Por Miguel Díaz Román
redaccion@esnoticiapr.com
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), determinó asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar las actuaciones del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona Amilivia, Ramón Rosario Cortés, Edwin Miranda Reyes y Elías Sánchez Sifonte, relacionadas con el “chat” de Telegram.
La investigación fue asignada a los fiscales Miguel A. Colon Ortiz y Leticia Pabon Ortiz, quienes podrán ampliar la pesquisa si obtienen prueba que justifiquen nuevos cargos contra los imputados.
Pero la investigación que deberán realizar los fiscales se concentrará en el contenido de cinco declaraciones juradas que acompañaban las 37 cajas de documentos que el Departamento de Justicia envió junto con el referido que realizó el al PFEI.
Las cajas de documentos, según indicó el PFEI en un comunicado de prensa, no contienen prueba para justificar la designación de un FEI. Incluso el PFEI indicó que la ausencia prueba incluye hasta los delitos que Justicia indicó que habían cometido algunos de los imputados en el referido.
Debemos hacer constar que el record de Justicia está huérfano de prueba que involucre —más allá del “chat”— a varios de sus participantes. Peor aún, hay ausencia de prueba que apoye una mera recomendacion de nombramiento de FEI en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos FEI. Por ello, la encomienda a los FEI se circumscribe a los posibles delitos identificados por el Panel en los documentos bajo juramento sometidos”.
Panel Fiscal Especial Independiente
El PFEI también indicó que por muy reprochable que sea el contenido de “chat” no existe evidencia suficiente para recomendar el nombramiento de FEI en relación con las expresiones que realizaron los exfuncionarios en esa red social.
El PFEI también señaló que la investigación preliminar de Justicia está plagada de deficiencias y que tras un análisis de la evidencia presentada, se determinó excluir del nombramiento de un FEI al exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín, al exsecretario de Ia gobernación, Raúl Maldonado Gautier, al exsecretario de la gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, y a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame Acosta.
Pero del PFEI señala que los fiscales podrán ampliar su investigación y presentar acusaciones contra estas personas si surge prueba contra ellos.
La falta de evidencia en el referido provocó que el PFEI considerara devolver el caso a Justicia para que subsanara la deficiencia de prueba contra algunas de las personas imputadas de delito, pero determinó no tomar esa acción “porque estariamos dejando de actuar sobre los funcionarios para los que se incluyó información bajo juramento, ya que esa es una responsabilidad que nos impone el deber ministerial establecido en la Ley”.
Según el comunicado, el PFEI determinó que no existe tampoco evidencia alguna para investigar a Ia exsecretaria de prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, a la directora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez y al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
Contra los exfuncionarios el PFEI cree que podrían haber cometido los siguientes delitos:
Ricardo Rosselló Nevares: incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Christian Sobrino Vega: amenaza, incumplimiento del deber,y negligencia en el cumplimiento del deber
Alfonso Orona Amflivia: incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber
Ramón Rosario Cortés: incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber.
Edwin Miranda Reyes: falsedad ideológica, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida.
Elías Sánchez Sifonte: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida.
Contra algunos de los imputados también se le señalan posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.
