Por Redacción Es Noticia
El cuerpo de una mujer parcialmente calcinado fue encontrado en horas de la mañana de hoy -jueves- en el barrio Guavate, en Cayey, informó la Policía.
Según el informe, la occisa no ha sido identificada.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Guayama se hicieron cargo de la investigación.
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Unas 35 familias de diversos pueblos recibieron el anhelado título de propiedad de la estructura en que residen, informó el Departamento de la Vivienda.
Las familias beneficiadas provenían de las regiones de Ponce, Guayama, Arecibo, Aguadilla, Bayamón, Carolina, Humacao, Caguas y Mayagüez. Además, incluían 16 jefas de familias y 19 hombres.
“Nos comprometimos en posibilitar y agilizar los procesos para poner en las manos de nuestra gente los recursos necesarios para proporcionarles un espacio digno y seguro. Esto sin duda incluye el otorgar los títulos de propiedad a los hombres y mujeres que en muchas instancias han levantado con sus propias manos y esfuerzo sus hogares”, aseguró el secretario de la agencia, William Rodríguez Rodríguez.
Resaltó que el tener un título de propiedad le brindar diversos beneficios, entre ellos, la acreditación del dominio de la propiedad, estar sujeto a los ofrecimientos de bancos y otras instituciones para obtener préstamos, hacer reparaciones y comenzar un negocio.
Por otra parte, el valor de la propiedad puede aumentar.
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Un hombre se disparó accidentalmente ayer-miércoles-en un restaurante en el sector Río Jueyes del barrio San Idelfonso en Coamo.
El perjudicado-identificado por la Policía como Héctor David Correa-indicó a las autoridades que tenía un arma de fuego marca Glock, modelo 23 de la serie BKWN574 en el bolsillo.
Al colocar su mano dentro del bolsillo donde guardaba el arma, presionó el gatillo y se disparó en el pie derecho.
Por consiguiente, fue transportado a un hospital cercano y diagnosticado con una herida de bala con fractura en el pie.
Personal del área de Aibonito investigan el caso.
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La Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el Plan VITAL, advirtió a las aseguradoras u organizaciones de manejo de cuidado dirigido (MCOs) y Proveedores de Servicios a que cumplan con el modelo de compensación por servicios prestados y sus ajustes correspondientes a los médicos afiliados al Plan VITAL.
Además, les requirió un informe detallado de tal cumplimiento.
El director ejecutivo de la ASES, Jorge E. Galva Rodríguez, emitió una carta circular el pasado 18 de marzo, en la cual le recordó a las aseguradoras los términos de su obligación contractual, a la vez que impartió instrucciones adicionales para la transferencia de los montos subcontratados.
“El objetivo de esta compensación es garantizar el acceso de los pacientes a los médicos, fortalecer conocimientos, retener a los médicos y evitar ‘turnover’, en especial de los médicos subespecialistas”, destacó.
La copia de la carta fue circulada entre los MCOs, dentistas, grupos médicos primarios (PMGs) y médicos participantes del Plan VITAL.
La sección 10.3.2.1.7 de los contratos del Plan Vital con sus contratistas MCOs, establece que ASES requerirá a los PMGs reembolsar a los contratistas bajo un acuerdo de subcapitación, que certifiquen que el PMG ha pasado cualquier aumento aplicable de las cantidades subcapitadas a sus médicos afiliados.
El acuerdo establece que ASES y los contratistas darán seguimiento a cualquier queja presentada por los médicos afiliados al PMG, llevarán a cabo la investigación y diligencia apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta sección.
“Esto es así ya que la intención expresa de la petición de fondos suplementarios para el programa Medicaid en 2019 fue mejorar el nivel de compensación de los médicos primarios que trabajan para los PMG (Primary Medical Groups) o IPA (Independent Practice Association), como se les conoce más comúnmente”, explicó.
De igual forma, Galva señaló que “la razón para el aumento de este dinero es beneficiar al médico primario, no al grupo primario o IPA. Es por esa razón que el dinero tiene que fluir hasta alcanzar y beneficiar al médico primario individualmente”.
A partir de esta disposición contractual, la ASES emitió la Carta Circular 20-1022, informando a las MCOs y PMGs los requisitos antes mencionados.
El propósito en las disposiciones contractuales y Normativas, persigue el alto interés de política pública de salvaguardar la retención de los proveedores médicos participantes del Plan VITAL, con medidas de sustentabilidad, particularmente a aquellos médicos primarios afiliados a todo tipo de PMG y a proveedores de salud Parte B, con la aplicación de ajustes a tarifas 70% Medicare (20-0723;0728), para que prestan servicios a los beneficiarios del Plan VITAL.
Se aplicarán los siguientes plazos para el cumplimiento de los desembolsos y la certificación de los mismos:
“Exhortamos a los médicos primarios que no han recibido el aumento de $3.59 PMPM (compensación “por miembro por mes”) en sus PMG o IPA que no vacilen en comunicarse con ASES para evaluar su situación y tomar las medidas del caso. Es importante repetir que el aumento del PMPM debe llegar a cada médico primario a quién beneficia la ley federal”, resaltó.
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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), asignó $100,700, para reparaciones al vertedero de Juana Díaz.
El vertedero, que sirve a sobre 50,000 residentes, recibe entre 300 a 400 toneladas de desperdicios no peligrosos diariamente, un 5% de todos los desperdicios sólidos municipales generados diariamente en Puerto Rico.
“Es muy importante mantener la operación de este vertedero de manera que pueda proteger las condiciones de salubridad en las comunidades donde se recogen estos desperdicios diariamente. El municipio continúa trabajando con FEMA en este y otros proyectos para la protección de la salud de nuestros ciudadanos y el medioambiente”, comentó el alcalde juanadino, Ramón Hernández Torres.
Estos fondos son parte de los $7 millones aprobados por FEMA para reparar daños en rellenos sanitarios y centros de reciclaje tras el paso del huracán María en el 2017.
De estos, unos $5 millones están destinados a 12 vertederos. Mientras, los restantes $2 millones serán para centros de reciclaje municipales, especificó el coordinador federal de recuperación de desastres para Puerto Rico, José G. Baquero.
Además de Juana Díaz, se beneficiará Loíza con una partida de sobre $56,000 para el Centro de Reciclaje, donde se procesan mensualmente entre 50,000 y 64,000 libras de material reciclable, como textiles, plástico, neveras, chatarras, aceite de motor, aceite de cocina y cartón.
Por otro lado, se aprobaron unos $17,000 para mejoras al centro de reciclaje municipal de Orocovis.
En el centro, que se ha mantenido operando luego del paso del huracán, se procesan alrededor de 800,000 libras de material reciclable al año, como cartón, periódico y plástico, entre otros.
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Unas 11 personas fallecieron por causa del COVID-19, reportó el Departamento de Salud.
Los decesos ocurrieron entre el domingo, 18 al miércoles, 28 de abril. Entre este laso de tiempo, el día más fatal fue el martes, 27 de abril, cuando murieron cuatro personas:
Desde marzo 2020, murieron 2,296 personas por COVID-19 (1,960 confirmados y 336 probables).
Por otro lado, la cantidad de adultos hospitalizados mermó entre ayer-miércoles-y hoy-jueves.
La cantidad decreció por 21 pacientes, ya que hoy se registraron 459 hospitalizados y ayer 480.
Entre los 459, 100 están en cuidado de intensivo y 70 respiran con ventilador.
Mientras, hay 48 pacientes pediátricos hospitalizados por el virus, de los cuales cinco están en unidades de cuidado intensivo y dos conectados a ventiladores.
Además, Salud agregó 543 casos relacionados al virus:
El total de resultados confirmados de SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, es de 115,094, de los cuales 61,309 son mujeres y 53,785 hombres.
Asimismo, el total acumulativo de resultados por pruebas de antígenos es de 15,577 (8,294 mujeres y 7,283 hombres).
En cuanto a los casos sospechosos, el total es de 114,877 (66,792 mujeres y 48,085 hombres).
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La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó hoy el pago de lo que llamó «generosos contratos» para gestionar arrendamientos -por un dólar- de escuelas que fueron cerradas.
“Es el colmo de la insensatez que se paguen sumas astronómicas para prácticamente regalar espacios públicos, muchos de los cuales, irónicamente, están hoy ocupados por entidades educativas públicas que cobran ahora por lo que antes el Departamento de Educación (DE) ofrecía gratuitamente”, señaló Santiago.
Las transacciones en torno a las escuelas, poco definidas, según trascendió en una vista pública, el Gobierno las realiza a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), informó Santiago en un comunicado de prensa.
Explicó que en la vista pública la AAFAF alegó no tener conocimiento de los trabajos que realiza determinada corporación, aunque la misma figura en los registros de contratos de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y sus contratos fluctúan entre $50 mil y $200 mil.
La Comisión de Educación, a petición de la legisladora independentista, concedió un plazo de cinco días a la AAFAF para que detalle en qué consiste la asesoría que proporciona dicha corporación, así como la lista de escuelas en desuso arrendadas a entidades con fines de lucro.
Señaló que dicha comrporación ha contratado con la Junta de Planificación por $3 millones y hasta $5 millones y que en el portal de internet se promocionan como que ofrece servicios variados, que van desde asesorar a inversionistas beneficiarios de las leyes 20 y 22, como una variedad muy general de servicios a entidades privadas, pero no menciona entidades gubernamentales.
La senadora independentista indicó, además, que la Junta de Control Fiscal, debe, como mínimo, asignar presupuesto, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o al Departamento de Educación para que atiendan a cientos de escuelas que están huérfanas de mantenimiento.
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La Corporación para la Defensa del Poseedor de Armas de Puerto Rico, mejor conocida como CODEPOLA, inauguró hoy una sucursal en el pueblo de Guayama que se une a la que tienen en Mayagüez y a las oficinas centrales en Trujillo Alto.
En la actividad participó el alcalde de Guayama, Eduardo E. Cintrón; Juan G. Molina, en representación del Secretario del Departamento de Seguridad Pública; el representante a la Cámara Luis R. Ortiz Lugo; el exsenador Nelson V. Cruz Santiago, autor de la Ley de Armas de Puerto Rico 169-2019; Germán R. Monroig Pomales y William Martínez Gómez, comisionado de la Policía Municipal de Guayama.
Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA, explicó que anualmente, los socios de CODEPOLA se benefician de una convención, diversos talleres y seminarios; apoyo de asistencia en la carretera, servicios en Shooter’s Sports Armory, dos sesiones con psicólogos, participación en seminarios sobre la Ley Núm. 168-2019, Ley de Armas de Puerto Rico articulado con el Código Penal que pudiera aplicar al mal uso de armas; representación legal en acusaciones donde se haya utilizado el arma de fuego en legítima defensa o en casos administrativos de revocación de licencia de armas.
“Igualmente, los asesoramos en cuanto a la Doctrina del Castillo, que mediante el Proyecto 39 del Senado de Puerto Rico añadió un nuevo artículo al Código Penal para reconocer el derecho de la ciudadanía a defenderse “legítimamente en su morada, vehículo y otros lugares”, manifestó el presidente de CODEPOLA.
Resaltó que cada miembro de CODEPOLA obtiene representación legal en casos judiciales y administrativos de ocupación de armas y licencias por delitos, querellas y creencias de negligencia; así como el apoyo y seguimiento en el proceso de renovar u obtener nueva licencia de armas en la Oficina de Registros de Armas de la Policía de Puerto Rico.
“Nuestros servicios les dan paz mental a los socios, con tan sólo saber que, si haciendo uso legal del arma para la cual has sido licenciado, la Policía de Puerto Rico les ocupa su arma o la totalidad de las armas, tendrá la asistencia y asesoría de abogados expertos en la Ley de Armas de Puerto Rico”, indicó.
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Dos empleados de un establecimiento de lavado de auto resultaron con lesiones leves cuando el techo del local colapsó debido a la lluvia que cayó la tarde del hoy miércoles, informó la Policía.
El incidente ocurrió en el establecimiento de lavado de autos Los Pulpos, ubicado en los predios del centro comercial Plaza I, en Yauco.
La empleada fue transportada por paramédicos a un hospital en Yauco para ser evaluada, informó la Policía.
El gerente del local explicó a la Policía que, debido a la lluvia, hubo un pequeño deslizamiento de tierra que cayó sobre el techo del local, una estructura de metal y zinc galvanizado, provocando que colapsara.
Tres vehículos de motor, los cuales no fueron descritos y se desconoce el valor de los mismos, resultaron con daños, informó la Policía.
La querella fue investigada por el agente Eduardo Santiago, del Distrito de Yauco.
Por CyberNews
El gobernador Pedro R. Pierluisi dijo hoy -miércoles- que no despedirá empleados del Departamento de Educación, a pesar de las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) para reducir la plantilla de empleados públicos en esa agencia.
“No. Si por alguna razón tenemos un exceso de empleados en el Departamento de Educación, lo que haremos es trasladarlos a otras agencias del gobierno. Para eso tenemos la ley del Empleador Único. Por eso es que yo insisto en que hay que revisar el plan de clasificación y retribución del gobierno para tener unas escalas de pago uniforme que va a facilitar esos traslados”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.
“La política pública de esta administración es de cero despidos”, añadió.
“O sea, que lo que vamos a hacer es utilizar el personal público donde se necesite. Si es verdad que el resulta que hay un excedente en Educación yo estoy seguro que le vamos a encontrar taller a esos servidores públicos en otras áreas del gobierno”, dijo el mandatario.
El ente federal creado bajo la Ley PROMESA, recomendó al gobierno, que el Departamento de Educación debía reducir su plantilla de empleados públicos. En mayo de 2017, la entonces secretaria del DE, Julia Keleher declaró a 2,635 empleados públicos excedentes.
