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Auditoria del Contralor revela irregularidad en Vivienda Pública

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Una auditoria de la Oficina del Contralor  reveló que la Administración de Vivienda Pública desembolsó pagos de $140,761 por servicios profesionales sin mediación de contrato entre partes.

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Los servicios están relacionados a adiestramientos, tasaciones, charlas motivacionales, talleres y animaciones y los mismos se realizaron mediante compras durante el periodo del 18 de mayo de 2017 al 21 de julio de 2021.

Esa acción fue catalogada como una irregularidad contraria a la Ley 237-2004 que dispone que todo servicio profesional e intelectual, creativa o artística, debe ser obtenido por un contrato escrito y prospectivo. Por lo cual, la auditoria refleja que la Administración solicitó una propuesta a un proveedor sobre clínicas acuáticas a niños y jóvenes de residenciales públicos, en vez de un proceso de competencia.

Esa situación provocó pagos indebidos de $85,150 y se le impidió la oportunidad a otros proveedores de participar en el proceso de adquisición como lo establece el Manual de Adquisiciones. Estos pagos fueron efectuados con los fondos operacionales del US Department of Housing and Urban Development.

La Contraloría determinó que el administrador auxiliar del Área de Programas Comunales y de Residentes pudo incurrir en una posible violación de la Ley 1-2012. Este funcionario no era encargado de nombrar los servicios y participó activamente en el perfeccionamiento de la propuesta antes de presentarla a la Administración.

La situación se refirió el 4 de mayo de 2023, a la evaluación de la Oficina de Ética Gubernamental.

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021, la Administración de Vivienda Pública recibió $1,929,567,862 en fondos federales, $1,179,000 en asignaciones legislativas, y generó $263,601,107 en ingresos propios para un total de $2,194,347,969. Además, realizó desembolsos por $2,070,464,273, para un saldo de $123,883,696.

La auditoría le recomienda al Secretario de la Vivienda y al presidente de la Junta de Gobierno que cumpla con las recomendaciones del Informe y se corrijan y no se repitan las situaciones comentadas en el Hallazgo.