El Partido Independentista Puertorriqueño radicó dos medidas que buscan cancelar el contrato de GeneraPR e investigar el supuesto plan del Gobierno para sustituir el carbón de AES por gas natural.
Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 390 para la terminación inmediata del contrato con Genera PR debido a la quiebra de New Fortress Energy Inc, y se inicie el proceso ordenado de transición.
También presentaron la Resolución Conjunta 780 para realizar una investigación sobre la operación presente y futura de la planta de generación eléctrica a base de carbón de AES y la compatibilidad entre las gestiones realizadas por el Gobierno para convertir dicha instalación a gas natural.
“La continuación del contrato con Genera representa un riesgo para los intereses del pueblo puertorriqueño. La quiebra de New Fortress evidencia que ya no cuenta con la solidez financiera exigida para ser el garantizador de su subsidiaria y tiene serias implicaciones. La importancia de la seguridad financiera del garantizador es esencial para salvaguardar el interés público”, expresó el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón.
Según el legislador, el acuerdo con Genera PR es y siempre fue contrario al interés público. Primero, porque el garantizador de Genera PR ya no cumple con el requisito esencial de solidez financiera que le permitiría proveerle el apoyo financiero que requiere para cumplir con las obligaciones contractuales de su subsidiaria. Segundo, porque contrario a la Autoridad de Energía Eléctrica, la empresa matriz dueña y garantizadora de Genera PR tiene como estrategia principal de negocios la consolidación de contratos a largo plazo de suplido y servicios para la compra de gas.
“Genera PR propone soluciones y administra el sistema de generación eléctrica en función de los intereses económicos de su matriz y garantizador. Fue también quien propuso la adquisición de generación temporera con combustibles fósiles, principalmente gas natural. Esta insistencia en mantener y ampliar la dependencia de combustibles fósiles resulta particularmente preocupante en el caso de AES, que representa una amenaza ambiental y de salud pública para las comunidades. Mientras se sostiene que AES será convertida próximamente a gas natural, la empresa gestiona fondos federales para modernizar y extender la operación de su instalación de generación a base de carbón”, añadió el portavoz pipiolo.
El Representante informó que, el pasado viernes, 15 de agosto, junto a la portavoz alterna, Adriana Gutiérrez Colón, enviaron una misiva al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, solicitando la celebración de vistas públicas para investigar los procesos relacionados con los contratos para la compra de energía a Power Expectations y otras compañías. En la misma, expresaron que más allá de las alegaciones de tipo criminal por el alegado fraude, esta situación expone serias fallas sistémicas en los procesos de autorización, evaluación y otorgación de contratos de energía por parte de la AAPP, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ameritan ser evaluadas rigurosamente.
“El país ha sido testigo y víctima de una cadena de eventos desafortunados desde que el bipartidismo destruyó nuestro sistema eléctrico para luego justificar su entrega al sector privado. Peor servicio, mayor frecuencia y duración de apagones y la tarifa eléctrica cada vez más cara”, manifestó por su parte el portavoz alterno en el Senado, Adrián González Costa.
El senador pipiolo añadió que resulta necesario determinar quién asumirá los aproximadamente $655.4 millones del costo del proyecto que no estarían cubiertos por los fondos potencialmente aportados por el Departamento de Energía (DOE), y si alguna parte de ese financiamiento podría recaer directa o indirectamente sobre el sistema eléctrico, la Autoridad de Energía Eléctrica o los abonados.
Los legisladores insistieron en la aprobación del Proyecto de la Cámara 797, de la autoría de la delegación del PIP, para devolver el poder y el control del sistema eléctrico al pueblo de Puerto Rico, con participación ciudadana y un sistema de gobernanza reformado.
