Por Redacción Es Noticia
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El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión Especial que investiga la respuesta del gobierno a la emergencia provocada por los sismos ocurridos en el suroeste, sostuvo ayer que varios miembros del gabinete de la gobernadora Wanda Vázquez Garced le ocultaron información a la Cámara de Representantes y anticipó que serán referidos a los departamentos de Justica local y federal.
“Lamento mucho que mi administración no sea transparente y haya atendido este asunto de la forma en que lo están atendiendo. Yo no voy a adjudicar todavía quién miente, pero aquí jugaron con la verdad y ellos aquí estaban bajo juramento. Aquí no vamos a permitir que ningún funcionario, ni la secretaria de Justicia, ni el comisionado del Negociado del Negociado de Investigaciones Especiales ni el secretario del Departamento de la Familia, ni el secretario de Vivienda, ni el nominado secretario de Estado ni nadie le oculte información a esta comisión”, dijo Rodríguez Aguiló al culminar una vista pública sobre el manejo de los suministros durante la emergencia de los terremotos en el sur- suroeste.
“Es indignante nosotros tener información en nuestro poder que no fue provista por el Departamento de Seguridad Pública, se nos escondió información”, añadió.
Según Rodríguez Aguiló, en el informe preliminar que realizará la Comisión Especial habrá referidos.
“Vamos a revisar detenidamente todos los testimonios y en el primer informe parcial vamos a hacer los señalamientos correspondientes y haremos los referidos correspondientes. Aquí hay suministros que son costeados con fondos federales, aquí hay propiedad del gobierno federal y hay propiedad del gobierno estatal. Así que hay jurisdicción del gobierno estatal y federal que nosotros podemos referir a los funcionarios a las agencias concernidas”, sostuvo el legislador.
A la vista pública comparecieron Joel Figueroa, director de operaciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Luis Cruz Ramírez, encargado de operaciones y logística del negociado.
Ambos alegaron que no tenían ningún control sobre el manejo que se le dio al almacén del negociado en Ponce. Cruz Ramírez alegó que esa facultad le fue retirada por el destituido comisionado Carlos Acevedo Caballero en agosto de 2018, cuando se le ordenó darle la llave del almacén de Ponce a Luis Guillermo Torres Negrón, director de zona.
Por esa razón le radicó una querella a Acevedo por despojo de funciones, que al momento no se ha adjudicado. Alegó que durante las emergencias las funciones que ejercía desde San Juan era canalizar las solicitudes y entregas de suministros, que salían desde Cabo Rojo o desde el almacén del Departamento de Educación que también ubica en Ponce.
Torres Negrón no compareció a la vista, a pesar de que fue citado y no ofreció ninguna razón para no llegar. Será citado a través del Tribunal, adelantó el representante Rodríguez Aguiló.
En el caso de Figueroa- quien llegó en destaque desde el Cuerpo de Bomberos a la posición en Manejo de Emergencias a solicitud de Acevedo Caballero- insistió en que del almacén de Ponce se sacaban suministros con regularidad. Insistió en que el almacén en el momento en que salió a relucir la existencia del mismo estaba abierto, porque estaban sacando poco a poco el inventario, dado a que la estructura tenía daños como consecuencia de la actividad sísmica.
En la vista salió a relucir que en dos ocasiones funcionarios supuestamente adscritos a La Fortaleza fueron a Ponce a buscar equipo.
Cuestionado sobre si con la información recibida al momento se justificada la destitución de Acevedo Caballero, Rodríguez Aguiló contestó que “la gobernadora tiene la facultad para despedir a Carlos Acevedo. Pero si la justificación para despedir a Carlos Acevedo fue que ocultó el almacén de Ponce, ya podemos ver que eso no es cierto. Si ella o alguien en Fortaleza dijo eso, no están diciendo lo correcto”.
