Por Miguel Díaz Román
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Para las inspecciones de las escuelas de la zona suroeste se establecerá un criterio más riguroso y exigente que determinará si los planteles se pueden continuar utilizando en medio de una atmósfera de continúas replicas sísmicas, sostuvo el ingeniero Carlos Pesquera, quien dirige el Comité Interagencial de Inspección de Escuelas.
Pesquera reveló que sostuvo recientemente una reunión con el Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) para discutir los aspectos relevantes en las inspecciones de las escuelas de la zona suroeste, que ha experimentado miles de réplicas desde el pasado 28 de diciembre, cuando comenzó un evento sísmico sin precedentes en la historia reciente del país y que tuvo su momento climático el 7 de enero con un temblor de 6.4 de magnitud.
De hecho, ese evento sísmico aún continúa y el Servicio Geológico de los Estados Unidos sostiene en sus previsiones que probablemente la actividad sísmica en el suroeste se sostenga por años y quizás por décadas.
“Tenemos que hacer un cernimiento para establecer el criterio que se usará en las inspecciones de la zona suroeste y porque esas estructuras han sido sometidas a réplicas constantes. Es un criterio que tome en consideración el código de construcción que estuvo vigente cuando se construyó, en relación con el código de construcción vigente hoy día. Tenemos que detectar la vulnerabilidad de esas estructuras y determinar si se debe posponer su uso”, indicó.
Pesquera reiteró que el criterio que se establecerá será más riguroso y exigente con la capacidad de las estructuras para resistir las continuas réplicas.
De acuerdo con la Red Sísmica, desde el pasado 28 de diciembre en el suroeste han ocurrido 2,581 sismos, de los cuales 298 sismos fueron reportados como sentidos, 184 sismos mayores de magnitud 3.5; 24 sismos mayores de magnitud 4.5; 3 sismos mayores de magnitud 5.5 y 1 terremoto de magnitud 6.4.
En los pueblos más afectados por la actividad sísmica en el suroeste existen 87 planteles ubicados en los pueblos de Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas, San Germán y Guayanilla.
Estas escuelas permanecerán cerradas hasta que culminen las inspecciones que efectuarán los ingenieros al mando de Pesquera, cuando se determinará cuáles deben ser clausuradas y cuántas pueden continuar abiertas o deben ser reparadas.
El geomorfólogo, José Molinelli Freyres, ha sostenido que la mayoría de las escuelas están en peligro real de colapsar frente a un sismo fuerte, especialmente por el efecto de las llamadas ‘columnas cortas’, un problema en el diseño que predominan en los planteles escolares.
Lidiando con la columna corta
Precisamente, el colapso de la escuela Agripina Seda -en Guánica- durante el terremoto de magnitud 6.4 del pasado 7 de enero, obedeció al defecto de la columna corta, que fundamentalmente son columnas que carecen de la fortaleza suficiente para resistir las oscilaciones que experimenta una estructura durante un sismo fuerte.
Pero el ingeniero José Augusto Del Rosario, experto en daños estructurales catastróficos, indicó que el efecto adverso de la columna corta puede ser corregido con un costo relativamente bajo para el erario y garantiza que el gobierno conserve cientos de escuelas que aún pueden ofrecer muchos años de vida útil al servicio del sistema educativo.
“Yo creo que el gobierno debe plantearse hacer un programa para corregir el problema de la columna corta. Es relativamente barato y logrará que esas escuelas adquieran la rigidez necesaria para resistir. Además, el gobierno no está en condiciones económicas saludables para emprender la construcción de nuevas escuelas según los códigos vigentes. La construcción de una escuela puede costar más de $15 millones”, dijo Del Rosario.
El ingeniero indicó que para fortalecer la columna corta se añaden paredes de concreto armado en ambos lados de la columna, lo que requerirá eliminar varias ventanas. “Se pierde espacio para ventilación, pero se gana seguridad. Si esas reparaciones se hacen con las varillas adecuadas, amarradas a las varillas de la columna y con el espesor requerido, las escuelas serán más resistentes”, indicó Del Rosario.
Agregó que un programa a nivel nacional necesitará una supervisión diligente para evitar que los contratistas utilicen materiales de pobre calidad o sin cumplir las dimensiones prescritas por los ingenieros.
Pesquera agregó que las inspecciones realizadas en las 225 escuelas cuya apertura ha sido recomendada al Departamento de Educación, solo certifican que los sismos ocurridos en los pasados días no han provocado daños estructurales en esos planteles,
“Lo que indican esas certificaciones es que esas escuelas están igual que como estaban antes de los sismos. Que no han sufrido daños estructurales. Puede que hayan sufrido grietas en una pared de bloques o que se haya desprendido alguna parte del empañetado, pero no han sufrido daños estructurales”, sostuvo Pesquera.
Explicó que de las certificaciones no se debe entender que los planteles pueden resistir un sismo fuerte. “En ningún lugar, ni aquí ni en California se puede hacer ese tipo de afirmación”, indicó el ingeniero, quien posee un doctorado en ingeniería estructural de la Universidad de Cornell.
De las cerca de 900 escuelas que mantiene en operación Educación, 531 planteles han sido inspeccionados y solo 225 fueron autorizadas a reabrir para el segundo semestre del presente año escolar. Las clases comenzaron de manera escalonada en 177 escuelas y no en 225 planteles como se había anticipado.
El secretario de Educación, Eligio Hernández, informó que en 48 escuelas las inspecciones no estaban en condiciones de ser presentadas a los padres en las actividades de “casa abierta” porque contenían anotaciones que no se entienden o tenían errores en códigos.
El intercambio con los padres es parte de un proceso establecido por Educación para que antes de enviar a sus hijos a las escuelas, puedan examinar las certificaciones y ver el estado de los planteles.
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