Por Laura N. Pérez Sánchez | Centro de Periodismo Investigativo
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Un programa federal para enlazar a los damnificados del huracán María con las ayudas que necesitan dejó contratos millonarios para organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría de Estados Unidos, y decepción entre quienes creyeron que al fin superarían la crisis en la que quedaron tras el desastre.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) anunció en el verano de 2018 un programa de manejo de casos, el Disaster Case Management Program, y proveyó más de $70 millonesen subvenciones para nueve organizaciones sin fines de lucro que debían trabajar mano a mano con los sobrevivientes para elaborar un plan de recuperación y llevarlo a término.
Pero una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que, pese al ingente gasto de fondos públicos, prácticamente la mitad de los casos que se abrieron no completaron el proceso, hubo duplicidad de trabajo y, aunque trajo buenos salarios para quienes laboraron durante el año y medio que duró, el programa cerró y muchos damnificados seguían con las mismas necesidades que cuando comenzó.
Como Mercedes Milagros Peña, quien en junio de 2019 esperaba por que se materializara la promesa de ayuda que recibió de una manejadora de casos. Esa asistencia para reparar su casa en el sector Villa Hugo II de Canóvanas nunca llegó. Milagros, como la conocían sus vecinos, murió este verano de un ataque al corazón. Tenía 62 años.
El Disaster Case Management Program no fue un invento de FEMA para la respuesta al desastre en Puerto Rico. La agencia federal ha manejado casos posdesastre desde la década de 1980, aunque fue en 2009, para atender la crisis de años que enfrentaban los sobrevivientes de los huracanes Katrina y Rita, cuando implementó un programa piloto dedicado exclusivamente al manejo de casos de damnificados.
La idea del manejo de casos es un concepto que surge del trabajo social para ofrecer acompañamiento y asistencia directa y personalizada para los sobrevivientes del desastre debido a lo difícil y abrumador que puede ser, para una persona que sufrió un trauma, navegar la burocracia gubernamental y encontrar alternativas para subsanar las pérdidas por el huracán.
En el pasado, FEMA asignaba los fondos para manejo de casos a los gobiernos locales o el programa se ejecutaba mediante alianzas entre agencias gubernamentales, pero, en Puerto Rico, la agencia federal decidió por primera vez que, en lugar del Estado, serían las organizaciones sin fines de lucro las que ofrecerían estos servicios, y asignó $70 millones para esta gestión.
Cuando FEMA y las organizaciones escogidas firmaron los acuerdos para iniciar el programa de manejo de casos, en agosto de 2018, en casa de Mercedes Milagros Peña quedaban muchas cosas pendientes. FEMA le había concedido asistencia económica para reparaciones y para reemplazar los bienes personales que le dañó el huracán. Pero los $1,709 de dólares que la agencia le aprobó tras casi un año de trámites, varias denegaciones y sus correspondientes apelaciones, eran mucho menos de los $10,500 que le había cotizado un contratista para repararle la casa, que la lluvia de María inundó luego de que el viento arrancara de cuajo las ventanas del cuarto.
Una tarde de junio de 2019, sentada en la sala de su casa aún destartalada, amueblada con un sofacito de dos plazas, donde dormía; varios enseres que compró con el dinero que le envió FEMA y con las marcas de la inundación aún visibles, Peña reconoció que estaba agotada, que por momentos perdía la esperanza de volver a “vivir como la gente”.
Peña, quien tenía ingresos mensuales de $224 y así lo reportó al gobierno federal, había decidido apelar la decisión de FEMA por segunda vez. Pero recibió, a principios de 2019, una llamada de una mujer que se identificó como de la organización San Vicente de Paúl y que le dijo que desistiera de sus reclamos al Gobierno de Estados Unidos porque ella le daría la ayuda que necesitaba.
“Cuando yo iba a apelar [la denegación de ayuda adicional de FEMA], que yo iba a conseguir los papeles que los abogados me dijeron, la muchacha me llamó —una de San Vicente de Paúl, que ahora están dando como una ayuda— y me dijo: ‘no apele, que nosotros vamos para allá’”, dijo.
Lo que Peña no supo al recibir esa llamada y visitas posteriores a su casa que terminaron en nada era que las personas que se identificaron como de San Vicente de Paúl trabajaban en realidad para Disaster Services Corporation, una de las nueve organizaciones que recibieron fondos de FEMA para implementar el programa de manejo de casos, mediante el que debían facilitar el acceso de los sobrevivientes a asistencia legal, psicológica o espiritual y a cualquier donativo o servicio gubernamental disponible para reparar los daños que ocasionó el huracán.
Disaster Services Corporation es una organización con sede en Texas, que surgió de la entidad filantrópica estadounidense Society of St. Vincent de Paul y que se incorporó como una sin fines de lucro independiente en febrero de 2017, siete meses antes de que los huracanes Irma y María provocaran daños en sobre 870,000 viviendas ocupadas en Puerto Rico. Un año y medio después, en agosto de 2018, FEMA le aprobó a Disaster Services Corporation una subvención de $11.6 millones de dólares para ofrecer servicios de manejo de casos en Puerto Rico. Ese mismo mes, se incorporó aquí como corporación foránea.
Según la solicitud de propuestas que publicó FEMA para el Disaster Case Management Program, serían elegibles para estas subvenciones las entidades sin fines de lucro con experiencia previa en manejo de casos y que tuvieran presencia en la isla o conexiones con organizaciones aquí.
“Se recibieron propuestas de 11 organizaciones —dos de las cuales estaban incompletas y, por lo cual, no se consideraron—, e inicialmente se otorgó el beneficio o el grant [la subvención] a las nueve organizaciones que solicitaron”, dijo Anthony Vargas, supervisor del grupo de servicios comunitarios de FEMA en Puerto Rico, a cargo del programa.
Disaster Services Corporation, una de las nueve organizaciones seleccionadas, propuso en su solicitud ofrecer los servicios de manejo de casos en 21 municipios de Puerto Rico, en los que, según datos de FEMA, había 209,696 personas registradas como damnificadas del huracán María y, de ellas, al menos 10,484 necesitarían los servicios de 300 manejadores de caso, a razón de un manejador por cada 35 “clientes”.
Disaster Services Corporation, que no tiene oficina propia, sino que ofrece como la dirección de su sede la de un espacio de cotrabajo o co-working en Irving, Texas, tampoco tenía presencia en la isla. Sí tenía un vínculo reciente con el capítulo local de la Sociedad San Vicente de Paúl, una organización católica, pero no vinculada a la iglesia, que realiza trabajo filantrópico en Puerto Rico y que se incorporó en el Departamento de Estado como sin fines de lucro el 18 de septiembre de 2017, entre los huracanes Irma y María.
El Consejo Central San Vicente de Paúl de Puerto Rico y la Society of St. Vincent de Paul de Estados Unidos —que fundó Disaster Services Corporation, con la que mantiene un vínculo de colaboración— son entidades independientes, pero relacionadas como “familia vicentina”, la manera en que se reconocen entre sí las organizaciones del mundo que se adhieren a una tradición filantrópica de laicos católicos fundada en Francia en el Siglo 19 y que hoy en día rige un consejo internacional.
El presidente del Consejo Central de los vicentinos en Puerto Rico, William Rodríguez Maldonado, dijo que su organización lleva más de un siglo en Puerto Rico y que estableció contacto con Disaster Services Corporation —que también usa indistintamente el nombre St. Vincent de Paul— justo después del huracán Irma, que destrozó varias islas del Caribe y ocasionó daños importantes en el este de Puerto Rico, dos semanas antes de que llegara María. En ese momento, trataron de coordinar el envío de suministros de parte de Disaster Services Corporation a las islas vecinas, pero esto nunca se concretó, dijo Rodríguez Maldonado.
Tras el huracán María y su destrucción histórica en Puerto Rico, la principal oficial ejecutiva de Disaster Services Corporation, Elizabeth Disco-Shearer, puso a Rodríguez Maldonado en contacto con la organización de exmilitares Team Rubicon, con la que los vicentinos de Puerto Rico establecieron una alianza para instalar 500 techos, unos 100 de ellos en el barrio San Isidro de Canóvanas, según datos provistos por Rodríguez Maldonado.
Así que, en Las Villas ―como se conoce en Canóvanas a los sectores Villa Hugo I, Villa Hugo II y Valle Hill, todos en San Isidro―, San Vicente de Paúl ya era una organización conocida.
Por eso, cuando otros vecinos, además de Mercedes Milagros Peña, escucharon que San Vicente de Paúl atendería sus necesidades, creyeron que esa vez sí lograrían terminar el suplicio de trámites y, en muchos casos, de falta de un techo seguro, en el que llevaban desde el 20 de septiembre de 2017.
Esas eran las esperanzas de Daisy Morel de Peña, quien estuvo por meses en comunicación con un manejador de casos de Disaster Services Corporation llamado Javier Otero. Morel de Peña relató, en múltiples entrevistas realizadas entre junio de 2019 y febrero de 2020, que Otero la llamaba y le escribía para preguntarle cómo estaba y decirle que intentaba buscarle solución a su caso. Pero, a principios de 2020, dejó de saber de él y Otero ya no volvió a responderle las llamadas ni los mensajes de texto.
Morel de Peña vive junto a su nieta en una casa a la entrada del barrio San Isidro que consiguió mediante un alquiler subvencionado, con ayuda del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Pero ella quiere regresar a su casa de Villa Hugo II porque dice que es la única comunidad que conoce y donde único se siente segura de que a su nieta, que estudia en una escuela elemental cercana, no le vaya a pasar nada.
Morel de Peña ha tocado puertas en todas las agencias y se asegura de hablar con cuanto representante de organizaciones y entidades de asistencia comunitaria llegan hasta el barrio, donde el 59 por ciento de la población vive con ingresos bajo el umbral de pobreza, según datos recopilados por Patricia Noboa Ortega, una profesora de psicología de la Universidad de Puerto Rico en Cayey que estableció allí, junto a la abogada Belinés Ramos Negrón, la Clínica Legal Psicológica para ofrecer servicios gratuitos y continuos para los vecinos de Las Villas.
Otero, a quien fue imposible contactar en el número de teléfono y correo electrónico que ofreció a Morel de Peña en documentos oficiales, llegó a visitar la casa de Villa Hugo II donde Morel de Peña vivía antes de que el huracán María le llevara el segundo piso de madera e inundara el primero, que desde entonces se llena de agua con frecuencia. Otero fue a la casa, en abril de 2019, junto a otro empleado de Disaster Services Corporation que inspeccionó la estructura.
Estas inspecciones, que ocurrieron en las casas de varios de los vecinos entrevistados en San Isidro, les avivaron las esperanzas de que al fin recibirían la ayuda que faltaba para reparar las viviendas. Pero, como evidenció esta investigación, las inspecciones fueron en realidad un motor de confusión y frustración, y no solo para los sobrevivientes del desastre.
Sin recursos para resolver necesidades apremiantes
Contrario a las esperanzas de los damnificados y de lo que creyeron algunos trabajadores al principio de la iniciativa, los fondos del programa de manejo de casos —que aumentaron de los 70 millones de dólares iniciales a 73 millones de dólares— no pueden utilizarse para gastos de construcción. FEMA lo prohíbe expresamente. La expectativa del programa diseñado por la agencia federal es que, cuando haya reparaciones pendientes, las organizaciones sin fines de lucro y los manejadores de casos consigan o ayuden al sobreviviente a conseguir tanto los materiales como la mano de obra.
Pero, según Anthony Vargas, supervisor del programa en FEMA; el presidente de una organización que obtuvo una subvención para manejo de casos, y el líder de los vicentinos en Puerto Rico, quien trabajó para Disaster Services Corporation: el programa es tan bueno como los recursos que haya disponibles.
Y, en Puerto Rico, faltaban los recursos
“Es un programa bonito y necesario, pero el problema es que no va a la par, o, por lo menos, en Puerto Rico, no fue a la par con la realidad del proceso de reconstrucción”, indicó José Pietri, presidente de la organización comunitaria Sabana Grande Economic and Community Development Corp. (SACED), que obtuvo una subvención inicial de $1.4 millones para implementar el programa de manejo de casos, primero en seis y luego en ocho municipios del suroeste de la isla. Al final, con las extensiones del programa y el aumento de municipios a los que servía, el desembolso de fondos a su organización superó los $2 millones, detalló.
Pietri se refirió a que, mientras el programa de manejo de casos seguía su curso, las iniciativas gubernamentales para la reconstrucción estaban detenidas y las ayudas filantrópicas que fluyeron inmediatamente después del huracán ya habían cesado. Así que los manejadores de casos se quedaban sin alternativas para referir a los sobrevivientes o encontrar dónde buscarles ayuda.
“Me siento como que hemos hecho un montón de trabajo y estamos perdiendo el tiempo porque todavía no han soltado un montón de fondos… Ahora es que están saliendo los programas de ayuda por los daños del huracán María e Irma, pero ahora [que se acabó el programa de manejo de casos], con qué, con quién yo voy a poder [seguir ayudando]”, dijo Pietri, en referencia a que ya no tendrá fondos para contratar los manejadores de caso que ayuden a los damnificados a navegar la burocracia y acceder a esas ayudas que les corresponden.
El líder comunitario, que comenzó a manejar casos —sin saber que así se llamaba lo que hacía— con una asignación de $43,308 que recibió de la organización Unidos por Puerto Rico poco después del huracán, explicó que llegó al programa de FEMA por invitación de la agencia federal. Inicialmente, FEMA estimó que en los seis municipios donde SACED ofrecería servicios habría unos 630 casos, pero, a un año de iniciado el programa, los manejadores de la organización de Sabana Grande ya acumulaban entre 1,400 y 1,500 casos. Cuando FEMA dio por concluido el programa de manejo de casos, en febrero pasado, a SACED le quedaban unos 850 casos abiertos.
“Para mí, un caso cerrado es un caso en que pudimos cumplir con el plan de trabajo que nos propusimos. Ellos [FEMA] también tienen una partida que es de los casos que se cerraron porque no se consiguieron los recursos. La realidad es que esa es mi tristeza y mi carga mayor”, dijo Pietri.
A pesar de solicitar a FEMA acceso a los documentos relacionados con este programa, incluidas las auditorías o evaluaciones realizadas hasta la fecha, mediante un requerimiento oficial de información bajo el Freedom of Information Act, cinco meses y múltiples correos electrónicos después, la agencia aún no los había divulgado.
Según los datos recopilados por las organizaciones del Disaster Case Management Program en una base de datos que les proveyó FEMA y que el CPI revisó, de los 24,648 casos reportados como cerrados, se indica que 10,051 cerraron porque se consiguió cumplir con las metas establecidas en el plan de recuperación, 10,200 cerraron habiéndolas cumplido parcialmente y 3,397, sin cumplirlas. Es decir, que más de la mitad o un 55 por ciento de los casos que se cerraron no cumplieron a cabalidad con el plan de recuperación, según los datos actualizados al 17 de agosto de 2020 en la Coordinated Assistance Network o CAN, una plataforma en línea que desarrolló la Cruz Roja Americana y que FEMA utiliza para centralizar la información de este programa.
De todas las organizaciones que recibieron subvenciones para este programa, Disaster Services Corporation tuvo el peor desempeño cuando se analiza el resultado de los planes de recuperación de los casos que reportó como cerrados. Según los datos recopilados en la plataforma CAN, solo el 25% de esos casos cumplieron con el plan de recuperación; el 56% cumplieron sus planes de recuperación parcialmente y el 19%, no lo cumplieron, lo que significa que un 75 por ciento de los 4,868 casos de Disaster Services Corporation tabulados al 17 de agosto de 2020 no cumplieron plenamente con las metas de recuperación.
La única organización que tiene un peor récord que el de Disaster Services Corporation en este renglón, según los datos disponibles en CAN, es The Facilitators-Camp Ironhorse, con solo 19% de los casos cerrados que cumplieron con las metas del plan de recuperación, pero esa entidad estadounidense salió del programa de manejo de casos antes de tiempo luego de entrar en una disputa pública con FEMA por unos pagos que le reclamaba a la agencia federal.
La dificultad que tuvo Pietri para conseguir recursos en la zona suroeste —donde en enero de este año se sumó el desastre ocasionado por los terremotos— se asemeja a la experiencia que relató el presidente de los vicentinos de Puerto Rico, quien trabajó como coordinador de recursos de Disaster Services Corporation en el programa de manejo de casos.
“Cuando se vio las necesidades reales que había [en Puerto Rico después del huracán María], Elizabeth Disco, que es la CEO de Disaster, se comunica conmigo y me dice: ‘si tú me apoyas, yo me meto’ [en el programa de manejo de casos], porque ellos están en Estados Unidos. Y yo le dije que no había problema, ‘yo estoy acá y yo te apoyo’. Ya nosotros habíamos trabajado prácticamente un año en alianza con ellos”, detalló Rodríguez Maldonado.
Han sido variados los intentos de lograr comunicación con Disco-Shearer y su equipo de trabajo para coordinar una entrevista, pero la organización no ha respondido los correos electrónicos ni los mensajes privados enviados por la red social LinkedIn. El número de teléfono que la entidad ofrece como contacto en su página de internet y en sus documentos oficiales es el de un sitio de co-working, donde ha sido imposible conseguirlos.
Muchas necesidades y poca coordinación
Según Rodríguez Maldonado, la intención inicial de Disaster Services Corporation era manejar casos en todavía más municipios que los 21 que terminó proponiendo a FEMA, pero revisaron la propuesta antes de presentarla para trabajar “más o menos de acuerdo con la presencia vicentina” en la isla.
“Cuando yo le hice la lista a Liz [Disco-Shearer], puse más o menos los pueblos donde había presencia de la familia vicentina, indicó Rodríguez Maldonado. FEMA accedió a que Disaster Services Corporation ofreciera servicios en todos los municipios que propuso, al igual que hizo con las demás organizaciones seleccionadas, confirmó Vargas, el empleado de la agencia federal que supervisó el programa a nivel local.
Sin embargo, la manera en que Disaster Services Corporation ejecutó el programa no parece tener relación con la presencia de los vicentinos en las zonas que FEMA les asignó. Para manejar los casos en la mitad de los 21 municipios que pidió y consiguió, Disaster Services Corporation subcontrató a PVMA Global, una firma de consultoría con sede en Houston, Texas, que, tras este acuerdo, el 11 de octubre de 2018, se afincó en Puerto Rico como una corporación con fines de lucro y abrió una oficina en Dorado.
Además, el reclutamiento de quienes trabajaron como manejadores de caso y analistas de costos de construcción fue poco riguroso, según el relato de una persona que participó del proceso y que pidió que no se le identificara por su nombre por miedo a represalias.
Entre quienes trabajaron como manejadores de casos para Disaster Services Corporation, una posición que existe porque, al diseñar el programa, FEMA reconoce el reto emocional y psicológico que enfrentan los sobrevivientes mientras intentan mejorar sus condiciones de vida, había personas con experiencia en ventas, recursos humanos, seguridad, secretarial, educación y algún trabajador social, según los perfiles de al menos 10 de estos empleados en la red social profesional LinkedIn.
“Nos reunieron en el [hotel] Sheraton, en el Centro de Convenciones [de San Juan], y de momento nos dijeron: ‘nada, ustedes han sido seleccionados y van con St. Vincent de Paul’. Yo pensé que era para una entrevista. Pero nos dieron la bienvenida y nos dijeron: ‘ustedes son los seleccionados’”, indicó la fuente, quien antes solo había enviado una solicitud de trabajo y ese día tuvo su primer contacto con personal de Disaster Services Corporation, a la que todos en el programa de manejo de casos se referían como St. Vincent de Paul.
Añadió que algunas de las personas reclutadas entendieron que trabajarían con Disaster Services Corporation, pero que luego se enteraban de que, en realidad, trabajarían con PVMA, y que a lo largo del programa hubo algún movimiento de personal entre ambas organizaciones.
Esta persona, que mayormente trabajó casos en el área este, manifestó una frustración similar a la de Pietri, el líder comunitario de Sabana Grande, y a la que sufrieron los vecinos de Villa Hugo y Valle Hill, que se quedaron esperando a que los trabajadores que ellos identificaron como de San Vicente de Paúl regresaran con los materiales o la mano de obra para ayudarlos a reparar sus casas.
En el caso de Disaster Services Corporation y PVMA, dijo la fuente, los trabajadores también iniciaron su jornada con esperanza de aportar a que los sobrevivientes del desastre que aún arrastraban daños en sus casas por el huracán mejoraran sus condiciones de vida, pero pronto se dieron cuenta de que, sin recursos disponibles, era poco lo que podían hacer.
“Al principio, ellos [los representantes de Disaster Services Corporation] nos dijeron que los materiales nos los iban a brindar. Luego, en el transcurso…, como en febrero, empezaron a decir que los ‘case managers’ tenían que buscar los recursos de los materiales. Que los ‘case managers’ tenían que buscar las ventanas, si eran ventanas; las losetas, los selladores, en ferreterías… Que se los donaran a ellos para poder hacer la entrega de material. Porque primero iba a haber otra organización que se iba a encargar de la mano de obra, pero eso nunca sucedió”, dijo la fuente.
Las dificultades para cumplir con las expectativas que se crearon entre los sobrevivientes y los empleados frustraron a Rodríguez Maldonado, quien temía que estos problemas empañaran el trabajo de años de su organización.
“Siempre fue mi preocupación: el problema es que lo que está envuelto es San Vicente de Paúl, y San Vicente de Paúl aquí en Puerto Rico es una cosa y San Vicente de Paúl en Estados Unidos es otra cosa, y los que estamos quedando mal somos nosotros (los de Puerto Rico)… Porque nosotros no tuvimos que ver nada con el manejo de casos. Nosotros lo que hacíamos era tratar de bregar con las reparaciones y dando los recursos que podíamos”, indicó.
Rodríguez Maldonado dijo que él y sus colaboradores sí repartieron materiales y que él coordinaba grupos de voluntarios para hacer las reparaciones, pero reconoció que no hubo suficiente para atender todos los casos que tenían a su cargo. Los materiales que repartió Rodríguez Maldonado no los proveyó Disaster Services Corporation, sino que él los conseguía a través de otro programa gubernamental, también de FEMA, conocido como VALOR, las siglas de Voluntary Agencies Leading and Organizing Repair.
El programa consistía en que las organizaciones sin fines de lucro participantes le enviaban a FEMA sus órdenes de compra de materiales de construcción para contribuir en la recuperación, y la agencia federal ordenaba y pagaba con fondos públicos la mercancía solicitada en una ferretería. En el caso de Puerto Rico, esas órdenes se tramitaron solamente con la cadena local de ferreterías National.
“Cuando National ya tiene todo disponible de esa orden, llaman a FEMA y entonces la persona de VALOR me llama a mí para hacer la inspección, y luego ellos entregan los materiales. Al principio, yo tenía que irlos a buscar o pagar [por el acarreo]. Luego, a mediados del programa, vieron la necesidad que teníamos, y ellos [FEMA] entonces pagaban la entrega de los materiales”, detalló Rodríguez Maldonado en una entrevista en el almacén de suministros que mantiene en Vega Alta y que estableció luego del huracán María.
Rodríguez Maldonado dijo que los materiales que él conseguía a través de VALOR, con los fondos de FEMA, no fueron solo para atender los casos asignados a Disaster Services Corporation y PVMA, sino también para los de otras organizaciones que participaban del programa de manejo de casos, como Family Endeavors, una entidad con sede en San Antonio, Texas, conocida simplemente como Endeavors, que obtuvo una subvención inicial de 29.5 millones de dólares para manejar casos en 49 municipios de Puerto Rico. También, para los casos que manejaba el Salvation Army, que tenía asignados 39 municipios, con una subvención de $2.2 millones, y que era conocido en el programa porque entregó enseres como estufas y neveras.
“Nosotros tratábamos de buscar los recursos. Honestamente, no había los recursos de organizaciones. Aquí hubo unos momentos de recursos de emergencia bien brutales, y sí se movieron, pero luego la cosa fue apretando, no había. Ni los voluntarios a veces llegaban. Se nos hacía más difícil. Nosotros tuvimos que recurrir a utilizar fondos para pagarles a contratistas para poder terminar trabajos, y eso no estaba, no lo habíamos visualizado. Sino que, al encontrarnos con la situación, teníamos que actuar”, indicó.
Se enviaron correos electrónicos a las nueve organizaciones que recibieron una subvención para el programa de manejo de casos para indagar sobre los términos de sus propuestas y acuerdos con FEMA y conocer cómo utilizaron los fondos públicos que recibieron. Solo SACED, una organización con sede en Sabana Grande, concedió una entrevista. Del resto, la mayoría no respondió y las que lo hicieron, se negaron a enviar información o refirieron el asunto a FEMA, que aún no cumple con una solicitud similar que, por petición de la agencia, se tramitó mediante el mecanismo provisto por la ley federal que cobija el libre acceso a la información (FOIA).
También se solicitó una entrevista a PVMA, pero uno de sus oficiales en Puerto Rico, Manuel Perfecto, respondió que cualquier información sobre el programa de manejo de casos la debía ofrecer Disaster Services Corporation, que fue la entidad que recibió la subvención pública.
Según las guías establecidas por FEMA en su solicitud de propuestas para el Disaster Case Management Program, las organizaciones participantes debían presentar informes mensuales sobre su funcionamiento y finanzas, y el personal de la agencia también las visitaba periódicamente para corroborar los objetivos del programa, los datos recopilados y las complicaciones que hubieran podido presentarse.
FEMA también proveyó plantillas para desglosar los planes de trabajo y para los informes presupuestarios, además de la plataforma donde los manejadores, los analistas de costos de construcción y los supervisores pueden ingresar o contrastar información sobre los casos que atienden todas las organizaciones, y a la que los empleados federales encargados de este programa tienen acceso.
Pero estos documentos de trabajo no impidieron que, según los relatos de Rodríguez Maldonado, de la otra persona que trabajó para Disaster Services Corporation y que solicitó anonimato, y de la experiencia de una pareja de vecinos de Valle Hill, en ocasiones, hubiera duplicidad de trabajo o que los empleados de dos organizaciones distintas trabajaran con un mismo caso, sin que eso asegurara una resolución positiva.
La posición oficial de Rodríguez Maldonado en el programa de manejo de casos de Disaster Services Corporation era la de coordinador de recursos, por lo que devengaba 39,900 dólares anuales. Sin embargo, como parte de sus tareas cotidianas, no solo buscaba los materiales y los voluntarios para realizar reparaciones, sino que también inspeccionaba casas. Para ese trabajo, se supone que Disaster Services Corporation y PVMA tenían una plantilla de analistas de costos, que devengaban sobre 30,000 dólares anuales.
Los analistas de costos de Disaster Services Corporation y PVMA, que no eran necesariamente constructores o tasadores profesionales, inspeccionaban los daños de las casas dejándose llevar por una aplicación llamada Xactimate, donde anotaban los materiales que hacían falta para la construcción o reparación y preparaban el estimado. Pero Rodríguez Maldonado, quien es un comerciante retirado, asegura que ese trabajo, muchas veces, estaba incompleto, así que él comenzó a visitar las casas para corroborar que, en la lista de materiales que le remitían, estuviera todo lo que debía conseguir.
“Yo me iba con el análisis de ellos a verificar que fuera correcto. Tenía que hacerlo, no porque no servían, pero ellos trabajaban con una computadora y bajaban con el informe de la computadora. Pero el informe de la computadora, la parte de análisis, que es meterse debajo de la casa y ver los palos que le hacen falta, la computadora no lo hace. Eso tiene que hacerlo la persona. Y ahí no había un análisis”, relató Rodríguez Maldonado, quien dijo que aprendió sobre lo que hace falta para reparar las casas cuando colaboró con Team Rubicon para reconstruir unos 500 techos.
Fluye el dinero, pero no los resultados
La fuente que trabajó en el área este de la isla confirmó que algunos de los informes sobre inspecciones no estaban completos y destacó que hubo otras complicaciones en la ejecución del programa, como, por ejemplo, que los manejadores enfrentaron problemas para darle seguimiento a algunos de los casos porque perdían contacto con el dueño de la casa o debido a que los referidos para abrir un nuevo caso llegaban a veces con direcciones incompletas o genéricas.
Según el diseño del programa, el manejador de casos debe reunirse primero con la persona que necesita asistencia y, en conjunto, elaboran el plan de recuperación. Por lo tanto, se entiende que los inspectores solo llegarían a una casa luego de un contacto inicial entre el sobreviviente y el manejador de casos, pero en más de una ocasión ocurrió que, en el día de una inspección, los trabajadores de Disaster Services Corporation y PVMA estuvieron horas buscando sin éxito la casa de un sobreviviente. O que, al llegar al lugar donde trabajarían ese día, como le ocurrió a Rodríguez Maldonado en un sector apartado de Corozal, se encontraran con empleados de otra organización que tenía el mismo municipio asignado.
Ramón Páez y Sol Reyes, de Valle Hill, en Canóvanas, mantuvieron comunicación con personal de Disaster Services Corporation y esperaron largos meses, creyendo que la ayuda que les brindarían serían los materiales para que él, que trabaja en construcción, pudiera reparar parte de la casa que dañó el viento y la lluvia. Pero, en lugar de eso, lo que recibió a finales de octubre de 2019, más de un año después de que comenzara el programa, fue una llamada de una trabajadora de Endeavors, otra de las organizaciones subvencionadas por FEMA, para informarle dónde podía comprar los materiales que le hacían falta. Páez relató que se molestó y dijo que él sabía dónde comprar materiales de construcción, porque a eso se dedica, y que ese no era su problema, sino que no tenía el dinero para conseguirlos. El resultado de su discusión telefónica con la manejadora de casos llegó al día siguiente en forma de carta: “Notificación de cierre de caso”, leía, y citaba como motivo que “el cliente ha retirado la solicitud de servicios”.
Para el empleado que habló con el CPI y pidió que no se publicara su nombre ni su posición por temor a que lo identificaran, los contratiempos que se fueron acumulando, sumados a la falta de acceso a recursos para asistir las necesidades más básicas de las personas a las que visitaban, especialmente las de vivienda, comenzó a tornarse frustrante, y le hizo preguntarse para qué se había creado el programa realmente.
“Yo vi tanta gente humilde que lo que te decían era: ‘yo lo que quiero es si me pueden poner el techo, la madera’, ‘yo lo que quiero es quitar el toldo y no mojarme’, y esto era gente sin ventanas, con otros daños también importantes”, relató sobre sus experiencias a casi dos años del huracán.
“La ayuda no se veía, y ellos [Disaster Services Corporation y PVMA] decían siempre que FEMA ponía restricciones o ciertas cosas”, recordó. “Y, cuando a veces uno preguntaba si había fondos [para las reparaciones], nos decían: ‘no, eso hay que conseguirlo’. Y uno se pregunta: ‘¿ok, los fondos fueron para darnos el trabajo a nosotros nada más, y no hay reconstrucción?’”.
Esta investigación se realizó gracias al apoyo de la Fundación Abrams y de la Fundación Nieman de Periodismo de la Universidad de Harvard, que subvencionaron el trabajo de la periodista como parte del programa Abrams Nieman de Periodismo Local de Investigación.
