por los daños en la ciudad, entre lo que se deberá incluir la remoción de propiedades colapsadas.
En su caso, también tiene edificios públicos que se han declarado inhabitables.
En los otros municipios del suroeste que fueron ampliamente golpeados por los sismos —como Guayanilla, Yauco, Guánica y Peñuelas— también se han identificado como no aptas para vivir cientos de residencias, así como escuelas, edificios privados y algunas estructuras gubernamentales.
“El edificio Torre Plaza del Sur se ubica en la urbanización Perla del Sur, tiene 16 pisos, 60 unidades y 58 de ellas son residenciales, dos comerciales. El Sureño es un edificio de 10 pisos y la mayoría de ellos son estudiantes. El edificio Ponciana es un condominio de 12 pisos y los primeros tres ocupan espacios comerciales”, detalló Meléndez, para significar no solo la proporción del daño a las estructuras, sino la cantidad de familias que se quedan sin hogar.
El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, dijo que en este asunto es importante distinguir que “el programa de demolición de propiedades se aplica de manera diferente a las propiedades públicas y a las privadas”, y esto añade complejidad a la hora de manejar el desastre.
Chávez confirmó que para que FEMA pueda activar las ayudas contenidas en la declaración de un desastre mayor es vital que el presidente Donald Trump firme la solicitud.
Aún no existe un estimado del costo para demoler las estructuras inhabitables y la disposición de los escombros.
Chávez explicó que la demolición de propiedades públicas es parte del Programa de Asistencia Pública de FEMA y es por reembolso. “En este caso el municipio puede realizar el trabajo con su personal o por medio de una contratación. Luego de completar el proceso de FEMA y llegar a una obligación del proyecto, puede solicitar el reembolso”, sostuvo.
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