Por Redacción Es Noticia
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció “una ofensiva legislativa” que abrirá la discusión del estatus de la isla en ese cuerpo legislativo.
El plan incluye:
- La radicación de dos Resoluciones Concurrentes para requerir expresiones del Congreso y la Junta de Control Fiscal sobre posibles implicaciones en un cambio de estatus
- La eliminación del uso de fondos públicos para pagar salarios a emisarios estadistas
- El establecimiento de la fecha del 3 de noviembre del 2021 como fecha de vencimiento del acta de admisión prometida por la pasada administración
- La creación de una comisión especial sobre estatus político, la cual tendrá a su cargo examinar todos los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas y los modelos de transición de cada una de las fórmulas de estatus.
“Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus. De hecho, el Informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre $6,000 millones en aumento de contribuciones y la reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico. Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros y el plan de ajuste de deuda, porque los fondos federales que llegarían no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto”, expresó el líder senatorial.
Dalmau Santiago explicó además que el Artículo 4.2 de la ley que viabilizó la consulta, establece que de ganar el “SI” se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con la radicación de un plan de transición que, se supone, radicara la comisionada residente, Jenniffer González, hace dos meses.
El presidente del Senado explicó que la ley aprobada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dispuso una fecha de vencimiento para la aprobación de un acta de admisión.
El referido artículo dispone que el resultado de la votación “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2020”.
“Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del Sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, ya solo les restan ocho meses y una semana. Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias”, sostuvo Dalmau Santiago.
Asimismo, el dirigente senatorial sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso y pagarles sus salarios, nunca fue consultado en la papeleta de votación por lo que, al carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, se ordenará la reducción de $1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.
“Si el señor Gobernador desea enviar a seis cabilderos a la Capital federal para hacer el trabajo que se supone haga su Comisionada Residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, señaló.
Sobre las medidas legislativas, Dalmau Santiago radicará una Resolución Concurrente – que es una expresión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico – “para reclamarle al Congreso de los Estados Unidos que se exprese claramente y responda cinco preguntas específicas sobre el proceso de transición hacia la estadidad”.
Estas son: el impacto de las contribuciones federales en la economía, si el resultado tiene el aval del Departamento de Justicia federal, si un 52% es un mandato suficiente para anexarnos, si se le requerirá a Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación como ocurrió con Alaska y Hawái antes de su admisión y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a los Estados Unidos.
