Por Redacción Es Noticia
La presidenta de Farmacias Gabriela, se declaró culpable el 24 de septiembre de participar en un delito grave luego de que, presuntamente, vacunara ilegalmente a menores de 7 a 11 años contra el coronavirus.
La propietaria de la cadena de farmacias, Liz Ann Banchs, es acusada de vacunar a 24 niños -de entre 7 y 11 años- con la vacuna Pfizer-BioNTech en dosis completa, sin autoridad legal. Esto como parte de una conspiración para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude a la atención médica.
En mayo de 2021 hasta el 22 de junio, Ann Banchs y varios empleados de una de las farmacias en Juana Díaz, conspiraron para administrar consciente y deliberadamente la vacuna a niños 11 años o menos y presentar los reclamos correspondientes de Medicaid al MC-21.
“Esta persona usó su acceso especial para vacunar ilegalmente a niños menores de 12 años poniendo en riesgo su salud. El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el público reciba vacunas seguras y eficaces”, manifestó W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La actividad ilícita de Banchs fue rápidamente identificada por el Departamento de Salud y, posteriormente, se suspendió el programa de vacunación COVID-19 en Farmacia Gabriela, Inc.
Es importante destacar que la EUA no ha aprobado la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños menores de 11 años. Como resultado, la administración de la vacuna a niños de 7 a 11 años representa una administración no autorizada e ilegal de la vacuna.
Salud indicó que, hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado de la vacunación ilegal.
Por otro lado, todos los fondos recibidos de manera fraudulenta fueron devueltos voluntariamente a los Estados Unidos.
Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs aceptó voluntariamente ser excluida como proveedora de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.
Los lotes de vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos y, según trascendió, se convirtieron ilegalmente sin la debida autorización.
El agente especial a cargo Scott Lampert dijo: “El HHS-OIG y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a ayudar al país a superar la crisis de salud pública del COVID-19, pero la seguridad de nuestros ciudadanos es lo primero, especialmente cuando estamos lidiando con mantener a los niños a salvo. Existen pautas claras establecidas por las agencias de salud pública de nuestra nación con respecto a quién es elegible para recibir la vacuna COVID-19 en este momento. No nos desviaremos de nuestra misión de proteger al público y los programas federales de atención médica que los atienden”.
Banchs enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión, una multa de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.
El caso fue investigado por el HHS-OIG con la colaboración de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico, la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Puerto Rico, la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, Pfizer, la División de Seguridad y Cumplimiento Global y la Unidad de Integridad de Beneficios MC-21.
El caso fue procesado por el fiscal federal, Seth A. Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública de la Fiscalía de los Estados Unidos.
