Un grupo de organizaciones denunció deficiencias en el proceso de revisión tarifaria al imponer una carga adicional a los clientes, así como dejar interrogantes sobre el trato que se dio a los comentarios públicos, informes técnicos y otros documentos que LUMA Energy pidió excluir.
Las organizaciones denunciaron que el Negociado de Energía redujo significativamente el aumento originalmente propuesto por LUMA Energy y Genera PR y que se evitó trasladar a los abonados el costo de proyectos de capital para los cuales existen fondos federales disponibles. Sin embargo, reiteraron que los elementos positivos no subsanan los demás problemas que trae la decisión.
Organizaciones:
- Comité Diálogo Ambiental, Inc.
- El Puente de Williamsburg, Inc.
- El Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Inc.
- CAMBIO PR, Inc.
- Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc.
- Earthjustice
“El Negociado decidió imponer un aumento tarifario en un contexto de alta carga energética, que promueve una vez más un modelo de sistema eléctrico dependiente de combustibles fósiles, responsables de acelerar el calentamiento del Planeta. Ese modelo además no mejora la confiabilidad del servicio ni a corto ni a largo plazo, y continúa trasladando costos a una población que ya enfrenta serias dificultades para pagar su factura de electricidad”, observó el grupo de seis entidades.
“Tenemos una preocupación muy particular por el diseño de la tarifa para las facturas de los clientes debido a que redistribuye costos y beneficios de forma desigual con un esquema que aplica un aumento del cargo fijo y una reducción del cargo por consumo”, expresaron en un comunicado.
Dijeron que, aunque ese esquema puede aliviar parcialmente a algunos clientes con consumo constante— como a las personas que dependen de equipos médicos —afecta negativamente a quienes han reducido su consumo como estrategia para manejar costos precisamente porque no pueden absorber mayores gastos fijos.
A la vez, las organizaciones señalaron que el Negociado no evaluó de manera crítica el manejo y uso eficiente de fondos por parte de LUMA Energy y Genera PR, ni lo costosa que ha resultado la privatización del sistema eléctrico. “Los aumentos adoptados por el Negociado la semana pasada pudieron haberse evitado o reducirse aún más si se hubiera hecho un uso prudente y eficiente de los fondos públicos ya disponibles”, puntualizaron.
Las organizaciones subrayaron que el propio Negociado reconoce en su decisión el riesgo de una “espiral de la muerte”, en la que aumentos sucesivos incentivan la reducción de consumo y la salida de abonados del sistema, concentrando costos cada vez mayores en menos personas. No obstante, señalaron que el Negociado no adoptó medidas estructurales para atender esa realidad, como las sugeridas en sus comentarios, entre ellas: la adopción de un Programa de pago como por ciento del ingreso, topes a la carga energética u otros mecanismos de protección para los hogares más vulnerables.
Mantuvieron su planteamiento original de que las propuestas de LUMA y Genera debieron ser rechazadas en su totalidad y que se desaprovechó nuevamente una oportunidad para encaminar un sistema energético más justo y basado en energía renovable distribuida.
Las organizaciones también denunciaron que la decisión final refleja una postura preocupante a favor de la expansión acelerada de generación basada en gas metano, impulsada por una narrativa de supuesta “emergencia de generación” promovida por New Fortress Energy y, por extensión, Genera PR. Recordaron que más de 170,000 abonados ya cuentan con sistemas solares en techos con almacenamiento y que alrededor de 4,000 nuevos sistemas se instalan cada mes, muchos de los cuales aportan energía a la red. Asimismo, advirtieron que el Negociado abordó de forma limitada los posibles conflictos de interés entre Genera PR y New Fortress Energy, y expresaron profunda preocupación ante la aprobación del presupuesto óptimo para manejo de vegetación y del programa Island Wide Vegetation Clearing, señalando que la tala masiva e indiscriminada observada bajo la operación de LUMA es inaceptable y puede reducirse sustancialmente mediante una transición ordenada hacia energía solar distribuida con almacenamiento, como propone Queremos Sol.
Sombras sobre la consideración de la participación ciudadana
Las organizaciones denunciaron graves fallas en el manejo de la participación ciudadana. Mencionaron que la decisión final del Negociado recoge únicamente los comentarios y ponencias presentados durante las vistas públicas celebradas en febrero. No obstante, la determinación no refleja ni explica el tratamiento otorgado a dos grupos de comentarios públicos e informes técnicos sometidos por las seis organizaciones oportunamente y conforme al proceso de participación pública establecido por la propia agencia.
Explicaron que en la decisión del Negociado no se encuentran el segundo grupo de comentarios sometidos el 6 de marzo de 2026, cuya exclusión fue solicitada por LUMA Energy, y tampoco un primer grupo que nunca fue objeto de exclusión.
Ante esta situación, hoy jueves enviaron una carta al Negociado solicitando que se aclare el tratamiento que dieron a los comentarios públicos e informes que se presentaron oportunamente, que se confirme si forman parte del expediente administrativo, y que se ordene su incorporación y publicación conforme a los principios de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información pública.
“La solicitud de LUMA fue un intento de imponer límites indebidos al contenido y alcance de la participación ciudadana, sin fundamento en la ley ni en los reglamentos aplicables porque no existe disposición legal alguna que restrinja la participación ciudadana a expresiones individuales o no técnicas ni que autorice la exclusión de comentarios públicos oportunamente sometidos conforme al proceso establecido por el propio Negociado”, advirtieron.
“La ausencia de estos comentarios en el resumen de comentarios públicos y la falta de claridad sobre su incorporación y consideración dentro del expediente administrativo electrónico plantean serias interrogantes sobre el alcance real de la participación ciudadana en el proceso deliberativo del Negociado en pleno, que conserva la autoridad decisional final sobre el caso”, argumentaron.
Las organizaciones señalaron, además, que la decisión final del Negociado reconoce una participación ciudadana amplia y significativa en el proceso, al identificar a 961 personas y organizaciones que sometieron comentarios o ponencias únicamente durante el período de vistas públicas celebrado a lo largo de cinco días. Afirmaron que, tomando en cuenta que el período formal de comentarios públicos se extendió del 1ro. de febrero al 6 de marzo, la magnitud real de la participación ciudadana debió haber sido aún mayor, en gran medida promovida por el trabajo de orientación y movilización realizado por estos grupos.
A su vez, destacaron que el Negociado reconoció el peso que tuvo esa amplia participación pública en su análisis, al poner de relieve preocupaciones generalizadas sobre la asequibilidad del servicio eléctrico, especialmente entre poblaciones de bajos ingresos y personas mayores, lo que contribuyó a que el organismo no avalara el aumento tarifario tal como fue presentado originalmente por LUMA y Genera y refuerza la importancia de una participación pública real y significativa en procesos de alto impacto para el País.
