Por Miguel Díaz Román
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Si la gobernadora Wanda Vázquez Garced no convierte en ley dos medidas que ofrecen programas de retiro para los policías, bomberos y determinados empleados públicos, perderá la primaria que la enfrenta contra Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, sostuvo ayer el senador del penepé Gregorio Matías.
Las medidas fueron aprobadas por ambos cuerpos en la pasada sesión legislativa y enviadas a la Fortaleza para la firma de la gobernadora. Se trata del Proyecto del Senado 1623, que propone la «Ley para Proveer un Retiro Digno» para los miembros de la Policía y los Bomberos; y el Proyecto del Senado 1616, que establece un plan de retiro incentivado para empleados públicos.
“Hay 60,000 empleados públicos que están pendientes que se firme una ley y sus familiares, cuatro familiares por cada empleado público. No nay manera que pueda ganar una elección con 240,000 votos en su contra. No hay manera que puedas ganar. Ricardo Rosselló le ganó a Pierluisi por menos de 10,000 votos (en el 2016). En esta elección, con tanto revolú y tantos casos que salen día tras días, la gobernadora tiene que tener el electorado enamorado porque puedes perder la jugada por 1,000 votos”, sostuvo Matías.
Las medidas propone que los empleados públicos que se acojan al retiro recibían una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico. Los dineros para las pensiones serían pagados del Fondo General, que también es responsable de pagar las pensiones de lo jubilados que estaban acogidos al desaparecido Sistema del Retiro del gobierno, y cuyo costo asciende a más de $2,000 millones anuales.
La gobernadora sostuvo recientemente que tenía los proyectos en su escritorio y que pronto haría un anuncio sobre ellas.
“Si no los fuera a firmar no haría un anuncio: Pero si haces un anuncio para informar que no vas a firmar las medidas, después de un lapso de 45 segundos tienes que anunciar que retiras tu candidatura. No hay manera”, indicó el senador, quiene tiene una pagina en Facebook en la que realiza anuncios con frecuencia sobre estado de las medidas.
Matías, quien era policía y llenó la vacante que dejó el ex senador Abel Nazario, es el autor del Proyecto 1623, rechazó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueda impedir que las medidas entren en vigor si las gobernadora las convierte en ley.
“Estas medidas no representan un gasto sino un ahorro, que es lo que siempre ha favorecido la Junta de Supervisión Fiscal. Si ganas $2,000 mesuales y te retiras con una pensión de $1,000, hay un ahorro para el gobierno de $1,000. Eso es un recorte de nómina, que es lo que quería la Junta”, dijo Matías.
Agrego que si el gobierno podría congelar las plazas de los empleados que se retiren y reservar algunas plazas para atender el problema del desempleo. “Si se retiran 22,000 empleados públicos, el gobierno podría congelar 12,000 plazas y reclutar gente para las otras 10,000 plazas y aún así habría un ahorro”, dijo Matías.
El senador indicó que ayer tenía en agenda una reunión con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en la que discutiría ambas medidas. La reunión, según dijo Matías, fue suspendida porque las oficinas de la JSF en Hato Rey fueron cerradas. “Quizás es que allí se dió un caso de coronavirus, no lo sé. Ahora van a trabajar de manera virtual. Estoy esperando que me digan cuándo será mi reunión”, dijo Matías.
Edward Zayas, portavoz de comunicaciones de la JSF, confirmó el cierre de la oficinas pero aclaró que fue medida cautelar ante el incremento de contagios en la isla. “La JSF nuevamente decidió que todos los trabajadores trabajen remotamente como lo hicieron durante los primeros tres meses de la pandemia”, dijo Zayas.
El funcionario de la JSF también indicó que “no tengo en agenda reunión con Gregorio Matías”.
En una reciente misiva enviada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, Jaresko, advirtió que el Proyecto del Senado 1616 no se debía aprobar como estaba redactado.
“Como está propuesto, el Proyecto del Senado 1616 sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y no puede implantarse hasta que la información que solicitamos en esta carta le sea provista a la Junta”, dijo Jaresko. En su carta Jaresko también solicitó un estudio actuarial sobre los grupos que se podrían acoger al plan de retiro y su efecto económico real a largo plazo para el gobierno.
Según Jaresko, la capacidad financiera de los beneficios propuestos depende de la eliminación de ciertas disposiciones. Esto, falla en lograr el requisito de reducir costos, lo que potencialmente redundaría en un aumento a largo plazo en los pagos que tendría que hacer el gobierno”, sostuvo la directora de la JSF.
De acuerdo con Jaresko, desde el 1994 se han ofrecido sobre 20 ventanas de retiro incentivado que han fallado en lograr ahorros significativos.
“La Junta requiere un análisis completo de los objetivos que pretende lograr el Proyecto del Senado 1616 y cómo se van a lograr. Además, la Junta quiere información adicional, como todos los reportes actuariales y documentos que validen los ahorros y los empleados que se podrían beneficiar con esta medida, incluyendo el impacto por agencia. La Junta requiere esa información lo antes posible para tener tiempo para poder evaluar el proyecto”, indicó la funcionaria.
El Pyoyecto 1623 propone una pensión del 50 % del salario para los policías, bomberos o otros mienbros de servicios de seguridad del gobierno, que tengan 30 años o más de servicio y que hayan cumplido 55 años. Para los que hayan cumplido 58 años la pensión será el 55% de su salario. Además, la medida garantiza una aportación de $100 para el plan médico.
El Proyecto del Senado 1616, que es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la delegación del PNP, propone que los empleados cobijados bajo la Ley 447 de 1951 recibirían una pensión equivalente al 50% de su último salario y una aportación de $100 para plan médico.
Mientras que los empleados cobijados bajo la Ley 1 de 1990 elegibles bajo esta legislación recibirían un beneficio de jubilación equivalente al 2% multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 de junio de 2017, hasta un máximo de 46%. y podrían continuar con la cubierta de plan médico de su patrono por un un año.
