Por Redacción Es Noticias
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que inició una investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced, deberá atender una solicitud de la mandataria realizada ayer para que se desestime el caso que se le imputa por supuestas violaciones al Código Anticorrupción.
La solicitud coincidió con una intervención en el Departamento de Justicia por fiscales del PFEI, que duró casi seis horas, relacionada, presuntamente, con la filtración de un informe sobre la pesquisa que también involucra a la senadora novoprogresista Evelyn Vázquez, a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones; al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón y a otros funcionarios, según informó el periódico El Vocero.
El caso se relaciona al manejo político partidista de suministros de la Adsef para damnificados por los sismos en el suroeste de la Isla a principios de año.
El abogado de la gobernadora, Edgar Vega Pabón, radicó una moción en la que afirma que de la resolución emitida por el PFEI sobre el caso, no surge que la abogada Ygrí Rivera, miembro del panel, haya sido convocada a la reunión en la que se discutió el informe referido por Justicia durante la dirección de Denisse Longo Quiñones.
Vega Pabón expuso que la Ley 2 de 1988 sobre el PFEI requiere que los tres miembros del panel tomen sus decisiones colegiadamente y por mayoría simple. Detalló que como único tienen autoridad para elegir unánimemente dos de sus miembros es en caso de inhibición y que no haya un juez alterno que sustituya al miembro que se inhiba. Además, mencionó que si la licenciada Rivera fue convocada y se inhibió del proceso, así debería surgir de la resolución.
Igualmente, estableció que en un cuerpo colegiado de tres integrantes como lo es el PFEI, no puede obviarse livianamente a uno de sus componentes como si no existiera y tomarse una decisión únicamente por dos de sus miembros.
Además, la moción establece que la hija de uno de los miembros del PFEI, Rubén Vélez Torres, es activista política del contrincante de Vázquez en las primarias, Pedro Pierluisi. También señala que Vélez es seguidor de Pierluisi en las redes sociales, por lo que solicitó su inhibición del caso. Esto, según la defensa de Vázquez, “crea una apariencia de conflicto de intereses cuando se evalúa en el contexto de la contienda primarista”.
Al mismo tiempo, la moción sugiere que fue el propio PFEI el que distribuyó a la prensa el informe que debió ser confidencial. Además, reitera que prescindir de un secretario —en referencia a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar— es una prerrogativa constitucional.
De hecho, fue Andújar quien pidió a Familia que iniciara una investigación por el manejo de los suministros bajo criterios político partidistas, pero poco después Vázquez la despidió, y por ello es que se le investiga.
Hermética intervención en Justicia
Los fiscales y agentes del PFEI que realizaron el allanamiento en la sede de Justicia, ubicada en Hato Rey, abandonaron el lugar sin emitir declaraciones sobre las razones que motivaron el requerimiento de información en esta agencia. La secretaria interina de Justicia, Inés Carrau Martínez, también fue cautelosa al comentar sobre la intervención que comenzó a las 10:50 a.m. y concluyó a las 5:12 de la tarde de ayer.
Carrau Martínez dijo que el PFEI acudió a justicia con “un requerimiento” que no especificó. “Atendimos su solicitud. Sin embargo, estamos impedidos de revelar cualquier información sobre esa visita, ya que se trata de un asunto confidencial bajo la jurisdicción de esa oficina”, expresó la funcionaria.
El allanamiento fue encabezado por el fiscal Miguel Colón Ortiz, uno de los fiscales a cargo del caso contra la gobernadora. Además de Colón Ortiz, había en Justicia tres agentes y otro fiscal cuyo nombre no fue confirmado.
Estos abandonaron el edificio tras huir de un grupo de periodistas y subirse a una camioneta localizada lejos de la salida principal de Justicia. No obstante, la camioneta se veía llena de artículos no precisados, en el baúl. Hasta el momento se desconoce si se llevaron documentos o aparatos tecnológicos de la agencia.
Ayer en la mañana el portavoz de prensa del PFEI, Luis de la Cruz, dijo que los fiscales y los agentes de esa institución acudieron a Justicia para manejar la filtración del informe que detalla que la gobernadora pudo haber violado el Código Anticorrupción tras haber despedido a Andújar. Al resto de los funcionarios los señala por posibles violaciones al Código Anticorrupción, al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental.
