Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) repartió culpas sobre los que provocaron que el pueblo puertorriqueno acumulara $72,000 millones en deuda y que advirtió que sus siete miembros continuarán “cumpliendo con sus obligaciones legales”.
Las declaraciones las hizo en una comunicación escrita, de tres páginas, y que tiene publicada en su portal: JSF
«Durante décadas, los gobiernos de Puerto Rico han prometido demasiado y no han cumplido con el pueblo de Puerto Rico. Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del Gobierno de conseguir el financiamiento necesario.
La mala administración financiera condujo a la crisis financiera, la única razón por la que se adoptó la Ley PROMESA hace más de cinco años. El pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece más de sus funcionarios electos.
Antes de PROMESA y de la creación de la Junta de Supervisión, los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos, se excedían en los gastos y se endeudaban de más no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados.
Los gobiernos anteriores acumularon más de $72,000 millones de deuda, sin construir un Puerto Rico robusto con una educación excelente, una infraestructura impecable, carreteras bien mantenidas, electricidad fiable y una economía próspera con oportunidades para su pueblo.
La recesión, la emigración, la pérdida de competitividad, el gasto desmedido, el endeudamiento excesivo y la falta de inversión en la infraestructura, en los servicios gubernamentales y en el pueblo causaron estragos injustificados en la vida de los residentes de Puerto Rico.
Los gobiernos locales permitieron la quiebra de los sistemas públicos de pensiones de la Isla.
Durante los últimos cinco años, los miembros de la Junta de Supervisión han trabajado en conjunto con los funcionarios electos, la comunidad empresarial y el pueblo de Puerto Rico para poner fin a las prácticas que condujeron a esta crisis, para acabar con el ciclo de gasto deficitario que perjudica a todos los residentes y empresas de la Isla, y para poner en marcha las políticas y las prácticas que volverán a ofrecer oportunidades y prosperidad a la ciudadanía.
La Junta de Supervisión consiguió reducir la deuda pública en un 80% y ahorrar al contribuyente $50,000 millones en pagos de deuda. También logró que pudieran pagarse las pensiones con cargo al presupuesto del Gobierno, ya que no existen fondos de pensiones; también garantizó que todos los funcionarios tuvieran derecho al Seguro Social y allanó el camino para establecer un Fideicomiso de Reserva de Pensiones independiente que empezara a reconstruir lo que había desaparecido: los fondos destinados al pago de las futuras pensiones.
El Congreso de los Estados Unidos fue claro en que el propósito de la Junta de Supervisión es «proporcionar un método… para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital».
PROMESA exige que los planes fiscales certificados «garanticen el financiamiento de los servicios públicos esenciales, proporcionen un financiamiento adecuado para los sistemas públicos de pensiones, dispongan para la eliminación de los déficits estructurales, y mejoren la gobernanza fiscal, la responsabilidad y los controles internos».
La ley, adoptada únicamente por la mala administración financiera del pasado, establece que «cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales permanentes que fomenten el crecimiento.
Debido a este mandato legal, y como resultado, los planes fiscales para Puerto Rico certificados por la Junta de Supervisión incluyen la agenda de administración financiera necesaria para restaurar la responsabilidad fiscal y las reformas estructurales fundamentales para el crecimiento económico:
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- El fomento de la participación de la fuerza laboral formal y las oportunidades de desarrollo para la fuerza laboral general.
- La reforma educativa para mejorar drásticamente las tasas de graduación y los resultados de los exámenes de los estudiantes.
- La reforma de la facilidad para hacer negocios a fin de reducir los obstáculos que impiden el inicio y sustentabilidad de un negocio, mediante la mejora de los procesos de obtención de permisos, de registro de la propiedad y de pago de impuestos.
- La reforma del sector eléctrico para brindar una electricidad más fiable, asequible y limpia.
- La reforma de las infraestructuras para mejorar la transportación pública.
No se puede restaurar la prosperidad y el crecimiento económico de Puerto Rico meramente reestructurando la deuda e invirtiendo fondos federales en infraestructuras más modernas y resilientes. Estos aspectos son necesarios, aunque insuficientes de por sí para el retorno del crecimiento sostenible. Se debe restaurar la responsabilidad fiscal e implementar las reformas estructurales necesarias para mejorar las oportunidades de cada residente y empresa.
Para evitar el exceso de promesas, de gastos y de endeudamiento del pasado, se debe aplicar prácticas de administración financiera en todo el Gobierno. La responsabilidad fiscal requiere disciplina, para no prometer de más, y la priorización de los recursos disponibles.
Si un gobierno desea gastar más recursos de los que dispone sin el acceso a los mercados de crédito, entonces debe encontrar una forma de aumentar los ingresos.
En Puerto Rico, eso implicaría la reconsideración de los más de $20,000 millones en exenciones contributivas anuales que el gobierno reparte o el aumento de los impuestos, o ambas cosas. De no ser una opción, no se puede continuar con los gastos. La propia Constitución de Puerto Rico consagra el concepto de presupuesto balanceado.
Los siete miembros de la Junta de Supervisión continuarán cumpliendo con sus obligaciones legales. El propósito de estas obligaciones es que se garantice una sólida gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos para evitar por siempre las prácticas del pasado que requirieron la existencia de la Ley PROMESA; también, que se supervise la implementación de las reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad».
