PONCE – El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura Federal (FNS por sus siglas en inglés) aprobó la emisión especial de $23.8 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para ser desembolsados -a partir de mañana viernes 6 de marzo- a familias participantes del PAN en los 25 municipios afectados por los terremotos.
“Solicitamos al gobierno federal activar el desembolso de fondos de emergencia para continuar aliviando esas carencias y para apoyar a las familias damnificadas con un desembolso adicional en este mes de marzo”, explicó el secretario interino del Departamento de la Familia, Eddie A. García Fuentes.
Aproximadamente, unos 395 mil participantes se beneficiarán de este desembolso, lo que representa el 40.7% de las 706,716 familias que el PAN tenía registradas al pasado 31 enero.
Los 25 municipios incluidos en la Declaración Presidencial de Desastres para Asistencia Individual son los siguientes (con su correspondiente por ciento poblacional beneficiado):
Adjuntas (49.6%)
Arecibo (47.7%)
Cabo Rojo (34.22%)
Ciales (59.5%)
Corozal (52.2%)
Guánica (53.2%)
Guayanilla (55.5%)
Hormigueros (39.6%)
Jayuya (58.6%)
Juana Díaz (44.0%)
Lajas (49.8%)
Lares (64.3%)
Las Marías (58.8%)
Maricao (48.3%)
Mayaguez (43.8%)
Morovis (47.4%)
Orocovis (62.3%)
Peñuelas (59.1%
Ponce (48.3%)
Sabana Grande (43.6%)
San Germán (45.4%)
San Sebastián (56.3%)
Utuado (52.0%)
Villalba (58.3%)
Yauco (49.6%)
Castañer
Este pago no representa un aumento fijo, sino un alivio ante la necesidad alimentaria de las familias afectadas en los municipios en la declaración de zona de desastre que estaban activas en el mes de enero de 2020. Las fechas de los pagos este mes de marzo corresponden a los días 6, 7, 10,12,14,16,18,20 y 21 de marzo.
El funcionario informó que las familias damnificadas han recibido otras ayudas alimentarias entre las que se encuentran los alimentos servidos por el programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación, la ayuda alimentaria de la asistencia por Desastres de FEMA, de la Guardia Nacional de Puerto Rico y los alimentos del programa de alimentos TEFAP del Departamento de la Familia, además del PAN.
“Nos complace que las autoridades federales dieran su visto bueno a este desembolso que va en un 100% a las familias del programa. Los participantes no tienen que acudir a una oficina local para recibir el beneficio. Este se reflejará en sus cuentas de EBT en la fecha que les corresponde recibir su beneficio mensual, con excepción de aquellos cuyo dígito de seguro social termina en 0, quienes también recibirán el beneficio el mismo día que los participantes del dígito 1 el viernes 6 de marzo”, explicó.
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero José Ortiz, reveló hoy que la Central Costa Sur saldrá del sistema en el año 2023, a pesar de las reparaciones que se realizarán a las unidades 5 y 6.
“El Plan de Recursos Integrales indica que Costa Sur, una de las unidades debe salir de operaciones en el año 2022. La segunda unidad sale fuera en el año 2023. Y es porque para esos años debemos estar integrando energía renovable para reemplazar los combustibles fósiles. Ese el Plan de Recursos Integrales de acuerdo a la ley. Debo decir que hace 5 meses atrás pedimos darle un poco más de vida a Costa Sur, porque es bien económica dentro de lo vieja que es la facilidad. Pero básicamente la contestación del Negociado de Energía fue que no, que cuando llegara el Plan de Recursos Integrales se decidiría. Pero realmente, con la situación del terremoto, no creo que Costa Sur pueda ir más allá de lo del Plan de Recursos Integral”, dijo Ortiz a la prensa.
Descartó que en el terreno donde ubica Costa Sur en Guayanilla se vaya a construir alguna facilidad nueva.
“Yo no lo creo, no lo creo, porque si todo madura como pinta, de acuerdo a la ley para el 2025, tenemos que tener el 40 % de energía renovable. Al nosotros tener 1,800 megavatios que es lo que estamos buscando de aquí al 2025, pues es mucho más de los 820 (megavatios) de Costa Sur. Entonces, las plantas más viejas van desapareciendo y esa es la situación que ocurre con Costa Sur”, argumentó Ortiz.
Las expresiones de Ortiz se dieron luego de una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía que preside el representante, Víctor Parés Otero, en torno a una resolución que ordena investigar el futuro de la Central Costa Sur.
“Básicamente el terremoto lo que hizo fue adelantar lo que iba a pasar de aquí a un año”, sostuvo.
El director ejecutivo de la AEE mencionó en medio de la vista pública, que para antes de fin de año espera terminar los trabajos en las unidades 5 y 6 de Costa Sur.
“Lo que a mí me preocupa es el verano. En términos de demanda, los meses de mayor demanda son junio, julio, agosto y septiembre. Para cubrir esos meses, nosotros estamos trabajando con una petición de propuestas que debe salir la semana que viene- y el Negociado de Energía nos la entregó con sus comentarios- y debemos en unos tres meses, o sea, ya para junio deberíamos tener generadores de emergencia suficiente para que nadie se preocupe por los meses de más alta demanda. Estamos pidiendo 500 megavatios de energía adicionales, que hoy día no existen. Esta generación de emergencia, asumiendo que FEMA la va a pagar y que es elegible, queremos ver qué otras cosas podemos hacer a largo plazo”, expuso Ortiz.
Explicó que la Unidad 2 de Aguirre de 450 megavatios, que estuvo fuera de servicio por un año, entrará en servicio en las próximas semanas. Según Ortiz, con esos 450 megavatios de Aguirre y los 500 megavatios adicionales con generadores de emergencia, es suficiente para cumplir con la alta demanda de consumo en los meses de verano.
Mencionó, por otro lado, que los trabajos que se vayan a hacer no pueden afectar la reclamación al seguro.
“Los trabajos que vamos a llevar a cabo allí, tenemos que velar por que podamos mantener la cubierta y la elegibilidad. Si nosotros hacemos algo, tenemos que tener mucho cuidado que le causemos daño a la planta en general, sin cumplir con el consentimiento de los expertos que el seguro y FEMA están respetando”, añadió el funcionario.
El presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico y Energía, Víctor Parés Otero, insistió en que quería conocer si la planta Costa Sur se podría utilizar prontamente, por lo que convocó a inspecciones oculares en la planta.
Mencionó que su preocupación estriba en que si los seguros y FEMA no pagan, habrá problemas en la AEE.
“El aspecto de los 70 millones de dólares que es un número impresionante, yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra en una situación crítica retóricamente, así que, si el seguro no paga como ha ocurrido en otros casos, con María que no pagaron los seguros y si FEMA tampoco paga, pues es un impacto a la autoridad bien fuerte”, advirtió Parés Otero.
“Yo espero, y voy a dar seguimiento y voy a hacer hincapié en ese sentido, que ese costo no pase al cliente”, añadió el legislador.
En ese sentido, el director ejecutivo de la AEE descartó que se aumente la factura de energía de utilizar plantas generatrices de emergencia.
“Asumiendo la elegibilidad de FEMA, que debe ser porque se declaró una emergencia federal, pues ciertamente no lo va a pagar el pueblo. El pueblo no va a apagar un centavo por esas unidades generatrices”, concluyó Ortiz.
La alcaldía de Barcelona, capital de la región autónoma de Cataluña en España, enfrenta una curiosa disputa que involucra partidos políticos, el Instituto de Cultura de Barcelona y algunos vecinos del barrio Sarrià, donde los premios Nobel, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, vivieron a muy poca distancia uno del otro entre 1970 y 1974.
Según la periodista Cristina Segura, del diario El País, la disputa trata sobre cómo canalizar el interés de homenajear a los dos escritores.
El partido del ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, Barcelona pel Canvi, que favorece que Cataluña permanezca unidad con España, ha pedido a la alcaldía un homenaje a los escritores.
Pero los partidos independentistas no han mostrado interés en homenajear a Vargas Llosa, quien es un férreo defensor de la unidad de España.
El gobierno municipal, formado por una coalición de la que es parte el Partido Socialista de Cataluña, respondió que la distinción planteada no podía concretarse porque la normativa local establece que para asignar el nombre de una persona a una calle deben pasar cinco años de su muerte.
Vargas Llosa sigue vivo y el próximo mes de abril se cumplen seis años de la muerte de García Márquez.
El Instituto de Cultura de Barcelona (ICB) plantea que una placa conmemorativa sí puede instalarse sin necesidad de que su protagonista haya fallecido.
En el ICB prevén llegar a un acuerdo con los vecinos del edificio donde residió García Márquez para colocar una señalización en la fachada.
Hasta ahora los vecinos se habían resistido a que se instalara la placa por temor a convertirse en un foco de atención.
El Ayuntamiento también tiene previsto inaugurar en 2021 una nueva biblioteca en el distrito de Sant Martí que llevará el nombre del escritor colombiano.
El ICB añade que también evalúan dedicarle una calle a García Márquez e identificar la residencia que ocupó Vargas Llosa, aunque no hay un plan concreto para hacerlo. Un portavoz de los socialistas catalanes asegura que son partidarios de esta iniciativa para significar la vida de los dos escritores en Sarrià, pero que deben estudiar cuál es la mejor manera de lograrlo.
Los partidarios de Valls prefieren colocar un recordatorio en el pavimento, frente a los dos edificios en los que habitaron los escritores.
Y aunque a los independentistas no les llame la atención celebrar a Vargas Llosa, el ICB defiende que es el único autor vivo que es reconocido en el mapa oficial de rutas literarias de la alcaldía.
Otras posiciones defienden incluir en el homenaje que finalmente se decida a la agente literaria Carmen Balcells, quien fue la responsable de que Vargas Llosa y García Márquez residieran en el barrio Sarrià, a donde también fueron a visistar otros autores como José Donoso o Carlos Fuentes, todos integrantes del boom latinoamericano, el movimiento literario que revolucionó la literatura mundial y tuvo como capital a Barcelona.
La División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía divulgó hoy nuevas fotografías de un hombre buscado por supuestamente cometer hurto de identidad y apropiaciones ilegales.
Según el informe policiaco, el sujeto colocó en cajeros automáticos un “skimmer”, que es un dispositivo electrónico lector de cintas magnéticas para los meses de noviembre y diciembre 2019 y enero y febrero de 2020.
El dispositivo fue colocado en los cajeros automáticos de la Avenida Universidad en Río Piedras, en el supermercado Supermax De Diego, la placita de Santurce, el cajero automático de Oriental Bank de Santurce y en el cajero automático en la calle Tetuán en el Viejo San Juan.
De esta manera, el sujeto obtuvo la información de clientes de diferentes instituciones bancarias, según arrojó la pesquisa de la Uniformada.
En este caso las pérdidas no han sido estimadas, por lo que se le solicita a los clientes que hayan utilizado dichos cajeros automáticos en las mencionadas fechas, que monitoreen sus cuentas bancarias y de encontrar alguna anomalía reportarlo inmediatamente al banco o a la División de Robo a Bancos, quienes tienen a cargo toda la investigación.
De poseer información que ayude con esclarecimiento de este caso, favor de llamar a Robo a Bancos al 787-782-9006 y 787-343-2020. También pueden usar la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .
La legislatura realizará mañana viernes una vista pública para evaluar la viabilidad de que no se le impongan multas y penalidades a los ciudadanos que como medida de precaución, para evitar un posible contagio del Coronavirus, cancelen viajes aéreos, vacaciones de crucero y reservaciones en hoteles.
Las legisladoras, Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez, anunciaron que representantes de las líneas aéreas JetBlue, Iberia, y American Airlines figuran entre los deponentes que participarán mañana viernes en la vista pública.
“El norte de esta vista pública es ver cómo podemos ayudar a nuestros ciudadanos que compraron boletos, hicieron reservaciones o adquirieron paquetes de viaje, y se han visto precisados a cancelar o posponer sus planes debido al Coronavirus. Muchos destinos han cerrado áreas turísticas, lugares de interés y hasta se han cancelado eventos como consecuencia directa de este virus. No es justo que nuestra gente tenga que pagar una penalidad, multa o cualquier otro tipo de pago por esto. Queremos que la industria nos diga que van a hacer al respecto”, señaló Mas Rodríguez en comunicación escrita.
La vista pública está pautada para las 10 de la mañana en el salón de audiencias Santiago Polanco Abreu, mejor conocido como Audiencias 2. También estarán presentantes el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes, Puerto Rico Viaja, Cruceros to Go, la empresa operadora del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Aerostar, y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
Además, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico tendrá participación de la vista.
“La intención de esta Comisión es proteger a nuestros consumidores ante la avalancha de cancelaciones y posposiciones de viaje causadas por el Coronavirus. Esperamos que la industria turística entienda la situación e implemente medidas para anular penalidades por cancelaciones. No es justo y no vamos a permitir que se penalice otra vez, porque tener que cancelar o cambiar fecha de un viaje por este virus equivale a una multa, a nuestra gente. Vamos, juntos, a buscar una alternativa viable y real para ayudar a los consumidores”, añadió Lebrón Rodríguez.
La vista se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 54, la cual ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros proteger los derechos de los consumidores y velar por los procedimientos, legislación y asuntos relacionados a la banca y seguros en Puerto Rico.
El equipo de campaña del presidente Donald Trump demandó el martes al Washington Post, acusando al diario de difamación por dos artículos de opinión publicados el año pasado que, según la denuncia, afirmaban falsamente a la campaña de conspirar con Rusia.
La demanda, presentada en Washington, se dio una semana después de que de que el grupo de campaña también demandó al The New York Times por difamación debido a un editorial en la que se hacía mención de un toma y daca entre Trump y Rusia.
La demanda contra el Washington Post cita un artículo de opinión del 13 de junio escrito por Greg Sargent en el que se indicaba que Trump “intentó conspirar con” un “extenso y sistemático” ataque ruso en contra de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.
También citó un artículo de opinión de Paul Waldman publicado el 20 de junio en el que preguntó: “¿Quién sabe qué tipo de ayuda le darán Rusia y Corea del Norte a la campaña de Trump ahora que los ha invitado a ofrecer su ayuda?”
“Las declaraciones fueron y son 100% falsas y difamatorias”, dijo en un comunicado Jenna Ellis, alta asesora legal de la campaña de Trump.
Kristine Coratti Kelly, vicepresidenta de comunicaciones del diario, comentó que era “decepcionante ver al comité de campaña de un presidente recurriendo a este tipo de tácticas y defenderemos vigorosamente este caso”.
Trump ha criticado el escrutinio de los medios y ha arremetido reiteradamente contra el periódico y su propietario, el fundador de Amazon Jeff Bezos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) dijo que ninguna de las demandas tiene mérito.
“Cualquiera a quien le importe la Primera Enmienda debería tener problemas con los repetidos intentos por parte de la campaña de Trump por castigar e intimidar a los detractores del presidente”, dijo Brian Hauss, abogado del Proyecto Libre Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU al referirse sobre la demanda en contra del Post.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el jueves que el Tribunal de Apelaciones paralizó la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia que daba un plazo de 24 horas para que se reinstalara en su puesto de carrera al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo.
“A nuestro juicio, la orden emitida por el juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas, de ordenar al Municipio de San Juan la reinstalación de Carlos Acevedo en 24 horas es contraria a derecho e innecesaria, ya que el Municipio reinstaló a Acevedo en su puesto desde el pasado 27 de enero. El martes en la tarde radicamos un recurso de apelación y solicitud de auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones para que en ese foro se atiendan los planteamientos que hemos presentado”, declaró Cruz Soto.
La alcaldesa sostuvo que el Municipio de San Juan ha actuado conforme a los reglamentos y leyes aplicables en este caso.
“Con esta orden del Tribunal de Apelaciones se mantiene el orden correcto de las cosas, que es que el señor Acevedo fue reinstalado de empleo, pero continúa suspendido con paga conforme a los reglamentos”, afirmó.
La funcionaria también explicó que “en la moción presentada el martes en la tarde en el Tribunal de Apelaciones, explicamos que era necesario paralizar la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia por entender que la misma atenta contra el poder jurídico que la ley pone en manos de los municipios para investigar la conducta de sus empleados en el desempeño de sus funciones”.
Acevedo fue reinstalado en su posición como Ayudante Administrativo en la Oficina de Manejo de Emergencias de San Juan, y recibe su salario, pero se mantiene suspendido de empleo, mientras se realiza una investigación sobre la controversia en la que estuvo involucrado a causa de un almacén con suministros ubicado en La Guancha de Ponce.
En su decisión el juez Cuevas había indicado que «utilizar como pretexto los eventos acaecidos por el hallazgo del almacén de suministros en Ponce y la posterior destitución del Sr. Acevedo de su cargo de confianza a nivel estatal, para inventarse una justificación que le permita demostrar que no aceptará al peticionario en su empleo de carrera, es una acción temeraria y caprichosa. Esta acción no es más que una afrenta a nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado al señor Acevedo hasta la ignominia. Este tribunal no le hará eco a semejante proceder que violenta los derechos del individuo”.
En otra parte de la setencia apelada el juez Cuevas dijo que “esto no significa que los demandados tienen que reinstalar al señor Acevedo en el mismo puesto que tenía anteriormente, sino que tiene la opción de ese puesto o uno similar. Lo que no puede hacer el municipio es utilizar la reinstalación de sueldo como subterfugio para incumplir con su deber ministerial”.
El municipio de Yauco aún no tiene una fecha para el reinicio de las clases en el sistema público de enseñanza y tampoco han comenzado los trabajos para instalar las carpas temporeras y toda la infraestructura necesaria, lo que mantiene en estado de total incertidumbre sobre el comienzo del segundo semestre escolar a 4,000 estudiantes y cientos de maestros y personal de la comunidad escolar de 15 escuelas.
En las pasados dos semanas las clases del sistema público se fueron reinicando paulatinamente en los municipios del suroeste afectados por los sismos en carpas temporeras con excepción del municipio de Yauco, en el que aún no han comenzado los trabajos previos para la instalación de las carpas, que buscan establecer conexiones de agua, luz y otras infaestructuras necesarias para proveer los servicios a la comunidad escolar.
“Es una situación muy frustrante. Me preocupa que no se haya dicho nada sobre el reinicio de las clases. Se nos había dicho que las clases se reanudarían el 24 de febrero y que Educación se proponía reubicar ocho escuelas en carpas en el estacionamiento del estadio municipal pero no ha pasado. Como no había habido un movimiento mayor de parte de Educación yo hice el reclamo de que se tenía que terminar esta incertidumbre en el municipio”, dijo el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres.
El alcalde sostuvo que ayer tuvo una conversación con el secretario de Educación, Eligio Hernández, quien le indicó que se necesitaba un $1 millón para esos trabajos y que aún la Junta de Supervisión Fiscal no había aprobado esa asignación.
Torres agregó que el secretario le dijo que ya la OIficina de Gerencia y Presupuesto había realizado la solicitud a la Junta de Supervisión Fiscal para el desembolso de $1 millón.
No obstante, el alcalde dijo que desconoce cuándo se iniciarán los trabajos para la instalación de las carpas y la fecha real para el reinicio de las clases. Agregó que en medio de la incertidumbre de parte de Educación, las fundaciones Ser y Ricky Martín han apadrinado una escuela en Yauco y otras entidades han donado carpas.
“El secretario tendrá hoy y en los próximos días unas reuniones con la comunidad escolar en la que se hablará cómo manejar la situación emocional de los estudiantes y yo espero que se anuncie la fecha para el reinicio de las clases”, dijo Torres.
El informe sobre el almacén en Ponce con suministros de emergencia que no fueron entregados a los damnificados por los terremotos y que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, tiene cinco páginas y once anejos, aunque su contenido continúa siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados.
El documento fue revisado en cámara este martes en la tarde por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien determinará si el mismo será entregado en parte o en su totalidad como resultado de la demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Luego de una resolución emitida el viernes por el Tribunal en el caso de la ASPPRO y el CPI, el Gobierno tenía hasta este martes, a las 2:00 pm, para expresarse y justo a la 1:50 pm, presentó una moción de reconsideración acompañada de una declaración jurada del actual comisionado del NIE, Héctor López Sánchez.
El Gobierno además informó el martes que la fiscal Elba Acevedo del Departamento de Justicia estaba disponible para llevar copia del informe en sobre sellado a la jueza Roques Arroyo con el objetivo de que esta lo revisara y luego lo devolviera a la fiscal. La jueza emitió una orden requiriendo a la fiscal que compareciera a su sala antes de las 5:00 pm de ese día para entregar copia del informe.
De las mociones se desprende que la fiscal del Departamento de Justicia entregó a la jueza el informe en el sobre sellado para su inspección. El Gobierno además, reclamó a la jueza que guardara el informe en una bóveda.
La jueza ya concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. No obstante, por prudencia judicial, ya que el Gobierno alega que el informe contiene impresiones de los agentes del NIE sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta examinada, así como la identificación de los testigos entrevistados y el testimonio ofrecido, procede la inspección en cámara del documento en controversia. Con la inspección en cámara el Tribunal podrá “evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada”.
El gobierno radicó ese mismo día una solicitud de orden protectora solicitando que “luego del examen en cámara, se emita la instrucción correspondiente para que dicho documento permanezca en sobre sellado en bóveda… en aras de preservar a todas las partes su derecho a cualquier trámite ante los foros apelativos”.
El miércoles, la defensa de la ASPPRO y el CPI radicó una moción en la cual se opuso a esa petición de orden protectora. “La jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo ha dispuesto reiteradamente que, como resultado de un examen en cámara, el foro de instancia identificará si todo o parte del documento en controversia está protegido por alguno de los privilegios invocados por el Estado. De no estarlo, se ordenará la divulgación inmediata del mismo, o de aquellas partes que no estén protegidas por privilegio alguno”, indica la moción.
Comienzan a conocerse algunos detalles
La declaración jurada de López Sánchez indica que luego de que se iniciara la investigación encomendada por la Gobernadora el 18 de enero, al día siguiente se realizaron entrevistas a testigos que son empleados públicos y se inició una comunicación con fiscales auxiliares adscritos a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Dice la declaración jurada de López Sánchez que se coordinó para que estos fiscales fueran a la oficina del NIE en Ponce con una taquígrafa ante la posibilidad de tomar declaraciones juradas a varios testigos que ya habían sido entrevistados. Además, se requirió la producción de documentos mediante subpoena al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
Los agentes del NIE entrevistaron también a testigos en sus oficinas en Ponce y tuvieron una reunión entre los fiscales y personal del NIE en la cual discutieron los pormenores del caso, dice la declaración del Comisionado.
Origen del informe y del litigio
El pasado 18 de enero varios ciudadanos identificaron un almacén del Gobierno con suministros guardados desde poco después del paso del huracán María, hace más de dos años, en el área de La Guancha, en Ponce. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced dijo que desconocía del almacén y su contenido y ordenó al secretario de Estado Elmer Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas. El NIE entregó el informe el 20 de enero, pero no se hizo público, distinto a lo que había dado a entender la Gobernadora.
Varios funcionarios han afirmado que la Gobernadora sí conocía de la existencia del almacén de Ponce y de los suministros allí guardados. Así lo han afirmado la exsecretaria de la gobernación Zoé Laboy, y el exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
Tras el hallazgo del almacén, tanto la Gobernadora como el secretario de Estado afirmaron en múltiples ocasiones que la agencia a cargo de la investigación era el NIE.
“He ordenado al secretario de Estado, Elmer Román, realizar una investigación minuciosa sobre las alegaciones de mal manejo de suministros en un almacén en Ponce, donde se alega que había suministros desde el paso del huracán María. He dado 48 horas para la realización de la misma”, dijo la Gobernadora el 18 de enero.
El informe producido por el NIE es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced, pero su defensa por otro lado alega que el mismo es parte de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, aunque la misma inició luego de que se entregó el informe de la investigación a la Gobernadora. El Gobierno alega que el documento constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo, y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido.
La defensa del Gobierno supone que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que estas agencias trabajan en coordinación, aunque el NIE ya no es parte del Departamento de Justicia desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. La jueza estableció que “esta alegación del Gobierno está huérfana de disposición estatutaria conocida que la fundamente, y las partes peticionadas tampoco identificaron ley alguna en apoyo de esta aseveración”.
Los demandantes plantean que el informe debe producirlo la agencia que lo originó, que es el NIE, o quien lo ordenó y lo recibió una vez estuvo listo, que fue la gobernadora Vázquez Garced, y que el mismo es un documento distinto y separado de la investigación que realiza el Departamento de Justicia.
Una segunda demanda para obtener el mismo informe fue presentada por la Cámara de Representantes y ese caso se encuentra en el Tribunal Apelativo.
Alcalde de Peñuelas había advertido al existencia del refugio:
El saliente director del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff, no negó ni confirmó si durante el periodo electoral se realizará el arresto de un político activo como parte de las pesquisas por corrupción que mantiene el organismo federal.
“Para casos específicos no podemos ni negar no confirmar. Pero la política pública dice que comenzando en esta fecha se tiene que dar la aprobación, así que tenemos que determinar caso a caso”, indicó Leff.
El funcionario explicó que existe una política pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que limita el procesamiento de políticos activos durante el proceso electoral.
Leff zseñaló que tales arrestos se pueden realizar en determinadas circunstancias, las cuales no explicó. No obstante, reiteró que para arrestar a un político durante el proceso electoral, la fiscalía federal en Puerto Rico tiene que pedir autorización al Departamento de Justicia en Washington.
Leff también mencionó que hay unas personas que ya saben que son investigadas por delitos de corrupción.
“Hay un grupo de corruptos que sabemos bien que ellos son corruptos, pero esperamos el momento en que tengamos toda la evidencia. Fueron actos del pasado, pero ellos no pueden esconderse por siempre, solamente esperamos por el momento en que tengamos todas las partes necesarias para lograr el caso. No pueden esconder la evidencia, podemos entrevistar a personas, recibir documentos y esos corruptos que saben lo que hicieron ellos necesitan preguntarse todos los días ‘este será el día que mi co-conspirador va a arribar al FBI o posiblemente ya ha arribado a nuestra puerta. Vamos a continuar con estas investigaciones y siempre va a haber más y más casos exitosos”, sostuvo el saliente director del FBI.
En la rueda de prensa ayer se presentó al nuevo director del FBI, Rafael Riviere Vázquez, quien tomará el cargo a partir del 15 de marzo. Expresó que como parte de sus prioridades figura darles seguimiento a los casos de corrupción.
“Yo no tengo una diferente de la de Leff o que cualquier director tuvo. Es sencillamente proteger al público y en Puerto Rico corrupción es algo que le interesa mucho al público y a nosotros también. Esas cosas que ya están corriendo y nuestros agentes están investigando voy a continuar el trabajo”, expresó Riviere Vázquez.
Sobre casos específicos, Leff confirmó que la investigación sobre empleados fantasmas en la Legislatura continúa.
En cuanto al asesinato de la joven transexual Alexa Torres, el director del FBI mencionó que la jurisdicción y la investigación continúa en manos de la Policía de Puerto Rico.
