Por CyberNews

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El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, informó que a pesar de que sus propuestas dirigidas a preservar las pensiones a un 75 por ciento y mantener la edad de retiro a los 55 años no fueron acogidas, pero serán evaluadas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

“La reunión fue muy efectiva», dijo al concluir una reunión con miembros de la JCF.

«Por lo menos atendieron las propuestas. Hicieron todas las preguntas de rigor. Todas, de las tres propuestas, fuimos bien enfáticos en decir lo de la edad, lo del 75 por ciento y los 30 años de servicio. Se mostraron, por lo menos, muy receptivos en cuanto a las propuestas. Nos dijeron que vamos a estar dialogando con ellos cuando la analicen para ver entonces la viabilidad que tengamos con ellos”, dijo Bonilla Sánchez en un encuentro con periodistas al culminar la reunión.

“Fueron atendidas, pero no aceptadas. Pero si, con las preguntas que nos hicieron de las tres (propuestas) por lo menos estaban muy interesados. En cuanto a cómo se va a reaccionar en el aspecto fiscal, eso lo vamos a discutir con ellos, con la Junta posteriormente, igual que con el gobierno. La reunión sería la semana que viene”, añadió.

Reiteró Bonilla Sánchez en que las propuestas “van a ser evaluadas”.

“Verdaderamente no estuvieron, de las tres, ninguna a favor. Ellos fueron muy parcos en escucharnos, en acogerlas para evaluarlas”, sentenció. “Nos encontramos satisfechos porque pudimos presentarla, que era lo que nosotros queríamos, que el gremio, la Asociación de Maestros al igual que la Local Sindical, presentaran las 3 alternativas que siempre nosotros hemos presentado alternativas para el magisterio puertorriqueño”, culminó Bonilla Sánchez.

Por su parte, la secretaria general interina de la AMPR-Local Sindical, Sybaris Morales Paniagua, mencionó que a pesar de contar con la oposición de estas propuestas con otros gremios magisteriales, existen puntos en las que están de acuerdo.

“En la mesa de diálogo, nosotros establecimos que sí teníamos unos puntos en acuerdo. Que definitivamente el 30 y 55 como establecía la Ley 91 como nosotros la conocemos. Que teníamos una diferencia de criterios de cómo se debían trabajar estas alternativas. Claro está, así como ha expresado el presidente, fueron escuchadas. Nos hicieron preguntas muy específicas al respecto, también al gobierno de Puerto Rico para poder encontrar los fondos necesarios para que, si alguna de ellas se iba a acoger por la Junta, el gobierno de Puerto Rico pudiera tener el dinero para contar con esas alternativas que llevarían al magisterio a tener el 75 por ciento. En una de ellas, la que decidan pueda ser viable, si así se aceptaran en el futuro”, dijo Morales Paniagua.

Las alternativas presentadas ante el ente federal creado bajo la Ley Promesa para el retiro magisterial son:

• Transición voluntaria – El maestro no va a tener que trabajar hasta los 63 años, edad impuesta por la JCF. Podrá renunciar cuando cumpla con ambos criterios de elegibilidad de 55 años o más y 30 o más de servicio. Será el Gobierno quien le pagará el 75 por ciento del salario hasta que cumpla los 63 años que es cuando comienza el maestro a recibir su pensión.
• Plan de Aportación Definida Mejorado – El Gobierno aportará a las cuentas individuales una cantidad anual adicional a la que deposita cada maestro en su cuenta. El propósito de este plan es llevar al docente hasta el 75 por ciento de pensión. La petición de la AMPR es que esta aportación anual sea depositada todos los años, mientras el educador se mantenga laborando para el DE.
• Plan de Aportación Definida y un Plan de Contribución Diferida Supletorio – Es similar a la alternativa 2, pero esta aportación anual adicional del Gobierno sería por unos años. Una vez concluya ese tiempo, si el maestro todavía trabaja para el DE, el Gobierno asumirá las aportaciones del maestro para su retiro; el 2.3 por cien para aquellos maestros que aportan al Seguro Social y el 8.5 por cien para los que no aporten al Seguro Social. Además, de una aportación porcentual adicional que el Gobierno estaría realizando en las cuentas individuales de cada maestro.