Por Miguel Díaz Román
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En una agresiva y contundente reacción, la Secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, sostuvo que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no entendió el informe que acompañó el referido sobre el caso del “chat” de Telegram y señaló que le corresponde a los Fiscales Especiales Independientes realizar una investigación a fondo de los hechos para lograr el procesamiento de los casos en los tribunales y obtener la determinación de causa para arresto contra los imputados.
Longo Quiñones indicó que el PFEI “malinterpreta los roles establecidos por la Ley en las dos agencias” y advierte que le corresponde al FEI “investigar, identificar los delitos y radicar los cargos. Nos reiteramos en que la investigación preliminar del Departamento de Justicia superó por mucho el quantum de prueba necesario para apoyar las recomendaciones de nombramiento de un FEI”.
La inesperada y airada reacción de Longo Quiñones surge luego de que el PFEI determinara asignar un FEI contra ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares y otros cinco participantes de chat de Telegram, basado en el contenido de cinco declaraciones juradas porque Justicia no envió prueba suficiente para probar los cargos que el referido le imputó a los exfuncionarios. Estos son Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona Amilivia, Ramón Rosario Cortés, Edwin Miranda Reyes y Elías Sánchez Sifonte.
Incluso por falta de prueba el PFEI desistió incluir en la asignación del FEI a los exsecretarios Luis Rivera Marín, Raúl Maldonado Gautier, Ricardo Llerandi Cruz, y a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame Acosta. El PFEI también determinó que no existe evidencia alguna para investigar a Ia exsecretaria de prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, a la directora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez y al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
El PFEI también indicó que por muy reprochable que sea el contenido de “chat” no existe evidencia suficiente para recomendar el nombramiento de FEI en relación con las expresiones que realizaron los exfuncionarios en esa red social.
La secretaria de Justicia reiteró que la investigación que acompañó el referido fue amplia y detalló minuciosamente crímenes de cuello blanco, que “se comprenden mediante un análisis puntilloso y complejo de toda la prueba, directa y circunstancial”. La funcionaria también dijo en su respuesta que Justicia retomará la investigación contra los contratistas y contra los exfuncionarios que no fueron incluídos en la asignación del FEI por el PFEI.
En un giro irónico Longo Quiñones sostuvo en su respuesta que “el análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere aprender a hilvanar finito y a atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes. Se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense, y la utilización y el examen de prueba digital para probar casos con prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa. Creíamos que los fiscales del PFEI tenían dicha capacidad y estaban preparados para agresivamente atender los delitos que se le identificaron para investigación. Las conclusiones de la Resolución evidencian que parecen no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”.
La secretaria también indicó que la investigación de Justicia incluyó 61 requerimientos de información y documentos, 15 entrevistas y 46 citaciones a múltiples testigos entre los que figura la alcaldea de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el ex monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.
Longo Quiñones insistió en que prueba recopilada corrobora las declaraciones juradas y revela que contra todos los participantes de chat existe causa suficiente para creer que han cometido delito.
También se mostró sorprendida con la determinación del PFEI de no ir en alzada al Tribunal Supremo con respecto a la conducta temeraria de Edwin Miranda y Elías Sánchez, quienes se negaron a entregar sus teléfonos celulares a Justicia. El Tribunal de Apelaciones concluyó el pasado mes de diciembre que Justicia había errado en su método para lograr acceso a los teléfonos de Sifonte y Miranda Reyes.
“Resulta sorprendente pensar que los Fiscales Especiales Independientes son incapaces de llevar una investigación al unísono de someter y preparar escritos apelativos. Nuestros fiscales frecuentemente llevan cargas de trabajo que requieren que manejen múltiples casos complejos en distintas etapas procesales. Como dice el refrán pueblerino, Un buen abogado es capaz de caminar y masticar chicle a la misma vez”, señaló la secretaria.
Longo Quiñones también lamentó que la ley habilitadora del FEI le impide a Justicia solicitar una revisión de las decisiones del PFEI y agregá que cuando el FEI emita su informe final incluya el informe de Justicia para que el país “pueda pasar juicio sobre la determinación tomada por el PFEI”.
Para destacar que la responsabilidad de investigar a fondo recae en el FEI y no en Justicia, Longo Quiñones sostuvo que la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, le solicitó que “limitáramos la toma de declaraciones juradas, ya que es el FEI asignado al caso al que le corresponde levantar el expediente en su totalidad”.
La secretaria indicó que las expresiones del PFEI son injustas, improcedentes e innecesarias y acusa al organismo de menoscabar el trabajo realizado por los funcionarios de Justicia en cumplimiento con sus deberes ministeriales.
“En un país donde la corrupción es una gran preocupación para la ciudadanía, menoscabar la gestión del Departamento de Justicia lo que puede hacer es promover un sentido de impunidad por parte de los que cometen delitos contra el Pueblo”, sostuvo la secretaria.
En reacción a lo expresado por Longo Quiñones, el PFEI emitió una escueta declaración en la que alega que la formación de judicial de los miembros del panel “nos obliga a ignorar ataques subjetivos que se hacen contra una institución que fue creada con el único propósito de combalir la corrupción”.
Y concluye que “ninguna expresión invalida el análisis que, en estricto derecho, hiciera el Panel de forma colegiada.En este momento el Panel sobre el Fiscal Especial independiente no hará mayores expresiones sobre lo manifestado por la Secretaria de Justicia en tomo a este caso”.
