Por Redacción Es Noticia
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El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, y la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, reaccionaron con fuertes críticas a la firma del Proyecto del Senado 63, convertido en ley por la gobernadora Jenniffer González, al considerar que la medida representa un retroceso para la democracia y la transparencia gubernamental en Puerto Rico.

Calderón Cerame denunció que la legislación, impulsada por la mayoría del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), “le da otro golpe a la democracia” y afirmó que ha sido repudiada por organizaciones periodísticas. Destacó que la medida fue rechazada por las delegaciones del PPD en la Cámara y el Senado, por cuatro legisladores del PNP en la Cámara, por la representante del Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz y por los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Es una medida propia de las dictaduras que tanto critican”, sostuvo en declaraciones escritas.

La ley enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, imponiendo nuevos requisitos y extendiendo los plazos para la entrega de información gubernamental. Según explicó Calderón Cerame, ahora las agencias tendrán 20 días laborables para entregar documentos que no excedan 300 páginas o que tengan menos de tres años, en lugar de los 10 días actuales. Para documentos que superen ese volumen o antigüedad, el término se extiende a 30 días laborables, con la posibilidad de solicitar 20 días adicionales, lo que, a su juicio, reduce las garantías de fiscalización pública.

Por su parte, Eva Prados aseguró que el liderato legislativo del PNP ha actuado de manera “revanchista, autoritaria y antidemocrática” al aprobar medidas sin escuchar a sectores expertos ni evaluar sus consecuencias. “El país necesita más democracia, más transparencia y más derechos, no menos”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso del MVC de continuar denunciando estos retrocesos y defendiendo la rendición de cuentas del gobierno.

Las críticas se extendieron a organizaciones periodísticas y de la sociedad civil. Wilma Maldonado, presidenta del Overseas Press Club (OPC), advirtió que la nueva ley no solo afecta a periodistas, sino a cualquier ciudadano que solicite documentos al gobierno, quien ahora podría esperar hasta tres meses para recibir la información. Otras organizaciones denunciaron que intentaron coordinar una reunión con la gobernadora el pasado 18 de noviembre, sin obtener respuesta.

Asimismo, el licenciado Carlos Ramos Hernández, del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), calificó la aprobación de la medida como “un día oscuro en la historia de la democracia puertorriqueña”, al alegar que el gobierno no quiso dar cara al país.

En contraste, La Fortaleza defendió la firma de la ley mediante declaraciones escritas, al señalar que aunque la Ley 141-2019 buscaba facilitar el acceso a la información pública, algunas de sus disposiciones generaron confusión entre la comunidad legal, la ciudadanía, la prensa y las agencias gubernamentales, lo que ha provocado numerosos pleitos. Según el Ejecutivo, las enmiendas buscan establecer normas más claras para la ejecución del mandato gubernamental.

La controversia en torno a esta legislación continúa, mientras diversos sectores advierten sobre su impacto en la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico.