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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
Un gran jurado federal acusó a cuatro personas de participar en una conspiración de soborno y fraude electrónico para defraudar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Los acusados fueron identificados como:
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- Juan Carlos Cruz-Hernández
- Verónica Forte Roig
- Nancy Báez Flores
- Josselyn Figueroa Rosario
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La acusación incluye 17 cargos y fue anunciada este jueves por W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico.
“El soborno de empleados gubernamentales corroe la confianza del público en las instituciones vitales y no será tolerado”, afirmó W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
Explicó que esta acusación y los arrestos «reflejan otro paso en el enfoque continuo de la oficina para llevar ante la justicia a quienes se involucran en esquemas de soborno ilegales”.
Tres de los acusados fueron arrestados y comparecerán ante el juez magistrado Marcos López en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Nancy Báez-Flores está pendiente de arresto.
Según los documentos del tribunal, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario eran empleadas del DTOP asignadas a los Centros de Servicio al Conductor (CESCO), en Caguas y Carolina, responsables de acceder a información de conductores y vehículos, y de eliminar multas.
Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig negociaron y realizaron pagos de sobornos a Báez-Flores y Figueroa-Rosario a cambio de actos oficiales, como:
- acceso a información del DTOP-CESCO.
- obtención de documentación duplicada.
- eliminación de multas.
Desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Nancy Báez Flores recibió más de $62,000 en sobornos de Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig.
Desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Josselyn Figueroa Rosario recibió más de $7,000 en sobornos de los mismos individuos. Muchos de los pagos se realizaron directamente a través de ATH-Móvil.
“HSI está comprometida a investigar actividades de lavado de dinero que representan una amenaza para nuestra economía. Es imperativo priorizar cualquier tipo de corrupción pública que facilite delitos. Estos empleados no representan a los dedicados empleados del gobierno de Puerto Rico”, dijo Rebecca González-Ramos, Agente Especial a Cargo de HSI San Juan.
Si son declarados culpables, las penas máximas incluyen:
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- 5 años de prisión por violación del 18 U.S.C. § 371.
- 10 años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 666(a)(2) y (a)(1)(B).
- 20 años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 1343, 1346, 1349.
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Un juez del tribunal federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencias de EE. UU. y otros factores legales.
Esta investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional. La fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy está a cargo del caso. La investigación tuvo el apoyo del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Transportación de Puerto Rico.
Una acusación es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
