Ruthy Trenche Chávez fue declarada culpable de causar la muerte a dos jinetes y por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez de manera negligente y temeraria, informó el Departamento de Justicia.
Los occisos fueron identificados como José J. Díaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa. El accidente ocurrió el 23 de marzo de 2024 en la carretera PR-188, en Loíza, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
Trenche Chávez conducía una Toyota Tundra cuando se desvió hacia el paseo de la carretera PR-188 e impactó con la parte frontal de su vehículo a los jinetes y sus equinos.
Como parte de la evidencia, se presentó la prueba de aliento practicada por agentes tras el choque, la cual detectó un 0.15 % de alcohol en su sangre.
Díaz Serrano falleció en la escena. Mientras, Álvarez Sosa sufrió heridas de gravedad y murió días después mientras recibía tratamiento médico. La prueba también estableció que ambos utilizaban chalecos reflectores para aumentar su visibilidad durante la noche.
El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, la declaró culpable por los cargos:
- Violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
- ocasionar la muerte a dos personas.
- conducir un vehículo de motor de manera negligente y temeraria.
- Conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Sin embargo, el juez la encontró no culpable por la violación al artículo 7.06C de la Ley 22 del 2000 que imputa darle muerte a una persona conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Tampoco la encontró culpable por dos cargos de maltrato de animales, en virtud de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales de Puerto Rico, por provocarle la muerte a dos equinos, informó Justicia.
«La decisión de conducir bajo los efectos del alcohol puede destruir vidas en cuestión de segundos. Quien decide ingerir bebidas embriagantes y ponerse al volante sin tomar previamente las medidas necesarias para evitar conducir, aun conociendo el peligro que representa esa conducta, asume un riesgo completamente evitable que puede tener consecuencias irreparables. Cuando esa decisión cobra vidas, la justicia tiene el deber de responder con firmeza y hacer valer la ley», expresó la Secretaria de Justicia.
La investigación estuvo a cargo del agente Alexander H. Gaztambide Franco, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras.
