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El representante Héctor Ferrer Santiago junto al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos García denunciaron la deficiente implementación del proyecto del marbete electrónico anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi. Su implementación a estado enmarcada en el fracaso desde su inicio.
“Si bien reconocemos la importancia de esta iniciativa, lamentablemente debemos señalar que su ejecución ha sido sumamente ineficiente por parte del actual gobierno. Esto pone de manifiesto, una vez más, que bajo el liderazgo de Pedro Pierluisi, las promesas y anuncios grandiosos no se traducen en acciones efectivas ni en la soluciones a los problemas de la gente”, indicó Ferrer Santiago.
Según los representantes en un medio nacional, Enrique Volkers, principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología admitió que apenas 300 de los 750 policías de tránsito han sido adiestrados para trabajar con el marbete electrónico. Por su parte, a penas 17 de 78 municipios del País participan del programa.
“Este reconocimiento arroja luz sobre la falta de preparación y planificación que caracteriza a esta administración. Anunciar proyectos sin la capacidad de implementarlos adecuadamente es una muestra clara de la incapacidad de cómo el dice: hacer que las cosas pasen”, expresó Matos García.
La implementación de este proyecto no solo ha estado plagado de problemas desde su inicio, generando confusión y caos entre los conductores y propietarios de centros de Inspección cuando en el primer día se cayó el sistema impidiendo que los conductores completaran el trámite; s y la policía aún no tiene el adiestramiento necesario. Ferrer Santiago, destacó que esto refleja una falta de consideración hacia la ciudadanía y demuestra que el gobierno no está preparado para gestionar proyectos de esta envergadura de manera efectiva.
“A lo largo de todos estos años, hemos sido testigos de una serie de anuncios por parte de Pedro Pierluisi y su gobierno, pero la realidad es que su incompetencia se ha vuelto evidente en cada uno de estos proyectos fallidos. Exigimos al gobierno de Pedro Pierluisi que se concentre en trabajar de manera responsable y efectiva para cumplir con las expectativas de la comunidad”, concluyeron.
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Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jocelyne Rodríguez Negrón y Héctor Ferrer Santiago, denunciaron que $2 millones- destinados para atender la violencia de género- pueden estar en riesgo de perderse por la dejadez del Gobierno.
Los señalamientos surgen a raíz de las expresiones de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, al admitir que confronta problemas de reclutamiento.
“El gobierno no puede despachar así un tema tan serio. La dejadez puede costarnos más vidas de víctimas de la violencia de género. Es por esto que no descartamos investigar las gestiones que se han hecho para el uso de estos fondos en beneficio de las víctimas”, señaló Rodríguez Negrón, quien también es presidenta de la Comisión de la Mujer en la Cámara de Representantes.
Hasta la fecha, la Policía reportó nueve muertes por violencia doméstica. Además, los representantes subrayaron el alza de casos de violencia de género, los cuales aumentaron con el aislamiento obligado para prevenir el contagio del COVID-19.
La pandemia, además, trajo la nueva realidad de tramitar virtualmente, por lo que hay una gran necesidad de intercesores legales durante el proceso en el Tribunal.
“La declaración de emergencia no puede quedar en un mero documento. Hoy emplazamos al gobierno a tomar pronta acción con el uso de estos fondos que son parte de una asignación especial del CARES Act y que están disponible desde diciembre de 2020”, comentó Ferrer Santiago.
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La oposición a que el Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce pase a manos de terceros a través de una alianza público privada (APP) fue establecida hoy -miércoles- por dos funcionarios del Municipio Autónomo de Ponce ante la Comisión de la Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Los representantes presentaron la propuesta de una unión entre los 14 alcaldes de la zona suroeste junto a universidades y organizaciones profesionales para conducir su desarrollo.
El director de Desarrollo Económico, Jean Paul González, y el director de Turismo, Iván Rodríguez, destacaron los beneficios para el crecimiento económico y turístico que representa desarrollar el Aeropuerto Internacional Mercedita a su máximo potencial, para los 14 municipios de la zona sur, así como para la industria relacionada al turismo, comercio y gastronomía.
Estos son: Ponce, Jayuya, Santa Isabel, Peñuelas, Juana Díaz, Guánica, Guayanilla, Salinas, Adjuntas, Sabana Grande, Villalba, Coamo, Yauco y Lajas.
“El Municipio Autónomo de Ponce, se opone a la otorgación de una APP, utilizando el modelo que impone la Autoridad de Puertos a través de una fórmula que aglomeraría en un solo esfuerzo y bajo una sola compañía privada la exposición, mercadeo, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos regionales. Este mecanismo iría en detrimento y perjuicio de los mejores intereses del Aeropuerto Internacional Mercedita, ya que la política pública de la empresa que dirija la APP estaría asumiendo la misma postura que por décadas ha permeado en la Autoridad de los Puertos”, sostuvo González.
El funcionario puntualizó, además, que la antigua forma de hacer las cosas realmente es mantener un enfoque centralizado en los aeropuertos de la zona metropolitana, donde siempre se utilizaron los fondos para mejoras, expansiones o esfuerzos de aumentar vuelos o capacidad de pasajeros de manera arbitraria y excluyente, tal como ha ocurrido con los puertos marítimos.
Por su parte, Rodríguez, en representación del alcalde Luis M. Irizarry Pabón, argumentó que “este error sistemático que permitieron gobiernos de ambos partidos, a su vez ha creado un desbalance en el progreso de otras zonas regionales o polos económicos, afectando inclusive a largo plazo la prestación de este servicio social de transporte aéreo, el desarrollo socioeconómico, la creación de puestos de trabajo, la revalorización del entorno, el ordenamiento urbanístico y el libre comercio”.
Durante décadas, la zona sur se ha sumido en una depresión económica que ha ocasionado reducción de población, comercios y la actividad económica, aparte de lo que ha colocado en clara desventaja a esta zona del país. Y con la situación obrero patronal reciente que surgió en el puerto de San Juan que afectó la importación de bienes, el acarreo de productos y la cadena de distribución, se evidenció la necesidad de contar con el Aeropuerto Mercedita y el Puerto Las Américas de Ponce.
“Estamos ante una coyuntura histórica perfecta para dar este paso trascendental, ha llegado el momento de hablar y reconocer al Aeropuerto Internacional Mercedita, como lo que es y finalmente demostrar con hechos lo que hemos promulgado, estableciendo propuestas, fechas y acciones reales. El país y nuestra región necesitan soluciones inmediatas, a corto y largo plazo para dejar de vivir en la incertidumbre y poder crear un punto de interconexión que nos permita un crecimiento a todos los niveles y una integración cultural con el resto del mundo”, puntualizó González.
La vista pública responde a la Resolución de la Cámara 256, que dispone la celebración de la misma para conocer sobre los planes, si alguno, de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico para establecer una alianza pública privada para administrar, operar y darle mantenimiento al Aeropuerto Internacional Mercedita.
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Los representantes Orlando José Aponte y Estrella Martínez Soto radicaron la Resolución de la Cámara 395 para investigar las condiciones de las Empresas Picú en Coamo.
Con la resolución radicada a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de la Región Sur Central. se considerará desarrollar el área nuevamente.
“Tenemos una realidad y es que la actividad económica en Puerto Rico se ha reducido en 6% el pasado año según datos oficiales del Banco de Desarrollo Económico y nuestra misión como legisladores es promover alternativas viables”, detalló Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Durante los años 1980, la industria avícola aportaba unos $120 millones al año, generando 3,000 empleos y produciendo aproximadamente 100 millones de libras de pollo anualmente.
“En la actualidad, dichas instalaciones se encuentran en total abandono y deterioro acelerado, pero estamos confiados en que podremos generar alternativas de creación de empleos. El mercado para este tipo de producción agrícola está disponible”, agregó Martínez Soto.
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La secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo Correa, explicó, que en horas de la tarde del martes, se llevó a cabo una orientación vía Zoom para todos los maestros delegados de las escuelas que abrieron hoy día.
“En casi todas las escuelas la Asociación de Maestros – Local Sindical tiene un maestro que es delegado de taller y es la persona que representa a la Unión en cada una de las escuelas. Debido a la abrupta reapertura de escuelas y a la incertidumbre y preocupaciones de los maestros, ayer todo el Comité Ejecutivo de la Local Sindical estuvimos conectados de forma virtual orientando a los delegados de las escuelas que aparecen en la primera lista de reapertura, para que estén al tanto de la postura de la AMPR referente al inicio de clases presenciales y lo que deben hacer de surgir alguna situación inesperada”, expresó Toledo Correa en comunicación escrita.
Expuso que la orientación fue muy productiva y se conectaron más de 70 maestros para aclarar dudas respecto a la reapertura de escuelas y las clases presenciales.
“Se les explicó que toda escuela debe tener un Comité de Salud y Seguridad que son las personas quienes evaluarán junto con el director si la escuela cumple al 100% para recibir la Certificación de Salud. Varios delegados expresaron su preocupación ante la posibilidad de que su escuela abriera sin contar con los requisitos mínimos establecidos en el Protocolo de Salud”.
La también maestra del sistema público añadió que “se les aclararon sus dudas, porque nos informaron que varios directores están dando instrucciones contrarias a las recomendaciones del Departamento de Salud. De igual forma, surgió la inquietud sobre las licencias disponibles, al no contar con alternativas para el cuido de sus hijos mientras tienen que reportarse a trabajar. Además, varios planteles no cuentan con el servicio de internet y aun así han convocado a los maestros para que trabajen de forma remota. Se habló sobre el proceso de registro de asistencia y los criterios que deben cumplir las escuelas para regresar de forma presencial. También, conversamos con los delegados sobre diversos temas como la carrera magisterial, el aumento a los maestros transitorios, organización escolar, entre otros”, indicó Toledo Correa.
La secretaria general dijo que “la Unión estará atenta a que se respeten los derechos de nuestros representados y que durante el proceso de reinicio de clases se cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Salud de Puerto Rico”.
Por Redacción Es Noticia
Representantes del Partido Popular Democrático (PPD) radicaron el PC 153 para enmendar el Código de Seguros.
Así, ninguna compañía de seguras extinga una obligación de pago en finiquito sin antes proveer al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, del alcance y consecuencias de recibir este pago.
Los representantes son: Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz, Héctor Ferrer, Estrella Martínez y Orlando Aponte.
“Luego del paso del huracán María y los terremotos del pasado año, han sido muchos los inconvenientes que los consumidores han tenido con sus pólizas de seguros. Muchos de ellos han visto disminuidos dramáticamente los pagos recibidos en sus reclamaciones por concepto de daños por vía de la figura de pago en finiquito. Esto ha provocado casos en los tribunales en la que los asegurados exponen que no se les proveyó una explicación adecuada sobre el alcance de dicho pago”, mencionó Ortíz.
El pago en finiquito, también conocido como “accord and satisfaction”, es una forma de satisfacer o saldar una obligación que permite que un deudor pueda satisfacer lo adeudado al acreedor mediante una cantidad menor reclamada en común acuerdo.
“(Esto) permitirá que los asegurados se sientan más confiados a la hora de proteger sus propiedades”, indicó la representante Martínez y también presidenta de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor.
Por CyberNews
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El presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, Néstor Alonso Vega, conmemoró este pasado miércoles, 15 de octubre, el Día Internacional del Bastón Blanco, como símbolo del esfuerzo y tenacidad que realizan las personas no vidente para integrarse a la sociedad.
Como parte de las actividades, las cuales estuvieron enmarcadas en estrictas reglas de salud y seguridad, Alonso Vega estuvo acompañado de varios representantes, quienes se vendaron sus ojos por espacio de una hora para conocer de primera mano cómo se interactúa sin utilizar el sentido de la visión.
Los legisladores hicieron tareas como caminar por los pasillos de la Casa de las Leyes, sentarse a merendar y hasta interactuar en el hemiciclo de la Cámara, entre otros.
“En esta ocasión decidimos hacer algo diferente, por eso invitamos a varios compañeros legisladores, incluyendo al amigo Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez, para que pasara varias horas del día vendado en sus ojos con el propósito de que conozcan cómo se trabaja, cómo se desenvuelve una persona no vidente en la Legislatura”, dijo Alonso Vega, en declaraciones escritas.
Según datos disponibles, desde la década del 1960 se celebra en los Estados Unidos el ‘Día del Bastón Blanco’.
“Agradezco al Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, por siempre conmemorar este importante día en que se celebra la gran aportación que realiza la comunidad no-vidente en Puerto Rico. Hoy reconocemos la relevancia que tiene un objeto tan simple, pero indispensable. Este objeto, el bastón blanco, ayuda a las personas no videntes a moverse, identifica y permite que otras personas puedan ayudarles cuando lo necesiten”, indicó el representante.
Alonso Vega quedó ciego a los 11 años, y fue electo representante por acumulación en las elecciones generales de 2016 con su lema: “no se necesita tener vista para conocer las necesidades del pueblo”.
De acuerdo a datos recientes del Negociado del Censo de los Estados Unidos, el 6.2% de la población en Puerto Rico tiene alguna dificultad de visión, cifra que representa un total de 214,243 personas con discapacidad visual severa o ceguera total.
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La Cámara de Representantes aprobó el ‘Informe Parcial’ sobre el proceso de compra, manejo, distribución y administración de las pruebas para detectar el coronavirus así como las ejecutorias de los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones.
Al concluir la primera fase de las vistas públicas sobre la compra de pruebas para diagnosticar el COVID-19 en sobreprecio a una empresa dedicada al sector de la construcción, l
La Comisión de Salud del Senado había recomendado a la Oficina del Contralor el realizar una auditoría en el Departamento de Salud y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) entorno a la compra de dichas pruebas por $38 millones.
Referidos a investigación o tomar acción contra:
Referidos a:
En el caso de Burgos Vega, la Comisión lo señaló por presuntamente haber cometido perjurio. Adicional, el documento indica que tanto Rivera Rivera como Rosa Rivera posiblemente violentaron en múltiples instancias sus funciones y deberes. Ésta última también incumplió al momento de prestar testimonio conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud.
En su mayoría los referidos responden a que los funcionarios pudieron haber sido negligentes en el cumplimiento del deber así como la posibilidad de infringir la Ley de Ética Gubernamental, Ley de Código Penal, Ley del Código Civil y Ley de Contabilidad.
En cuanto al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Task Force Médico, concluyeron que se extralimitó en los poderes conferidos por la orden ejecutiva al darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos. La Comisión de Salud también exhortó a presentar legislación para mejorar los controles y requisitos y conocimientos del personal, sin excluir la educación continua.
Entretanto, la Cámara de Representantes respaldó un paquete de medidas para mitigar los efectos del coronavirus. Una de ellas fue el Proyecto de la Cámara 2484 para establecer un Programa de Emergencia para la Condonación de Tarifas de Servicios Esenciales, a los fines de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puedan condonarles a los abonados residenciales que fueron cesanteados o que se han visto impedidos de generar ingresos a causa de la pandemia.
La pieza busca establecer los requisitos así como la facultad de reglamentación y el periodo de facturas que cubrirá mientras dure el toque de queda impuesto por la gobernadora de Puerto Rico.
De la misma manera, concurrieron con la Resolución Conjunta de la Cámara 567 que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., las instalaciones de la antigua Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves. Ésta ubica en la urbanización Villa Prades, en el barrio Sabana Llana Norte, en San Juan. Todo para que la entidad pueda expandir su proyecto de educación formal Vimenti.
Mientras tanto favoreció el informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 688, la cual ordena al secretario de Seguridad Pública distribuir un incentivo a los operadores y telecomunicadores del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 de su Reserva de Contingencia, no cubiertos en la Resolución de la Cámara 23 de 2020, mediante la cual se distribuyeron $500 millones para financiar la primera fase del plan estratégico en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.
En el plan se destinaron $539,000 para incentivar hasta con $3,500 a los operadores y telecomunicadores de dicho Negociado. La cantidad asignada es válida para 154 empleados, lo cual excluye aquellos empleados que han realizado todas o parte de sus labores por remoto para mantener las operaciones durante el periodo que se ha extendido esta emergencia.
Igualmente, se dio paso al Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 689 que ordena al secretario del Negociado de Seguridad Pública distribuir hasta el 50% de los fondos estimados para los municipios colaboradores del Sistema 9-1-1 con cargo a la partida de Distribución de Fondos como respuesta a la emergencia.
Por otra parte, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 690, de la autoría de representante Santiago Guzmán, para establecer medidas en respuesta a la situación que viven los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del Programa de Asistencia por Desempleo ante la pandemia mundial que también ha afectado a Puerto Rico a consecuencia del Coronavirus.
Esa resolución autoriza al secretario del Departamento de Hacienda a prestar ayuda al Departamento de la Familia y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que los servidores públicos que sean asignados a prestar servicios canalicen el aumento en solicitudes de asistencia nutricional y desempleo.
Los Representantes respaldaron el Proyecto del Senado 1575, que enmienda la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, la cual busca extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria a los profesionales de la salud que trabajen en instituciones privadas, cuando asistan al Estado y durante la vigencia de una orden ejecutiva del gobernador de la Isla decretando un estado de emergencia. Es importante señalar que esto sería retroactivo desde el 15 de marzo y tendrá vigencia hasta 30 días luego de que quede sin efecto dicha orden ejecutiva.
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