Tres organizaciones de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pidieron hoy -viernes- que la investigación sobre posibles actos de sabotaje incluya decisiones gerenciales, contratistas, protocolos operacionales y manejo de instalaciones críticas.
“Cualquier situación que pueda comprometer una instalación crítica de la AAA debe investigarse con todo el rigor que amerita”, expresaron las organizaciones en declaraciones escritas.
La petición fue suscrita por:
- Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA (AEG-AAA)
- Unión Independiente Auténtica (UIA)
- Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA)
El reclamo surge luego de expresiones de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre incidentes reportados en instalaciones de la AAA, entre ellas la planta de Canóvanas y la estación de bombas de Loíza Valley.
Según las organizaciones, la pesquisa debe examinar:
- Quién autorizó trabajos?
- Quién supervisó labores?
- Qué contratistas participaron?
- Qué protocolos se activaron?
- Qué información recibió la alta gerencia?
- Cómo se atendieron los riesgos operacionales?
“Sin embargo, esa investigación no puede convertirse en una narrativa injusta contra empleados de carrera que por décadas han sostenido el sistema de agua potable del país”, añadieron.
Las entidades respaldaron una investigación formal, pero reclamaron que cualquier persona que haya ofrecido información sobre alegados actos de sabotaje sea citada para aportar evidencia, nombres, fechas, lugares y detalles.
“Si hubo actos indebidos, deben investigarse y adjudicarse responsabilidades conforme a la ley”, sostuvieron.
También plantearon que no se debe afectar la reputación de servidores públicos que han trabajado en la AAA durante huracanes, tormentas, terremotos, sequías, pandemias y emergencias operacionales.
A juicio de las organizaciones, la investigación debe incluir asuntos estructurales como mantenimiento de infraestructura, planificación operacional, disponibilidad de equipo, supervisión de contratistas y participación del personal técnico, profesional y gerencial de carrera en decisiones de la corporación pública.
“Puerto Rico necesita hechos, evidencia y acciones correctivas. La solución no puede ser culpar al empleado de carrera cada vez que ocurre una crisis”, indicaron.
Los grupos señalaron que operadores de plantas de filtración suelen residir en las comunidades a las que sirven, por lo que rechazaron insinuaciones generales de que empleados puedan afectar un servicio que también reciben sus familias y vecinos.
AEG-AAA, UIA y HIEPAAA reiteraron su disposición a colaborar con cualquier investigación local o federal dirigida a proteger la seguridad operacional de la AAA y la continuidad del servicio de agua potable.
