Por Redacción Es Noticia
Líderes sindicales desarrollarán un plan que pondrá fin a la privatización de los servicios públicos.
Se reunió:
- Ángel R. Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
- Luis De Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
- Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE)
- Gerson L. Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores que representa trabajadores en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), la Administración de Servicios Médicos- Centro Médico (ASEM), y el Centro Cardiovascular del Caribe, la Autoridad de Tierras, Comercio y Exportación, Corporación de Servicios Agrícolas y la Escuela de Artes Plásticas
Durante el encuentro, los dirigentes analizaron las propuestas de privatización estudiar el efecto que tiene la privatización en la comunidad y empleados.
“Como ejemplo de los efectos negativos de la privatización y este desmantelamiento, está el contrato de la AEE con LUMA Energy donde el gobierno paga por toda la operación sin que LUMA asuma riesgos, lo que conllevará aumento de las tarifas. Un contrato por el que pueblo de Puerto Rico ha pagado cerca de $100 millones solo por Luma aprender”, destacó Figueroa Jaramillo.
Por su parte, De Jesús, explicó que en la AAA los empleados demostraron instalar contadores a un costo significativamente menor que la propuesta de la empresa privada y con mayor eficiencia. Mientras, Mercado agregó que la privatización de los servicios de farmacia en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado retrasa la entrega de medicamentos a trabajadores lesionados que reciben el servicio y enriquece a un privatizador.
“Sin la privatización, los millones que se embolsican los empresarios favorecidos se podrán brindar mayores y mejores servicios de salud a la población. Por otro lado, todavía no se ha demostrado-ni por el gobierno ni por la Junta de Control Fiscal que la impulsa-nada que justifique la privatización de las emisoras de radio y televisión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, comentó Guzmán López.
