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Aprueban $100,000 para entidades como Centros Sor Isolina

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Por CyberNews
redaccion@esnoticiapr.com

La Cámara de Representantes consideró el miércoles, una medida que enmienda la Resolución Conjunta Número 65-2020 con el propósito de que los fondos para el incentivo económico designado, provengan de los autorizados para la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifique para la consecución de los propósitos de dicha Resolución Conjunta.

A esos efectos, se aprobó el Informe Positivo de la Resolución Conjunta de la Cámara 771, presentada por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez junto a la delegación de mayoría del Partido Nuevo Progresista, que reasigna 1,550,000 dólares para garantizar los diversos programas y las obras impactadas.

Cabe mencionar que los fondos se encuentran bajo la custodia de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, provenientes de los balances de un paquete de resoluciones. Esto, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, entre otros.

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La enmienda autoriza que 100,000 dólares sean dirigidos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica que propicie el desarrollo educativo de los jóvenes que reciben servicios a través de organizaciones que componen la Alianza para la Educación Alternativa, tales como ASPIRA de Puerto Rico, Centros Sol Isolina Ferré, Nuestra Escuela, proyecto Nacer y Programa de Educación Comunal de Entrega servicios (P.E.C.E.S.), entre otros. A su vez, reasigna fondos a la Autoridad de Tierras para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes.

La Resolución Conjunta 65-2020 enmendada es la que contiene un incentivo económico designado a Técnicos Quirúrgicos, Técnicos Radiólogos, Técnicos en Medicina Nuclear, Técnicos de Emergencias Médicas, Paramédico y Básico de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, Empleados Carreros, Terapistas Físicos, Terapistas Respiratorios, Técnicos de Terapia Respiratoria, Asistentes de Terapista Física como trabajadores hospitalarios y/o de salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la pandemia mundial del COVI-19, no menor 1,000 dólares ni mayor de 2,500 dólares.

Le siguió la Resolución Conjunta de la Cámara 773, de la misma autoría, que busca autorizar al Secretario de Hacienda, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a adelantar fondos mediante préstamos u otro tipo de adelantos a agencias del gobierno central, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios en anticipación del recibo de fondos bajo programas de FEMA.

Además, fue favorecido el Informe Positivo en torno al Proyecto de la Cámara 2595, también de la autoría de Méndez Núñez y la delegación de mayoría, que faculta al Secretario de Hacienda a establecer mediante escritura pública el “Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico”.

La pieza autoriza que el fiduciario sea cualquier entidad, pública o privada, o corporación sin fines de lucro. Asimismo, establece que las aportaciones o los donativos hechos al Fideicomiso será cien por ciento deducibles en la pantalla individual o corporativa donante.

Por otra parte, los legisladores validaron en concurrencia el Proyecto de la Cámara 1969, de la vicepresidenta cameral Lourdes Ramos Rivera, que enmienda la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, con el fin de establecer uniformidad en los requisitos de educación continua para los profesionales de la salud cuya práctica está regida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

De igual manera, aprobaron en concurrencia el Proyecto de la Cámara 2036, del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz junto a José González Mercado y Wilson Román, que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para extender el término para renovar la licencia de conducir de seis a ocho años. Esta pieza legislativa persigue aliviar la espera en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) para renovar la licencia de conducir. Los coautores de dicha medida son los representantes Jesús Santa, Luis R. Ortiz, Urayoán Hernández, José Pérez Cordero, Roberto Rivera Ruiz de Porras, José Aníbal Collazo y Jacqueline Rodríguez Hernández.

A su vez, ratificaron el Proyecto de la Cámara 2317, del representante José Aponte Hernández, para enmendar la “Ley de Monopolios y Restricción de Comercio” para que el Gobierno de Puerto Rico pueda demandar a nombre suyo y en Parens Patriae a favor de compradores indirectos de productos que han sufridos daños por actos prohibidos o declarados ilegales por dicha ley. Mientras que el Proyecto de la Cámara 2581, del representante Jorge Navarro Suárez, fue respaldado para que se enmiende la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” y así imponer sanciones más severas a las personas que con conocimiento o temerariamente, habiendo sido decretada mediante Orden Ejecutiva una emergencia o desastre por el gobernador de la Isla, persista en realizar cualquier actividad que ponga en riesgo su vida o la de otros y requiera el rescate de las autoridades.

Es importante destacar que pretende establecer como conducta delictiva el incumplir con el uso de mascarillas, máscaras de protección facial o bufandas que cubran la boca y nariz en caso de que el gobernador de Puerto Rico o el presidente de los Estados Unidos emita una Orden Ejecutiva a estos fines ante la propagación de un virus, bacteria o cualquier infección que se transmita a través de secreciones nasofaríngenas o de gotículas respiratorias.

Del mismo modo, avalaron el Proyecto del Senado 923 que reconoce a los Agentes de Rentas Internas y Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda como agentes del orden público y que puedan ser activados durante la declaración de una emergencia como la que atraviesa Puerto Rico ante la pandemia del coronavirus, al igual que el Proyecto del Senado 1485,que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para brindarle inmunidad a los profesionales de la salud que prestan servicios a pacientes en los Centros de Trauma y Estabilización.

A la lista de piezas legislativas se une la Resolución Conjunta del Senado 592, que ordena al Comité de Supervisión de Desembolsos (creado por el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-40), a crear un programa, sujeto a las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre el proceso, adecuacidad de la ayuda y determinaciones de ayuda, dirigido a destinar fondos para ser distribuidos a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento o Centros de Salud Familiar, cuyos operadores y/o administradores sean corporaciones, compañías o cualquier otra entidad privada, corporaciones municipales o el Departamento de Salud, cuyas licencias operacionales se encuentran vigentes a la fecha de la aprobación de esta Resolución Conjunta, provenientes del “Coronavirus Relief Fund” (CRF). Todo según las Guías Mandatorias del Tesoro Federal y las disposiciones del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, a los fines de cubrir gastos necesarios y adecuados de estas instalaciones durante el transcurso de la emergencia de salud pública provocada por el COVID-19.

También, recibió el aval cameral la Resolución Conjunta del Senado 594, que autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a proveer Asistencia de Emergencia (según se define en esta Resolución Conjunta) en forma de uno o más préstamos o facilidades de crédito a Entidades Gubernamentales Prestatarias (según se definen en esta Resolución Conjunta) con el propósito de atender los retos de liquidez de dichas entidades a consecuencia de la emergencia del COVID-19. Esto, con las medidas tomadas a raíz de dicha emergencia, bajo los términos, condiciones y garantías acordadas conforme a esta Resolución Conjunta, autorizar a las Entidades Gubernamentales Prestatarias a incurrir en dichos préstamos o suscribir dichas facilidades de crédito para recibir la Asistencia de Emergencia y disponer los requisitos, términos y condiciones para recibir la Asistencia de Emergencia.

Mientras que de la autoría del representante Rafael Rivera Ortega, defendieron la Resolución Concurrente de la Cámara 129, para exigir al Departamento de Educación que cumpla con la interpretación liberal en vindicación de los derechos de los niños con discapacidades en su manejo de la provisión de servicios educativos y relacionados durante la pandemia del COVID-19. En específico, instruyendo públicamente mediante memorando, a su personal considerar en el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) de cada menor la posible necesidad de servicios educativos y relacionados compensatorios para todos los menores con discapacidades, y a instruir al COMPU para que considere la posibilidad de un plan de contingencia incluyendo la prestación de servicios que sean necesarios brindar personalmente en el hogar o lugar donde el menor esté durante la pandemia, según la necesidad particular de cada uno y la severidad de sus condiciones.

Seguido, fue favorecida la Resolución Conjunta de la Cámara 465, de la autoría del presidente cameral y el representante Joel Franqui Atiles, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia libre de costo a Adoptando en PR Inc., la titularidad de los terrenos e instalaciones que albergan la Escuela José de Diego, Bo. San Antonio, todos localizados en el municipio de Quebradillas, así como la Resolución Conjunta del Senado 571 para ordenar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en la “ Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) ubicado en Maricao al propio municipio para que sigan prestando servicios de salud.

Finalmente, la Cámara ratificó de manera unánime una Moción de Condolencia presentada por el representante por Toa Baja, Pedro Julio “Pellé Santiago Guzmán, dirigida a la familia de Rosimar Rodriguez González, cuya muerte conmovió al pueblo de Puerto Rico.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 5 de octubre de 2020, a la 1:00 de la tarde.