Por Redacción Es Noticia
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Medios de comunicación en Estados Unidos han destacado el impacto que tendrá en Puerto Rico la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar subsidios dirigidos a impulsar la instalación de proyectos de energía solar en la isla.
Publicaciones como The New Republic han reseñado que cerca de 40,000 personas de bajos ingresos y clase trabajadora en Puerto Rico habían recibido la promesa de acceso a paneles solares y sistemas de almacenamiento en baterías. Estos programas surgieron como respuesta a los apagones masivos provocados por el Hurricane Maria y el Hurricane Fiona, que dejaron al descubierto la fragilidad del sistema eléctrico en la isla.
Sin embargo, un año después del inicio del segundo mandato de Trump, su administración decidió eliminar estos programas. El medio Grist informó que gran parte de los fondos del Fondo de Resiliencia Energética —un programa de mil millones de dólares creado por el Congreso en 2022— fue redirigida, y los recursos restantes se entregaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA), corporación pública que ha enfrentado señalamientos por problemas de gestión y corrupción.
Asimismo, en enero, el Departamento de Energía eliminó unos 350 millones de dólares en subvenciones que estaban destinados a ayudar a hogares de bajos ingresos en Puerto Rico a instalar sistemas solares propios.
“¿Por qué cancelar algo que funciona según lo previsto y se está implementando correctamente, para dárselo a alguien con un historial tan negativo?”, cuestionó un exfuncionario del Departamento de Energía, al referirse a la decisión de transferir fondos a PREPA.
El estado precario de la red eléctrica puertorriqueña se agravó tras el paso de Fiona en 2022 y María en 2017, fenómenos que provocaron apagones generalizados. En particular, el colapso de la infraestructura tras María —más allá del evento atmosférico en sí— fue vinculado a la muerte de cerca de 3,000 personas en la isla.
Ahora, expertos advierten que la eliminación de estos subsidios podría comprometer aún más la estabilidad energética de Puerto Rico y aumentar la vulnerabilidad de miles de residentes ante la próxima temporada de huracanes.
Hasta el momento, solo unas 6,000 unidades de baterías solares habían sido instaladas antes de que se recortara la financiación del programa federal, dejando a miles de familias sin acceso a una alternativa energética más resiliente.

















































