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jueves, julio 17, 2025
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Ciencias Forenses con 76,128 casos sin examinar

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que han transcurrido hasta 36 años sin que el Laboratorio de Criminalística examinara unos 76,128 casos.  Los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar, el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,156 casos de los cuales 2,245 eran por agresión sexual sin analizar, y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros.

Esta situación contraria a la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales.

La auditoría de 10 hallazgos señala que el Negociado tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte. Además, el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia.

El Informe devela el hallazgo de 13,382 muestras de ADN sin analizar desde diciembre de 2013. Esta situación propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen.

La Junta Directora no preparó ni remitió al gobernador ni a la Asamblea Legislativa del 2015 al 2017, los informes anuales sobre las operaciones del Instituto. El entonces comisionado ni los comisionados interinos tampoco remitieron al secretario de Seguridad Pública, el informe anual de 2018 sobre las operaciones del Negociado.

La auditoría revela la falta de gestiones de cobro, deficiencias con las cuentas por cobrar y funciones conflictivas por el encargado de cobrar. Al 14 de mayo de 2018, quedaban 762 cuentas por $542,501 pendientes de cobro, pero el oficinista 1, no realizaba las gestiones correspondientes. De hecho, del 2016 al 2017, un oficinista 1, realizó las funciones conflictivas de recaudación auxiliar, preintervención, preparación de facturas y registro al cobro. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DB-08-22 del 15 de mayo de 2008.

El Informe identifica múltiples fallas de control en el área de recaudaciones como: la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones. Además, el último informe físico anual que se realizó, data del 2008, y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.  

Otras fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor en los cuales no se realizó el cuadre de millaje vs consumo de combustible, ni se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos. Además, los documentos para decomisar pertenencias (dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras), de los cadáveres reclamados, carecía de información como: el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.

Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Proponen incentivar agente de la DEA que hablen más de un idioma

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La comisionada residente Jenniffer González Colón, junto al representante Scott Peters, presentaron legislación federal (H.R.1296) que daría una bonificación monetaria a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) que tengan dominio de más de un idioma.

El proyecto enmendaría el título 5, del Código de los Estados Unidos, para otorgar autoridad al administrador de la Administración de Control de Drogas para proporcionar una recompensa a los empleados de la agencia con conocimientos en otros idiomas además del inglés.

“Esta medida colocaría a la DEA en la misma posición que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), de poder ofrecer a su personal incentivos por dominar idiomas relacionados a su servicio. Se trata de un trabajo de alto riesgo y estrés, que amerita que los agentes que realicen estas funciones sean adecuadamente compensados y motivados para desarrollar sus habilidades con el fin de promover la retención de personal experimentado. El proyecto es parte de mi agenda para reforzar la seguridad en la isla, esta medida haría atractiva las plazas en la agencia ayudando con la retención de más agentes y se reclutaría más personal con más destrezas para combatir el trasiego de drogas”, explicó González Colón.

“Los agentes de la DEA que sirven en San Diego y en todo el país llevan a cabo operaciones de alto riesgo todos los días para proteger las vidas de los americanos y mantener las drogas fuera de nuestras comunidades. Su trabajo requiere un conjunto de habilidades únicas, y el dominio de otros idiomas puede ser especialmente crítico para el trabajo de la agencia», dijo el representante Peters.

“El proyecto de ley bipartidista que presentamos hoy utiliza bonificaciones especiales en efectivo para incentivar a los empleados de la DEA a mejorar sus habilidades en otros idiomas. Esto asegurará que podamos retener personal experimentado y reclutar candidatos de calidad que ayudarán a mejorar la misión de la DEA», indicó.

La compensación sería de hasta 10% del salario básico a cualquier empleado de la agencia que mantenga dominio de un idioma o idiomas críticos para la misión o que use uno o más idiomas en el desempeño de los deberes oficiales. Ya existe bajo Ley federal 111-117 el que se pueda otorgar este incentivo a empleados del FBI.

Escuelas Privadas esperan por el DE para recibir fondos

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

La presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico, Wanda Ayala de Torres, dijo hoy -jueves- que no han recibido fondos federales del Cares Act y otros programas por la falta de un síndico en el Departamento de Educación.

“Como parte del proceso que lleva el Departamento de Educación hace ya un par de años, se le solicita de parte del Departamento de Educación federal la contratación de un monitor que supervise las transacciones de desembolsos finales, no solo de Cares Act, sino de muchas partidas de fondos federales”, dijo Ayala de Torres en entrevista en Radio Isla.

“Fondos Cares proveía también para unos reembolsos por inversiones hechas en tecnología, que fue lo que sucedió básicamente el año pasado durante el verano, que para que todo el mundo poder ponerse en sintonía, para poder continuar con una educación de calidad de manera virtual, las escuelas, como no había los fondos de momento y había una promesa de reembolso sobre unos equipos, invirtieron en unos equipos tecnológicos para capacitar a sus maestros para que pudieran ofrecer este tipo de educación de calidad desde su casa, o desde donde fuera. Hicieron inversiones también en sus escuelas para que los maestros transmitieran desde la escuela. Y esa cantidad de dinero que era por reembolso por este tipo de compras tecnológicas también está aguantada en este paquete de Cares”, reclamó Ayala de Torres.

La Presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico dijo que la pasada semana se comunicaron por carta con el gobernador Pedro Pierluisi, para dejarle “saber al señor Gobernador que estamos aguantados porque nuestras escuelas no han podido recibir los fondos de Cares Act. Hay todavía desembolsos de equipos que vienen” de un fondo de ayuda luego del paso del huracán María.

“Otro tipo de fondos que pueden ser posteriores, que sabemos que existen porque en reunión con la Comisionada Residente (Jenniffer González) se nos dejó saber de la cantidad de fondos adicionales que hay planificados por el Congreso, que incluyen a Puerto Rico, pero que no vamos a poder tener acceso a esos desembolsos de manera real, aunque hayamos hecho todo el proceso, hasta que no se finalice este proceso de nombramiento del monitor. Por qué eso sucede con las escuelas privadas, si las escuelas privadas no son las que están en sindicatura?, «preguntó Ayala de Torres.

 

Exigencia federal de 2019

Desde junio de 2019 el gobierno federal le exigió al Departamento de Educación en Puerto Rico que tuviera un síndico para garantizar el uso de los fondos que recibiera.

En abril de 2020, 10 meses después de la exigencia del gobierno federal, se seleccionó a la empresa Álvarez & Marsal para que actuara como síndico en Educación, pero no han llegado a un acuerdo en cuanto a lo que esa compañía va a cobrar por sus servicios.

En septiembre pasado el exsecretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que el contrato con Álvarez & Marsal sería por un pago de entre $40 a $50 millones anuales.

Finalmente la cifra a pagar a Álvarez & Marsal por sus servicios durante cuatro años ronda los $150,000,000.

Colegio de Abogados rechaza contrato otorgado a LUMA Energy

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, su Junta de Gobierno y la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del colegio, repudian enérgicamente el contrato otorgado a LUMA ENERGY, LLC y LUMA ENERGY SERVICE, LLC. La colegiación asegura que el contrato representa un desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pone en riesgo el ofrecimiento del servicio eléctrico a la población de Puerto Rico.

En reunión de su Junta de Gobierno, el pasado 20 de febrero, el gremio reclamó el cumplimiento con la Ley 120-2018 en lo que dispone sobre el respeto a los derechos y beneficios contenidos en los convenios colectivos de la AEE, incluyendo términos y condiciones de empleo para los trabajadores no unionados. Además, solicitaron que la AEE pague las aportaciones adeudadas al Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.

«Solicitamos del Gobierno de Puerto Rico decretar nulo el contrato con LUMA por ser leonino y que se paralice todo trámite dirigido a poner en vigor las cláusulas de dicho contrato exigiendo a LUMA la devolución de todos los pagos que la AEE le ha realizado hasta el presente.

Dado que la pureza de los procedimientos requiere una actitud gerencial responsable en los procesos de autorización, el Colegio, censura enérgicamente la práctica de otorgar contratos cuyas disposiciones favorecen arbitrariamente a una parte sobre la otra», expresa la Lcda. Calcaño López.

«El contrato por quince (15) años representa un pago fijo por parte de la AEE a LUMA en el primer año de $70 millones y $13 millones adicionales en incentivos si se cumplen ciertas condiciones; $90 millones en el segundo año y $105 millones en el tercer año, pudiendo aumentar los incentivos hasta un máximo de $20 millones adicionales. LUMA se beneficiará, además de una empresa que ya cuenta con 1.5 millones de abonados y que genera ingresos anuales ascendentes a $3,500 millones.
El contrato de LUMA no estaba presupuestado, el Plan Fiscal de la AEE certificado por la Junta de Control Fiscal en junio de 2020, de entrada, ya supone un déficit operacional para la AEE de $121 millones en el 2021.

El Gobierno de Puerto Rico debe respaldar e implantar los resultados de la investigación sobre el contrato de LUMA producto de la R. del S. 01, aprobada el 28 de enero de 2021 por el Senado de Puerto Rico. Asimismo, debe apoyar la iniciativa contenida en la R. de la C. 136 pendiente ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) es una corporación pública, propiedad del Pueblo de Puerto Rico, creada mediante la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941.

La Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico), dispuso, entre otras cosas: (a) el reconocimiento de que los empleados de la AEE han sido claves en el restablecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María , las disposiciones de la Ley o cualquier contrato de Alianzas Público Privadas o venta o privatización de la AEE no puede ser utilizada por el Gobierno de Puerto Rico para el despido de ningún empleado con puestos regulares en la AEE y que los empleados que opten por permanecer en el Gobierno, serán asignados conforme a los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables.»

Buscan obligar a los médicos a discutir con pacientes los riesgos de los opioides

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticapr.com

 

El Senado tiene ante su consideración un proyecto que propone crear la ‘Ley sobre el Consentimiento Informado en el Uso de Opioides’ en busca de obligar a los médicos a que, antes de recetar opioides, discuta con pacientes, padres o tutores los riesgos de dependencia y adicción a los mismos.

“En los últimos años se ha identificado un aumento en las muertes por sobredosis de opioides, lo cual ha creado una crisis nacional. Estos medicamentos recetados son una de las drogas que más se usan y de las que más se abusa, lo que ha generado problemas de salud graves y hasta la muerte en las personas que las consumen”, informó el senador William Villafañe Ramos, autor de la medida.

Destacó que en los Estados Unidos se estima que mueren más de 100 personas a diario debido a sobredosis de opioides.

«Los opioides y su mal uso se han convertido en un problema grave, especialmente en los jóvenes. Es por ello, que urge legislación mediante la que se procure el derecho de los pacientes y de los padres de estos de conocer si los medicamentos que le están siendo recetados pueden conducir a la dependencia y adicción”, indicó.

Mediante esta Ley, el médico tendrá la obligación de incluir una nota en el récord médico del paciente indicando que el paciente, padre o tutor ha discutido con el médico los riesgos de desarrollar una dependencia física o psicológica de la sustancia controlada prescrita y que la disponibilidad de tratamientos alternativos a los opioides fue discutido.

“Legislación a estos propósitos ha sido aprobada en 18 estados de los Estados Unidos, lográndose una disminución en la cantidad de calmantes para el dolor que son prescritos anualmente, previniendo las instancias del uso desordenado de los opioides y salvando vidas”, indicó Villafañe.

Los opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamento. Incluyen fuertes analgésicos recetados, como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. La droga ilegal llamada heroína es también un opioide. Algunos opioides se producen a partir de la planta del opio, y otros son sintéticos u hechos por el hombre.

Un médico puede recetarle un opioide para reducir el dolor después de haber sufrido una lesión grave o una cirugía. También se los puede recetar si presenta severo dolor por problemas de salud como el cáncer. Algunos médicos los recetan para el dolor crónico.

Acusada de brindar información falsa a la Policía

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Las autoridades acusaron ayer, miércoles, a una mujer por brindar información falsa a las autoridades.

La Policía la identificó como Ashley Y. Santiago Montes de 22 años y residente de Guaynabo.

Según la información suministrada, Santiago Montes relató el pasado 18 de febrero que una persona se apropió de su carro del estacionamiento del centro comercial Plaza Del Sol en Bayamón.

La mujer describió que el presunto individuo vestía de negro, tenía guantes y la amenazó e intimidó.

La fiscal Gracielis Vega radicó un cargo por ofrecer información falsa sobre un delito. Tras analizar la prueba, el juez Rafael Pares encontró causa para arresto e impuso una fianza de $20,000.00.

Santiago Montes prestó la fianza, por lo que está en libertad hasta la vista preliminar.

La agente Wildani Robles de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CICI) de Bayamón investigó el caso. El vehículo fue ocupado.

7% de las 2,016 muertes por COVID son de la Región de Ponce

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

De los 2,016 fallecimientos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico, 144 corresponden a personas de la Región de Ponce, reportó el Departamento de Salud.

Esta cifra representa el 7% del monto total de los decesos.

El número coloca a la región como la penúltima con la menos cantidad de decesos.

La zona incluye a los pueblos de Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco.

Las muertes por región son:

  • Región Metro – 591 (29%)
  • Región de Bayamón – 478 (24%)
  • Región de Caguas – 287 (14%)
  • Región de Arecibo – 238 (12%)
  • Región de Mayagüez – 190 (9%)
  • Región de Ponce – 144 (7%)
  • Región de Fajardo – 71 (4%)
  • Fuera de Puerto Rico – 17 (1%)

Esta mañana, Salud agregó nueve muertes a las estadísticas que corresponden a cinco hombres y cuatro mujeres:

  • Hombre de la Región Metro de 84 años de edad
  • Mujer de la Región Metro de 78 años de edad
  • Hombre de la Región de Bayamón de 76 años de edad
  • Mujer de la Región de Bayamón de 64 años de edad
  • Hombre de la región de Aguadilla d e79 años de edad
  • Mujer de la Región de Arecibo de 59 años de edad
  • Hombre de la Región de Arecibo de 60 años de edad
  • Hombre de la Región de Arecibo de 70 años de edad
  • Mujer de la Región de Ponce de 80 años de edad

Estos fallecimientos ocurrieron entre el sábado, 28 de noviembre de 2020 al miércoles, 24 de febrero de 2021.

De las 2,016 muertes, 1,714 eran confirmadas y 302 probables.

Casos actualizados

Por otra parte, a agencia agregó 328 casos de coronavirus a las estadísticas. De estos, 85 son confirmados, 30 probables y 213 sospechosos.

Todos los casos son de muestras tomadas entre el martes, 9 al martes, 23 de febrero, subrayó el informe.

El total de resultados confirmados a nivel isla de SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, es de 91,919, de los cuales 49,366 son mujeres y 42,553 hombres.

Asimismo, el total acumulativo de resultados por pruebas de antígenos es de 7,700 (4,243 mujeres y 3,457 hombres).

En cuanto a los casos sospechosos, el total es de 78,969 (45,095 mujeres y 33,874 hombres).

Entretanto, 90,223 personas convalecen del virus.

Además, la agencia indicó que hay 184 personas ingresadas en hospitales, 34 de ellas en la unidad de cuidado intensivo y otras 28 conectados a un ventilador. De los 184, 18 son pacientes pediátricos.

COVID en la Región de Ponce: 10 hospitalizados, 5 pueblos en rojo y 1,772 casos nuevos en febrero

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Por Sandra Caquías Cruz

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Región de Ponce, la cual incluye 15 municipios del sur y centro del país, tiene hoy -miércoles- 10 pacientes hospitalizados con coronavirus, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos, ninguno en ventilador y ninguno es pediátrico, confirmó Es Noticia.

Empero, de los 21 municipios que hoy aparecen en alerta rojo, según el Análisis de Transmisión Comunitaria del COVID-19, hay cinco que pertenecen a la región de Ponce. Puerto Rico se encuentran en nivel naranja.

Ningún municipio que -los miércoles- esté en rojo puede abrir escuelas -el lunes siguiente- para ofrecer clases presenciales, reiteró hoy el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, durante una conferencia de prensa.

“Para que la escuela quiera tener la modalidad de clases presenciales uno de los criterios importantes es que su municipio no esté en el nivel rojo”, dijo.

El nivel (color en el mapa) lo determinan con unas guías que estableció el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y son dos las consideraciones en este caso:

  1. incidencia – Casos nuevos en los pasados 7 días.
  2. positividad – % de pruebas que resultaron positivas de acuerdo a la cantidad que realizaron.

Mientras, en lo que va de febrero, el Departamento de Salud ha sumado otros 1,772 casos positivos al coronavirus en la Región de Ponce.

La cantidad de casos acumulados al 1 de febrero era de 15,557 (incluye pruebas moleculares, antígenos y anticuerpos). Mientras, en el informe de hoy 24 de febrero esa cifra es de 17,329 casos positivos.

Municipios en rojo:

Región de Ponce:

  • Ponce
  • Juana Díaz
  • Peñuelas
  • Santa Isabel
  • Jayuya

Otros municipios en rojo:

  • Aguadilla
  • Añasco
  • Barranquitas
  • Cabo Rojo
  • Cataño
  • Hatillo
  • Isabela
  • Lajas
  • Lares
  • Loíza
  • Maricao
  • Morovis
  • Naranjito
  • Quebradilla
  • Rincón
  • Sabana Grande

Fuente: Departamento de Salud

Salud reacciona ante hallazgo de vacunas en Morovis: “Hay un mal manejo”

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado López, catalogó el viernes, que en Puerto Rico existe un “mal manejo” de las vacunas ante el hallazgo de vacunas por un ciudadano en Morovis.

“Cuando hay mucha gente esperando por la vacuna en Puerto Rico, en el pueblo de Morovis aparecen dos dosis de Moderna con dos jeringuillas. Demás está decir que ya me comuniqué con el secretario de Seguridad Pública y ya nuestro personal de investigación está en Morovis entrevistando a la persona que encontró la nevera y otras personas”, dijo Mellado López en conferencia de prensa.

“Demás está decirles que, ya llegando a los 10 mil pies de altura, hay un mal manejo”, añadió.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa qué pasó”, expuso.

La Policía informó en la tarde, que un ciudadano se percató en la carretera del sector La Alianza de la Calle Girasol del Barrio Barahona en el pueblo de Morovis, de una caja de cartón que en su interior contenía vacunas del Covid-19.

Según la Uniformada, informó el ciudadano el cual llego al Cuartel Municipal de Morovis, que encontró una caja de cartón que en su interior contenía una nevera color blanca, con jeringuillas y una cajita con vacunas de la Compañía Moderna.

Además, durante la conferencia de prensa, Mellado López informó que se añadieron dos casos ocurridos en enero de la nueva cepa del COVID-19 en el área oeste. La Ponce Health Sciences University fue quien detectó los casos que fueron llevados a análisis ante el Centro de Control de Enfermedades (DCD, por sus siglas en inglés) y aseguró que no existe datos de la propagación de esta cepa del COVID-19 en la Isla.

 

Denuncian que hay más aumentos al transporte que no se han anunciado

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

Tras salir a la luz pública los aumentos en tarifas a distribuidores por cargos de montaje y descarga en puertos, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, denunció el miércoles, que hay más aumentos a cargas, en cuanto a transportistas que van de un 35 por ciento hasta un 300 por ciento.

“Recientemente, advenimos en conocimiento que el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) aprobó un nuevo reglamento durante el periodo de pandemia, y eleccionario, lo que indudablemente, contribuyó a que no hubiera la participación multisectorial al momento de aprobar un cuerpo de reglas, con la trascendencia e importancia para la economía del país, como lo es este Código. Nos preocupa sobremanera, que adicional a un fuerte aumento, continúe otras disposiciones que son muy onerosas y complejas de implantar”, señaló Báez en comunicación escrita.

“Es importante destacar, que de ninguna manera se pretende que los operadores de vehículos comerciales sean tratados de forma injusta o irrazonable, nuestro pedido al Gobierno ha sido que este reglamento, el cual se aprobó a la carrera, quede sin efecto y se trabaje un documento producto de un análisis de mercado e impacto económico, balanceado y atemperado a la crítica realidad económica que las empresas atraviesan en Puerto Rico”, añadió Báez.

Cabe destacar, que varios líderes del sector privado y la Junta de Control Fiscal han levantado bandera sobre el impacto que este nuevo reglamento tendrá en la economía. Sin embargo, no ha habido acción al respecto y se ha mantenido el asunto fuera de la palestra pública.

“Es importante que todos reconozcamos la relevancia que tiene la industria de acarreo para todos los sectores comerciales del país y para lograr la reconstrucción de la economía de Puerto Rico, esto, sumado al aumento en muelles, pondrá a muchos negocios en pérdida y a muchos transportistas sin empleo”, informó Báez.

“Agradecemos y nos unimos a las expresiones del Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, denunciando en contra de estos aumentos tarifarios, que no son cónsonos al desarrollo económico de Puerto Rico”, concluyó Báez.

Las principales preocupaciones del sector privado van desde la imposición de multas de 10,000 dólares por parte del NTSP por no implantar nuevas tarifas, a pesar de que hay empresas con contratos anuales con los transportistas, restricciones en tiempo y distancia de entrega que no consideran la realidad de las operaciones ni su ubicación física o accesos de las compañías, entre otras. Se está esperando por que el NTSP acate una solicitud de la Junta de Control Fiscal de dejar estos aumentos sin efecto.

De acuerdo con el censo económico del 2012, el Negocio de Transportación y Almacenamiento generó 1,918 millones de dólares de ingreso distribuidos en 918 establecimientos. Un aumento de 45 por ciento en promedio, que implicaría un aumento potencial de 857 millones de dólares en los costos de operación de los negocios en Puerto Rico.

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