Un grupo de representantes del Partido Popular Democrático (PPD) solicitó el inicio inmediato de una investigación sobre el funcionamiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, luego de que trascendiera que el principal sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro, en Caguas, se encontraba en libertad bajo palabra pese a cumplir una sentencia de 167 años de prisión.
Las representantes Sol Higgins Cuadrado, Swanny Vargas Laureano, Lillibeth Vargas Rosas, Gretchen Hau y Estrella Martínez solicitaron a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes que activen de forma urgente la investigación ordenada mediante la Resolución de la Cámara 657, aprobada de manera unánime el pasado 19 de marzo de 2026.
La petición surge tras el caso de Carlos Manuel Estefano Espino, quien figura como sospechoso del asesinato de Torres Castro y que, según las legisladoras, disfrutaba del beneficio de libertad bajo palabra desde 2018, a pesar de haber sido sentenciado a 167 años de prisión por delitos de feminicidio, violación, sodomía y robo. Además, señalaron que el convicto no aparecía inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico.
Las representantes reclamaron que la investigación incluya una auditoría para determinar cuántos otros convictos por delitos violentos con largas sentencias permanecen en la libre comunidad bajo libertad bajo palabra y si reciben la supervisión correspondiente.
Asimismo, solicitaron que se investiguen las razones por las cuales Estefano Espino no figuraba en el Registro de Ofensores Sexuales y que se determine si existen otros ofensores sexuales en circunstancias similares.
El grupo legislativo también pidió que se examinen los criterios utilizados por la Junta de Libertad Bajo Palabra para conceder este beneficio, particularmente en casos relacionados con violencia de género y feminicidio, además de identificar posibles vacíos legales que permitieron la excarcelación del convicto y proponer medidas legislativas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
«¿Cómo es posible que una persona convicta de feminicidio, violación y sodomía, con una sentencia de 167 años, esté libre sin supervisión alguna y fuera del registro de ofensores sexuales? Eso no es un error administrativo, es un fallo sistémico que le costó la vida a una mujer. No podemos seguir hablando de seguridad pública sin hablar de seguridad para las mujeres. Exigimos que ambas comisiones actúen con la urgencia que este caso demanda», expresaron las representantes en declaraciones escritas.
Las legisladoras recordaron que la Resolución de la Cámara 657 ordena una investigación exhaustiva sobre los procesos administrativos de la Junta de Libertad Bajo Palabra, el volumen de casos pendientes y los criterios utilizados para conceder el beneficio a personas convictas por delitos violentos.
Sin embargo, señalaron que, pese a haber sido aprobada hace más de tres meses, la pesquisa aún no ha comenzado formalmente.
«Una mujer muerta es demasiado. Un sistema roto es inaceptable. Una Legislatura que no actúa es cómplice», concluyeron las representantes del PPD.
