Por Redacción Es Noticia
Un caso en contra de la alcaldesa saliente, María “Mayita” Meléndez Altieri, fue archivado por el Panel Fiscal Especial Independiente (FEI) tras la recomendación de la abogada investigadora Vivian González Méndez.
Sin embargo, tras la determinación del cierre del caso ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), el FEI refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor para su evaluación y consideración.
El caso inició ante la UPAD tras una querella presentada por Mayra Rivera Nazario contra Meléndez Altieri.
“La misma fue presentada en su carácter de ciudadana particular de empleada del Municipio de Ponce y como presidenta de la Asociación de Empleados Municipales, afiliada a la United Steelworkers (Local 8198)”, explicó el FEI en comunicado de prensa.
Los actos denunciados están relacionados al pago recibido por la mandataria ponceña y la entonces secretaria municipal Jessica Nieves Soto por exceso de vacaciones no disfrutadas.
González Méndez entrevistó a funcionarios municipales, examinó documentos y solicitó una certificación de empleados, incluyendo los comprendidos en el servicio de confianza.
Luego, concluyó que la alcaldesa y la secretaria municipal, por ser funcionarias, estaban exentas de la prohibición establecida por la Ordenanza Núm. 5 de la Ley de Municipios Autónomos.
Por ende, el pago a dichas funcionarias no se efectuó en contravención con la referida ordenanza municipal.
De otra parte, la abogada investigadora expuso que, aunque no puede afirmarse que Meléndez Altieri incurrió en conducta sancionada por el Plan de Reorganización Num.1-2012, recomendó que este asunto se refiera a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor.
“A base de la evaluación del informe de la abogada investigadora en su resolución, el panel determinó el cierre del caso ante la UPAD y procedió a referir el asunto a las agencias antes mencionadas”, especificó el FEI.
En respuesta a la querella ahora archivada por el FEI, la UPAD emitió una notificación de inicio de investigación a la Meléndez Altieri.
Por su parte, la ejecutiva municipal presentó su respuesta a través de su abogado.
“El pago efectuado fue uno legal consultado por expertos en la materia, por lo cual sostuvo no haber incurrido en comportamiento inmoral ni ilegal, apropiación ilegal de fondos, enriquecimiento injusto, negligencia en la función pública y/o violación a las disposiciones de las ordenanzas indicadas”, leía su contestación.