Por Redacción Es Noticia
Debido al alto número de casos por violencia de género reportados en Puerto Rico, Lersy Boria Vizcarrondo, procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), exigió que las agencias gubernamentales dejaran a un lado sus agendas partidistas y se unieran para frenar este mal social.
“La violencia es un problema social que nos aqueja a todos. No se erradica con un tuit, con una conferencia de prensa, debate político o incluso con legislación que se queda en el papel sin asignación de fondos para poder implementarla. Por un lado, contamos a las mujeres y le damos el único valor de un número; por el otro, analizamos y transmitimos un mensaje misógino. Para comprometernos verdaderamente, tenemos que allegar fondos, invertir en los niños y niñas, las mujeres y sus familias”, puntualizó.
Boria Vizcarrondo reiteró que es menester que las legislaciones y el estado de emergencias que aún está por aprobarse por la gobernadora Wanda Vázquez Garced incluyan fondos para su implementación.
La OPM ha solicitado al gobierno central y a la Junta de Supervisión Fiscal un aumento de presupuesto, ya que desde el 2016 la oficina ha tenido una reducción de presupuesto de aproximadamente $1 millón.
Por lo tanto, Boria Vizcarrondo señaló que apoya cualquier medida que asigne fondos recurrentes para mejorar el servicio a las víctimas sobrevivientes de agresión sexual, acecho y trata humana, violencia doméstica o en el lugar de trabajo, lactancia, así como víctimas secundarias.
Según Feminicidio PR, red social que informa sobre crímenes violencia de género, reportó que en el 2020 se han asesinado a 30 mujeres.
Medidas que ayudarán a las mujeres
La OPM busca la colaboración de agencias gubernamentales, en especial para que se apruebe el adiestramiento especializado a fiscales en temas relacionados al manejo efectivo de temas de violencia doméstica y agresión sexual, alternativas de fondos para el análisis de “safe kits” sin analizar y la revisión de protocolos para el manejo de casos de violencia doméstica, violencia de género y agresión sexual en todas las agencias, particularmente en el Departamento de la Familia.
Además, aboga para que se brinden adiestramientos a trabajadores sociales y personal que trabaja con mujeres víctimas de abuso y sus hijos e hijas. También, que se implemente estadísticas de incidencia de violencia de género en las escuelas, las cuales actualmente se identifican de forma general como “actos de violencia”.
Por otra parte, indica que es necesario el apoyo de parte de la Policía de Puerto Rico para identificar y manejar agentes con historial de agresión y violencia doméstica y el ofrecimiento de talleres a los agentes estatales y municipales sobre la Ley 59.
Del mismo modo, entiende que se deberá adiestrar a personal de los agentes administradores de los residenciales, quienes ofrecen servicios directos a los residentes en manejo de casos de violencia doméstica, agresión sexual y órdenes de protección, así como la disponibilidad de albergues o programas residenciales para tratar condiciones de salud mental para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia.
Por otro lado, propone revisar los protocolos de seguridad en los refugios en casos de emergencia, elaborar guías para la distribución de fondos CDBG-DR que incluyan de forma prioritaria a las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia y a sus hijos e hijas y revisar protocolos de servicios de vivienda para las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia.
Se recabó también la colaboración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en el Plan de Prevención y Manejo de Violencia Doméstica a nivel isla, la provisión de las estadísticas de la Línea PAS sobre casos relacionados a violencia doméstica, de género y agresión sexual y validar los servicios de salud mental disponibles para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia, sus hijos y familia.
En cuanto al Departamento de Salud, se insta a contar con albergues preparados para casos de COVID-19 con pruebas serológicas y moleculares, visitas y reuniones para identificar las necesidades de albergues para mujeres sobrevivientes de violencia y su familia al igual que otras poblaciones vulnerables y el establecimiento de coaliciones y otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan asuntos que competen a las mujeres.
Sobre todo, se solicita la colaboración interagencial con el fin de diseñar acciones concertadas que respondan a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes de violencia, campañas informativas sobre líneas de prevención y campañas educativas en esfuerzo colaborativo para educar sobre las manifestaciones de la violencia en las relaciones.
Asimismo, busca apoyo para el fortalecimiento de las unidades que trabajan delitos de agresión sexual y violencia de género, la revisión de protocolos y acciones relacionadas a la atención de casos de violencia doméstica y agresión sexual y adiestramientos y programas de apoyo dirigidos a temas de resiliencia, sensibilización ante la violencia de género, manejo de emociones, estrés y conductas agresivas en los oficiales y supervisores.
Por último, insta a establecer acuerdos colaborativos para una campaña de educación que apele a todos los sectores de la población, en conjunto con diversas organizaciones, agencias y medios de información. Igualmente, implementar el proyecto de escuelas coeducativas en una mayor cantidad de escuelas para eventualmente hacerlo extensivo a todo el sistema, fortalecer y ampliar los trabajos del Departamento de Educación para prevenir la violencia en el noviazgo en las escuelas que incluye el diseño y la divulgación de una guía para la elaboración de protocolos de prevención y manejo de violencia de parejas jóvenes en el contexto escolar.
“Somos conscientes de que continuamos sobrellevando una crisis fiscal que trastoca todos los servicios que ofrece el gobierno. De nuestra parte, estamos esforzándonos en la mayor medida posible para hacer uso sabio de los fondos provistos, pero es importante no continuar escatimando en la lucha contra la violencia de género. Permanezco a la disposición de todo funcionario público y agencia para encontrar las mejores soluciones en favor de nuestras mujeres”, añadió.
Trabajo de la OPM
La OPM ha sufrido una reducción de un 70% de personal y de fondos durante los pasados años. Para el 2009, la oficina contaba con 56 empleados. Sin embargo, a partir del 2019 solo cuenta con 17 empleados de carrera.
A pesar de la reducción significativa, las orientaciones presenciales aumentaron un 88% y las telefónicas a través del Centro de Respuesta Integrada (CRIAS) a un 110%. Mientras, los casos atendidos en la división legal de la OPM aumentaron un 73%.
En fin, se han efectuado reuniones con organizaciones sin fines de lucro para atender y responder a sus necesidades y establecer acuerdos de colaboración en iniciativas que aporten a la erradicación de la violencia de género.
“Una muerte es más que suficiente para continuar trabajando con la urgencia que amerita. Eduquémonos, no normalicemos la violencia, implementemos, no nos conformemos con alarmarnos cuando se realiza el acto más macabro y último que se puede llevar a cabo contra una mujer. Arranquemos esto de raíz. Basta ya”, reiteró.
