Por Redacción Es Noticia

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El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano dijo el jueves que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y la fiscal Phoebe Isales visitaron las oficinas centrales para buscar información que los ayude con la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre la fallida compra multimillonaria de pruebas rápidas (test kits) de COVID-19 coronavirus.

“(La información) es de personas particulares. Pidieron información del (ex) secretario, la (ex) subsecretaria, de (Mabel) Cabezas y Adil (Rosa)”, dijo el secretario de Salud en conferencia de prensa. Reproductor de audio00:0000:00Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

“Por lo menos esos cuatro nombres y una gran cantidad de nombres, de emails. El Departamento retiene la información por 10 años. Así que la información está ahí”, añadió.

El secretario mencionó que hubo una primera  el miércoles y se firmó un acuerdo para liberar toda la información necesaria.

“Hoy fue más específicamente. Estos son investigadores forenses que saben sacar la información de los servidores. Tienen luz verde para liberar todo lo que tenga que ver sobre el caso en discusión. Y el que este fuera de la ley que pague con todas las consecuencias posibles”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza,  Osvaldo Soto García expresó que al momento no se le ha solicitado ninguna información de ninguna entidad investigativa estatal, federal o legislativa.

“Pero la gobernadora ha sido bien enfática en que todos los funcionarios cooperemos”, expuso Soto García.

En la investigación que realiza la Cámara de Representantes se ha mencionado en varias ocasiones la supuesta intervención de la ayudante de la gobernadora, Marisol Blasco, con la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que supuestamente firmara en un plazo de 20 minutos una orden de compra que no había visto. Además, salió a relucir la figura de la subsecretaria de la gobernación Lillian Sánchez, que supuestamente fue copiada y/o en varios correos electrónicos y/o mensajes de textos, referentes al proceso de compras del Departamento de Salud.

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El presidente del Senado, Tomas Rivera Schatz, le recomendó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que presente una medida legislativa para convertir en ley la inmunidad que por orden ejecutiva le concedió a las facilidades y profesionales de la salud durante la emergencia del coronavirus.

Por medio de un twit Rivera Schatz le indicó a la gobernadora que la manera correcta y legalmente viable de conceder la inmunidad es por medio de una ley  y no a través de una orden ejecutiva.

“La iniciativa para concede inmunidad civil a los profesionales de la salud por la gobernadora Wanda Vázquez Garced es lo justo y correcto. Ahora bien, tiene que ser por legislación. Le solicito a la gobernadora que presente el proyecto y lo respaldaremos. Hay que agradecer el esfuerzo y sacrificio de nuestros médicos y protegerlos dentro de unos criterios de razonabilidad. Es lamentable que tengamos personajes, constantemente, en la obstinación de hacer lo bueno, enemigo de lo perfecto. Una buena iniciativa se apoya, no se demoniza”, sostuvo Rivera Schatz en su cuenta de Twiter.

La Orden Ejecutiva pretende conceder inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asistan al gobierno durante la duración de la emergencia. Eso incluye hospitales generales y especiales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de rehabilitación, facilidades de cuidado extendido, casas de salud, centro de enfermedades renales, incluyendo unidades ambulatorias de hemodiálisis, centros de cirugía ambulatoria, programas de servicios de salud en el hogar entre otros. 

Los profesionales de la salud definidos en el documento son todos aquellos autorizados a proveer servicios de cuidado de salud mediante licencia, certificación o autorización emitida por el gobierno.

El efecto real de la iniciativa de la gobernadora es que los ciudadanos con daños permanentes causados por el coronavirus o los familiares de ciudadanos fallecidos a consecuencia del virus no podrían presentar demandas por daños contra médicos y hospitales, aunque exista evidencia de que la muerte o los daños físicos causados por la enfermedad fueron consecuencia de la negligente atención prestada por los médicos y los hospitales.

La inicitiva de Vázquez Garced fue rechazada por la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, quien indicó que la inmunidad debería venir por parte de la Asamblea Legislativa y no por decreto ejecutivo.

“Entendemos la intención de la Fortaleza de lograr un ambiente de tranquilidad para el sector de la salud durante la lucha contra la pandemia de coronavirus, pero tenemos serias dudas con respecto a la constitucionalidad de otorgar dicha inmunidad mediante una orden ejecutiva. Entendemos que estamos en un período de emergencia, pero la asamblea legislativa se encuentra en sesión, y esa facultad de conceder inmunidad le corresponde a la Rama Legislativa”, comentó Charbonier.

El representante popular José Varela que la iniciativa de conceder la inmunidad “aunque meritoria y necesaria, es inconstitucional y usurpa las prerrogativas de la Asamblea Legislativa”.

“Esta orden ejecutiva tiene dos graves defectos que la hacen inconstitucional de plano.  Primero, ese tema es campo ocupado por la Asamblea Legislativa.  Segundo, los ciudadanos tienen un derecho constitucional a la reclamación de agravios contra el Estado y eso incluye cualquier reclamación sobre malas prácticas médicas, y quien tiene la autoridad para enmendar o modificar ese derecho es la Asamblea Legislativa, no el Ejecutivo”, expresó Varela en comunicación escrita.