Por Redacción Es Noticia
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Aunque las autoridades federales limitan las intervenciones investigativas que implican a personalidades políticas durante periodos cercanos a los procesos electorales, desde Washington el Departamento de Justicia autorizó que en la mañana de ayer agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tocaran a la puerta del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson del Valle.
El legislador busca la candidatura a representante por el Distrito 9 y participará de las primarias de su colectividad el próximo 9 de agosto.
Desde la capital federal también se autorizó la intervención realizada por el FBI el pasado 15 de julio a la legisladora novoprogresista María Milagros Charbonier, quien aspira a ser candidata a representante por acumulación en el mismo proceso electoral del próximo mes.
Según el periódico El Vocero, fuentes confirmaron que la práctica del Departamento de Justicia federal es limitar la intervención de las agencias federales con los políticos en periodos cercanos a eventos electorales, para no interferir en los procesos.
Sin embargo, en menos de dos semanas el FBI ha estado activo en sus investigaciones y las fuentes sostuvieron que “la visita” de los agentes y los allanamientos en Río Grande y en el barrio Galateo en Toa Alta fueron autorizados desde Washington.
“Se entiende que la evidencia está ahí (los celulares) en este momento y no se puede arriesgar a que en unos días no esté”, explicó otra de las fuentes, para describir la premura del FBI en actuar, a pesar de que apenas faltan menos de dos semanas para las primarias del 9 de agosto.
A Del Valle le confiscaron su celular como parte de una orden de allanamiento firmada por la magistrada federal Camille Vélez Rivé. Este medio intentó contactar al legislador, pero aun cuando no estuvo disponible, dijo a Telenoticias que los agentes solo confiscaron su celular y “no el de mi esposa”.
Según el diario El Vocero, durante la intervención Del Valle se negó a emitir declaraciones a los agentes por no estar en presencia de su representante legal.
Hace unos meses trascendió que un exempleado de Del Valle estaba molesto porque de su salario se le requerían aportaciones económicas para el legislador.
En diciembre de 2018 este diario informó que las autoridades federales investigaban presuntos empleados fantasmas en la Legislatura. Durante la investigación surgió información sobre supuestos pagos exorbitantes a empleados y contratistas con la condición de que una porción del dinero se les entregara a legisladores.
Amplia búsqueda de información
De acuerdo con las fuentes consultadas, las autoridades federales han entrevistado a empleados de la Cámara baja, ya que durante la pesquisa los agentes advinieron en conocimiento sobre la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia por parte de algunos políticos. Se asegura que les pidieron a sus subalternos que ocultaran información o que no respondieran con la verdad a las preguntas de los agentes.
Como parte de la investigación a los políticos, los agentes del FBI han requerido información a instituciones bancarias sobre las cuentas de varios legisladores, incluidas las de Charbonier. Los federales también le requirieron datos a la Oficina del Contralor Electoral sobre los informes de las campañas políticas de la legisladora, según publicó este medio.
Este rotativo preguntó ayer al contralor electoral, Walter Vélez, si los federales habían solicitado información de los estados financieros de la campaña de Del Valle y respondió en declaraciones escritas que no comentaba sobre investigaciones de otras agencias.
Por su parte la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, confirmó en la mañana de ayer que los agentes realizaban “una actividad investigativa en una residencia en Toa Alta”, pero recordó que “nuestra política es no confirmar ni negar la existencia de investigaciones, por lo que no tenemos comentarios”.
A Charbonier —durante la intervención— le incautaron su celular, el de su esposo y dos tabletas iPad. La pesquisa sobre la representante incluye a allegados del alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo y su esposa Roxana Sifre, quien hasta hace poco era empleada de Charbonier. Sifre trabajaba en destaque en la oficina de la legisladora, pero era empleada de confianza en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
A los empleados de confianza no se les puede destacar en otras agencias de gobierno.
El esposo de Charbonier, Orlando Montes, era empleado de la CFSE y fue despedido luego de trascender la intervención del FBI, al igual que Sifre.
Las indagaciones de las autoridades ya llevan tiempo, y —de acuerdo con las fuentes— en febrero pasado el FBI requirió a la Cámara el expediente de Sifre. También han surgido indagaciones sobre otra empleada de Charbonier, Frances Acevedo, quien es directora de las comisiones que preside la representante, la de Ética y la de lo Jurídico.
También han indagado sobre Luis Gierbolini, quien es abogado y fue empleado de Charbonier y contratista del alcalde de Cataño.
Reaccionan en la Cámara
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, insistió ayer en que ese cuerpo colaborará con las investigaciones federales. Sin embargo, la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) sostiene que Méndez debe rendir cuentas a los legisladores ante la intervención del FBI con Charbonier y Del Valle.
“La Cámara de Representantes que me honro en presidir tiene un compromiso con la transparencia y el buen manejo de los recursos del gobierno. Hemos cooperado en todo momento con las autoridades federales y estatales; así lo continuaremos haciendo. Mi exhortación hoy (ayer), tal como ha sido en el pasado, es a la total y absoluta cooperación con entidades de ley y orden”, manifestó Méndez en declaraciones escritas.
Señaló que los representantes tienen el deber de asumir una conducta basada en la ley y las regulaciones. “Nunca me apartaré de ese norte, tomando acciones de forma proactiva para garantizar la confianza del pueblo en sus servidores públicos”, agregó.
Por su parte el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, envió una carta a Méndez para que rinda cuentas y salvaguarde “el buen nombre de la Cámara de Representantes”.
“Su señoría es el administrador de la Cámara y como su presidente debe —sin más dilaciones— dar explicaciones satisfactorias de los proceso, los contratos, e indicar la cantidad de investigaciones en curso en las que se esté colaborando con agencias federales o estatales que involucren legisladores, asesores o contratistas de este honroso cuerpo”, expresó.
Mientras que el representante independentista Denis Márquez dijo que “es una noticia terrible que continúen investigando en la Cámara de Representantes como se ha señalado públicamente”.Agregó que “si hubiesen otros legisladores participando de esto, es un ejemplo más del asunto de la corrupción en el gobierno”.
Antes de la sesión de hoy el caucus PNP de la Cámara atenderá los casos de Del Valle y Charbonier.
