La comisionada residente, Jenniffer González Colón, le solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que se atienda el discrimen comercial contra Puerto Rico por parte de empresas que no envían por correo sus productos como lo hacen en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.
González Colón indicó que existen compañías que envían órdenes por correo a los 50 estados, a las Islas Vírgenes Americanas y Guam, pero no a Puerto Rico.
Igualmente, subrayó que aun cuando residentes de la Isla pueden suscribirse al servicio de Amazon Prime, muchos confrontan limitaciones en la disponibilidad de productos de entrega inmediata o expresa, o se topan con vendedores que simplemente rehúsan hacerle envíos debido a la localización de su código postal.
La funcionaria pidió que la FTC explore todas las opciones dentro de su poder para atender estos y otros casos similares de exclusión comercial.
“Es simplemente inaceptable que compañías que participan del comercio interestatal excluyan a Puerto Rico de sus servicios y envíos, especialmente cuando los ofrecen en otras jurisdicciones de la Nación. Ante esto logramos insertar lenguaje legislativo que obliga al FTC a trabajar junto al Servicio Postal y otras compañías un plan para atender estas situaciones. Deberán rendir un informe en marzo de este año que ayude a hacer la transición”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.
Esto incluye el que se cumpla con lenguaje que acompaña la Ley de Presupuesto Consolidado de 2020, el cual le requiere a la FTC trabajar junto al Servicio Postal en establecer medidas para combatir el discrimen comercial contra jurisdicciones ubicadas fuera de los Estados Unidos, como Alaska, Hawái, Puerto Rico y el resto de los territorios.
Ambas agencias federales tendrían 120 días para someter dicho reporte al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal.
El 9 de enero pasado, la FTC envió su respuesta a la misiva que le había enviado la comisionada, en la cual le expresa compartir sus preocupaciones sobre el impacto de estas prácticas comerciales en Puerto Rico y otras jurisdicciones no contiguas.
La FTC se comprometió a atender el asunto junto a al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), tal y cómo les requirió el Congreso.
PEÑUELAS – “En las noches, mientras velo el sueño de mi familia, le pido a Dios que me ayude y me dirija”, expresó Sixto Aponte Mercado, un joven peñolano que lucha día a día para obtener el sustento de su hogar.
Sixto se vio obligado a dejar atrás el espacio que, por 12 años fue su esquina de trabajo y donde ubicaba su pequeño negocio de comida. Justo en la entrada del pueblo de Peñuelas y al lado de la carretera número 2, el joven detenía su carro de comida y, desde temprano, deleitaba a sus clientes con sus hot dogs, hamburgers y empanadas de yuca.
“Luego del terremoto, no pude regresar a mi área de trabajo. Un tubo de agua se rompió en la carretera. Ya el tubo lo repararon, pero la carretera quedó destrozada y se levanta demasiado polvo. No es posible vender comida allí”, explicó el pequeño empresario.
Durante los primeros días, luego del terremoto, el miedo impidió que Sixto se separara de su familia, pero según pasaba el tiempo, su mayor preocupación era cómo obtener el sustento económico para mantenerlos.
“Todo, tuve que botarlo todo”, contó el joven con voz entrecortada y explicó que, debido a la falta de servicio eléctrico, perdió la compra de su negocio.
“Una mañana me levanté y decidí que no podía rendirme. Busqué el poco dinero que tenía guardado y volví a comprar las cositas. Todavía no sabía dónde me iba a parar a vender, pero algo tenía que hacer porque no podía quedarme de brazos cruzados”, contó el joven padre de una niña de 4 años y un niño de 2.
“Finalmente decidí parar mi carrito aquí, frente a la pista, donde está ahora el refugio. Si uno lo piensa bien, este no es un lugar muy estratégico porque ahí están los refugiados y a ellos les dan comida, pero yo dije que no me iba a rendir y aquí estoy”, expresó.
Según Sixto, en la actualidad, sus principales clientes son los trabajadores del Municipio de Peñuelas y algunas personas que van al refugio a llevar suministros. Además, contó que muchos de sus antiguos clientes le han llamado para saber de él y llegan hasta el nuevo lugar en busca de sus productos.
“No puedo negar que consideré irme del país. Es bien difícil cada vez que veo a mi nena de 4 añitos llorando, afectada, con miedo. Ha sido fuerte, pero seguimos de pie. Le he pedido mucho a Dios y comprendí que la clave es luchar. Hay que luchar dondequiera que estemos, sea en Puerto Rico o afuera, porque dondequiera pasan cosas”, expresó el peñolano y añadió que hay que ser agradecidos por todo lo que tenemos.
Según Sixto, su familia es el motor que cada día lo mueve a intentarlo una y otra vez.
“Cada noche doy gracias a Dios por permitirme velar el sueño de los míos. Cuando veo el amor y la inocencia de mis hijos, me confirmo a mí mismo que vale la pena seguir. Las cosas van a mejorar, yo lo sé. Tarde o temprano van a mejorar”, expresó el joven empresario.
Los consumidores en 16 pueblos afectados por el terremoto se beneficiarán de la exención del pago del Impuesto de Venta y Uso (IVU) en alimentos preparados, esto solo durante el mes de febrero.
Los municipios en la exoneración son: Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado, Yauco, Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Jayuya, Lajas, Lares, Maricao, San Germán, San Sebastián y Villalba.
“Muchos de los afectados aún no han retomado sus rutinas de trabajo y la situación les está provocando gastos adicionales. Por esa razón, he autorizado al Departamento de Hacienda que extienda el periodo de exención de IVU para alimentos preparados un mes adicional como una medida de alivio”, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, publicará una Determinación Administrativa donde se establece la extensión del periodo y se explica a los comerciantes cómo se informarán dichas ventas en la Planilla Mensual de IVU.
“Se exime temporeramente del pago del IVU a partidas tributables adquiridas en Puerto Rico que sean consideradas alimentos preparados, bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, según definidos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, expresó el secretario.
Parés Alicea recalcó que “en caso de que un comerciante cobre a un consumidor el IVU en una venta de alimentos preparados, vendrá obligado a reembolsar inmediatamente el monto cobrado al consumidor”.
La determinación no será aplicable a la venta de bebidas alcohólicas.
Cualquier incumplimiento relacionado con las disposiciones de esta Determinación Administrativa podrá ser informado a través de SURI Confidencia, el sistema automático de recibo y manejo de denuncias o quejas relacionadas a las disposiciones del IVU por parte de comerciantes. También puede presentar su denuncia o querella llamando al (787) 622-0123, opción 9 o visitando cualquiera de las oficinas de distrito del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) hábiles y disponibles.
GUÁNICA – El terremoto y las réplicas sentidas en este municipio transformaron la legendaria Hacienda Santa Rita, una estructura que a mediados del pasado siglo fue convertida en la Casa Madre de la primera congregación religiosa fundada por una puertorriqueña: Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de Fátima.
Una gran parte de las dos estructuras que integran el convento, construidas en ladrillos y mampostería, cayó o tiene graves grietas a causa del terremoto de 6.4 de magnitud ocurrido el pasado 7 de enero y cuyo epicentro fue en la costa sur del país.
Empero, los movimientos de tierra no detuvieron a la Congregación, aunque “las casas están inhabitables”, describió Sor Judith Maldonado.
Narró que esa madrugada se había levantado, como todos los martes, a preparar el desayuno para sus compañeras y justo cuando iba a ponerse el delantal comenzó el terremoto.
Lo primero que hizo fue correr hacia las hermanas que están encamadas para sacarlas del lugar.
“Abracé a una hermana y le dije vamos a sacarlas; te voy a ayudar con las hermanas enfermas, no quería que ninguna pereciera”, recordó. Todo estaba oscuro. No había salido el sol. En el piso había pedazos de mampostería, muchos de ellos cayeron en el área de la cocina, mostró.
Mientras, otras religiosas se movilizaban al área, donde tenían las religiosas de mayor edad o enfermas para sacarlas a prisa de la estructura.
Las religiosas trabajaban atónitas frente a una estructura que creían segura. Las dos estructuras sufrieron daños severos. “La Casa Madre fue a más afectada”, dijo. “Hay grietas en todos lados”, describió Sor Judith.
La escalera que da al segundo nivel de una de las estructuras no puede ser utilizada. “Ya no es segura”, dijo. Una grieta es notable en la escalera, construida con ladrillos.
Algunas de las pertenencias de la Congregación, entre ellas el Santísimo que tenían en una pequeña capilla que había en el segundo nivel, fueron sacadas. El cuarto que era de la fundadora de la congregación, Madre Dominga, también sufrió severos daños, indicó.
Las religiosas ubicaron su capilla bajo una carpa azul y verde que levantaron en el patio del Convento. El piso de la capilla es la tierra del patio del convento. En lo alto del toldo colocaron un cartón en el que escribieron la palabra ‘Capilla’ y a los dos extremos hicieron la forma de cruz.
Una cruz de madera fue colocada en el lugar que también decoraron con flores y donde tienen una pequeña imagen de la virgen. Allí llegan sacerdotes y ofrecen la misa.
La Congregación duerme bajo carpas. Las religiosas que están encamadas fueron sacadas y llevadas a lugares más seguros. Tres de ellas están en la antigua Casa Cursillos, cercana al Obispado en Ponce. “Están muy bien”, aseguró Sor Judith.
También bajo carpas, colocaron las máquinas con las que realizan las formas que venden a las iglesias para la comunión. Con la venta de formas generan ingresos para la Congregación.
Luego del terremoto se convirtieron en un centro de acopio, pero en determinado momento decidieron salir a entregar todo lo que tenían y dedicarse a servir a las comunidades.
La Orden tiene convento en Maricao, Yauco, Ponce, entre otros pueblos, precisamente esos están en la lista de las municipalidades más afectadas por el terremoto.
Las religiosas no han frenado su labor social. Se han dado a la tarea de llevar suministros y llenar de tranquilidad y sosiego a todo aquel que llega a sus conventos y a la antigua casona, en cuyo patio descansan los restos de la fundadora de la congregación Madre Dominga Guzmán.
No obstante, luego del terremoto que las colocó en una difícil situación recibieron una triste noticia.
La religiosa puertorriqueña Sor Magdalena murió en un accidente de auto en la República Dominicana, donde también tienen uno de sus conventos. El accidente fue el pasado 25 de enero en Cevicos, Cotuí. La religiosa, de nacionalidad puertorriqueña, falleció cuando su guagua se deslizó por un badén, según trascendió en medio dominicanos.
PEÑUELAS – “Wao, de San Juan. ¿Ustedes vinieron desde San Juan hasta acá pa’ vernos y ayudarnos? Ay, que Dios se lo pague”, exaltó entre lágrimas un residente del barrio Barreal al que sus vecinos llaman Güillo.
Allí, con grandes montañas de fondo y sentado en el balcón de su humilde casa de madera, el envejeciente recibió: agua, comida y ropa, por parte de un grupo de jóvenes que, movidos por su corazón de servicio, visitaron la remota comunidad del Barreal. Se trata de una hermosa zona rural localizada a 35 minutos de la plaza de Peñuelas, pero cuyo acceso está condicionado a curvas, cuestas empinadas, riscos y constantes derrumbes.
“Esta es su casa. Aquí siempre a la orden pa’ lo que necesiten”, dijo Güillo, mientras mostraba una notable expresión de agradecimiento en su rostro.
“Han venido muchas personas a traer ayuda, lo que pasa es que muchas cosas se reparten en la cancha y hay envejecientes que se les hace difícil llegar. A esa gente hay que visitarlos, es gente que necesita”, explicó Awilda Arroyo Casanova, una vecina y líder de la comunidad que ha residido en el barrio Barreal durante toda su vida.
“No se vayan. ¿Ustedes comen aguacates?”, gritaba desde el interior de una pequeña casa de madera una vecina a la que llaman Polín.
“Yo quiero agradecerles por lo que ustedes nos trajeron. Aquí no tenemos mucho, pero quiero regalarles unos aguacatitos”, dijo la envejeciente, mientras utilizaba una vara larga para tumbar aguacates y obsequiar al grupo de voluntarios que llegaron hasta su casa para llevar suministros.
“Déjenme llamar a mi hijo. Juanbé, ven acá. Vamos a tumbarles unos mapenes. ¿Ustedes comen mapenes? Aquí los mapenes son pequeños, pero tienen buen sabor”, decía Polín.
El joven se acercó y, vara en mano y con notable destreza, trepó un enorme árbol de mapenes. “Cojan todos los que quieran”, gritaba.
Como si se tratara de un acto coordinado, se acercó otro vecino con un racimo de guineos para obsequiar a los voluntarios. “Miren que lindo este racimito. Vamos a dividirlo para que todos lleven guineos”.
Entre risas y en un ambiente de camaradería los vecinos, en muestra de agradecimiento, sacaban de sus cosechas para regalar.
“Llévense este galón de agua por si encuentran a alguien que lo necesite. Está sin abrir, pero otra persona lo puede necesitar más. Yo puedo beber agua del manantial, ya yo estoy acostumbrado, pero alguien puede estar necesitando esta agua”, dijo otro de los vecinos.
Según Laura Tirado Varela, residente de Isla Verde y quien se encontraba entre el grupo de jóvenes que repartían suministros, la experiencia con la comunidad del Barreal fue una maravillosa.
“Tengo que decir que me siento impactada. Me alegra haber llegado hasta acá porque hemos podido ayudar a gente que realmente lo necesita. No tengo palabras. Nosotros vinimos a traer suministros y nos vamos cargados de cosas. Wao, nos vamos cargados de amor y de agradecimiento”, expresó la joven.
El Barreal de Peñuelas es un lugar donde abunda el aire fresco y el verdor de las montañas. Es una comunidad llena de gente humilde y sencilla, un espacio donde existe pobreza material, pero abundante riqueza espiritual, un vivo ejemplo de generosidad y agradecimiento.
Las expectativas que muchos dueños de apartamentos de condominios o de residencias unifamiliares tienen al momento de hacer de una reclamación a sus compañías de seguro luego de el embate de un huracán o de un terremoto, no se cumplen por desconocimiento de los elementos que integran la póliza, sostuvo el ingeniero José Augusto Del Rosario, experto en daños estructurales catastróficos.
Del Rosario indicó que muchos asegurados esperan que el pago por una reclamación catastrófica de pérdida de una propiedad le devuelva el costo tasado de la propiedad, lo cual, es una terrible equivocación, pues el seguro pagará lo que se conoce como el costo de reposición, que es el costo que conlleva rehabilitar la propiedad al estado en que se encontraba al momento del evento.
El ingeniero agregó que contra el costo de reposición también opera el deducible de la póliza, que es el dinero que se espera que aporte el asegurado de su pecunio para reparar el daño reclamado. En la gran mayoría de las ocasiones el deducible se descuenta del monto que el asegurador pagará, lo que implica que el pago final sufrirá una merma.
“Esto es importante porque para huracán el deducible es 3 % y 5 % para terremoto. Cuando vienes a ver no te sobra tanto dinero para hacer una buena reparación”, indicó Del Rosario.
Agregó que en la actualidad las aseguradoras han establecido, y la Oficina del Comisionado de Seguros ha aceptado, que las pólizas de terremoto y huracán para condominios contengan riesgos segmentados y no como un todo. Según Del Rosario, esta estrategia le permite al asegurador separar los daños para fijar su costo de reposición y luego aplicar el deducible, lo que en muchas ocasiones provoca que su reclamación no genere un pago, porque su valor es equivalente al monto del deducible.
“Si se dañó la bomba de la cisterna y el costo del equipo junto con la mano de obra cuesta $5,000 pero al aplicar el deducible tienes que aportar $5,000 pues no recibes nada. Y así van a los ascensores, a las áreas comunes y cuando vienes a ver no le dan al condominio el dinero que necesitan para reparar la propiedad”, indicó Del Rosario.
Explicó que otra estrategia de las aseguradoras es fijar costos ridículamente bajos para los diversos elementos que integran el costo de reposición. “Por ejemplo, muchas aseguradoras usan la carta de precios de productos de construcción de la ferretería X, que son bajísimos y así también tienen costos bajos para la mano de obra. Mucha gente no lo sabe, pero al usar esos precios bajos reduce el pago por el valor de reposición”, dijo el ingeniero.
Indicó que su recomendación es que cada dos o tres años y antes de renovar la póliza, se realice una revalorización de la estructura, lo cual es importante pues en muchas ocasiones pasan hasta 20 años sin que ese valor se haya evaluado a la luz del mercado, lo que puede afectar al momento de enfrentar pérdidas totales por una catástrofe.
Del Rosario sostuvo que tras hacer la revalorización se debe incluir una cláusula en la póliza que indique que en caso de una reclamación se utilicen los costos que establece RC Micxs , que es un entidad que establece valores universales de manera confiable y muy favorable para los asegurados.
Uno de muchos edificios de residencias y oficinas que resultaron con daños durante el terremoto del pasado 7 de enero. Fotos: Tony Zayas
Para las inspecciones de las escuelas de la zona suroeste se establecerá un criterio más riguroso y exigente que determinará si los planteles se pueden continuar utilizando en medio de una atmósfera de continúas replicas sísmicas, sostuvo el ingeniero Carlos Pesquera, quien dirige el Comité Interagencial de Inspección de Escuelas.
Pesquera reveló que sostuvo recientemente una reunión con el Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) para discutir los aspectos relevantes en las inspecciones de las escuelas de la zona suroeste, que ha experimentado miles de réplicas desde el pasado 28 de diciembre, cuando comenzó un evento sísmico sin precedentes en la historia reciente del país y que tuvo su momento climático el 7 de enero con un temblor de 6.4 de magnitud.
De hecho, ese evento sísmico aún continúa y el Servicio Geológico de los Estados Unidos sostiene en sus previsiones que probablemente la actividad sísmica en el suroeste se sostenga por años y quizás por décadas.
“Tenemos que hacer un cernimiento para establecer el criterio que se usará en las inspecciones de la zona suroeste y porque esas estructuras han sido sometidas a réplicas constantes. Es un criterio que tome en consideración el código de construcción que estuvo vigente cuando se construyó, en relación con el código de construcción vigente hoy día. Tenemos que detectar la vulnerabilidad de esas estructuras y determinar si se debe posponer su uso”, indicó.
Pesquera reiteró que el criterio que se establecerá será más riguroso y exigente con la capacidad de las estructuras para resistir las continuas réplicas.
De acuerdo con la Red Sísmica, desde el pasado 28 de diciembre en el suroeste han ocurrido 2,581 sismos, de los cuales 298 sismos fueron reportados como sentidos, 184 sismos mayores de magnitud 3.5; 24 sismos mayores de magnitud 4.5; 3 sismos mayores de magnitud 5.5 y 1 terremoto de magnitud 6.4.
En los pueblos más afectados por la actividad sísmica en el suroeste existen 87 planteles ubicados en los pueblos de Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas, San Germán y Guayanilla.
Estas escuelas permanecerán cerradas hasta que culminen las inspecciones que efectuarán los ingenieros al mando de Pesquera, cuando se determinará cuáles deben ser clausuradas y cuántas pueden continuar abiertas o deben ser reparadas.
El geomorfólogo, José Molinelli Freyres, ha sostenido que la mayoría de las escuelas están en peligro real de colapsar frente a un sismo fuerte, especialmente por el efecto de las llamadas ‘columnas cortas’, un problema en el diseño que predominan en los planteles escolares.
Lidiando con la columna corta
Precisamente, el colapso de la escuela Agripina Seda -en Guánica- durante el terremoto de magnitud 6.4 del pasado 7 de enero, obedeció al defecto de la columna corta, que fundamentalmente son columnas que carecen de la fortaleza suficiente para resistir las oscilaciones que experimenta una estructura durante un sismo fuerte.
Pero el ingeniero José Augusto Del Rosario, experto en daños estructurales catastróficos, indicó que el efecto adverso de la columna corta puede ser corregido con un costo relativamente bajo para el erario y garantiza que el gobierno conserve cientos de escuelas que aún pueden ofrecer muchos años de vida útil al servicio del sistema educativo.
“Yo creo que el gobierno debe plantearse hacer un programa para corregir el problema de la columna corta. Es relativamente barato y logrará que esas escuelas adquieran la rigidez necesaria para resistir. Además, el gobierno no está en condiciones económicas saludables para emprender la construcción de nuevas escuelas según los códigos vigentes. La construcción de una escuela puede costar más de $15 millones”, dijo Del Rosario.
El ingeniero indicó que para fortalecer la columna corta se añaden paredes de concreto armado en ambos lados de la columna, lo que requerirá eliminar varias ventanas. “Se pierde espacio para ventilación, pero se gana seguridad. Si esas reparaciones se hacen con las varillas adecuadas, amarradas a las varillas de la columna y con el espesor requerido, las escuelas serán más resistentes”, indicó Del Rosario.
Agregó que un programa a nivel nacional necesitará una supervisión diligente para evitar que los contratistas utilicen materiales de pobre calidad o sin cumplir las dimensiones prescritas por los ingenieros.
Pesquera agregó que las inspecciones realizadas en las 225 escuelas cuya apertura ha sido recomendada al Departamento de Educación, solo certifican que los sismos ocurridos en los pasados días no han provocado daños estructurales en esos planteles,
“Lo que indican esas certificaciones es que esas escuelas están igual que como estaban antes de los sismos. Que no han sufrido daños estructurales. Puede que hayan sufrido grietas en una pared de bloques o que se haya desprendido alguna parte del empañetado, pero no han sufrido daños estructurales”, sostuvo Pesquera.
Explicó que de las certificaciones no se debe entender que los planteles pueden resistir un sismo fuerte. “En ningún lugar, ni aquí ni en California se puede hacer ese tipo de afirmación”, indicó el ingeniero, quien posee un doctorado en ingeniería estructural de la Universidad de Cornell.
De las cerca de 900 escuelas que mantiene en operación Educación, 531 planteles han sido inspeccionados y solo 225 fueron autorizadas a reabrir para el segundo semestre del presente año escolar. Las clases comenzaron de manera escalonada en 177 escuelas y no en 225 planteles como se había anticipado.
El secretario de Educación, Eligio Hernández, informó que en 48 escuelas las inspecciones no estaban en condiciones de ser presentadas a los padres en las actividades de “casa abierta” porque contenían anotaciones que no se entienden o tenían errores en códigos.
El intercambio con los padres es parte de un proceso establecido por Educación para que antes de enviar a sus hijos a las escuelas, puedan examinar las certificaciones y ver el estado de los planteles.
El Departamento de Educación contempla un abanico de alternativas para reanudar las clases en los municipios de la zona suroeste que recibieron con mayor intensidad la cadena de sismos que comenzó el pasado 28 de diciembre y que han afectado severamente la expectativa de seguridad de los maestros, de los estudiantes y de sus padres en los planteles escolares.
La iniciativa pretende garantizar la educación pública para 28,000 estudiantes de la zona suroeste que tomaban sus clases en 87 planteles ubicados en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez, las más afectadas por la actividad sísmica. Estas escuelas, que permanecerán cerradas hasta que no sean inspeccionadas profundamente, se encuentran ubicadas en los pueblos de Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas, San Germán y Guayanilla.
Quizás el evento que desató el pánico y la consternación en la comunidad escolar del país y con especial acento en los pueblos del suroeste, fue el desplome de la escuela intermedia Agripina Seda, en Guánica durante el sismo de magnitud 6.4 grados ocurrido en la madrugada del pasado 7 de enero.
Afortunadamente la escuela de tres niveles, que contaba con una matrícula de 434 estudiantes, estaba cerrada al momento del evento telúrico. Pero las ruinas del plantel, que se derrumbó en segundos, permanecen como una tenebrosa amenaza de lo podía ocurrir en otros planteles.
El secretario de Educación, Eligio Hernández, sostuvo que las alternativas que se contemplan para establecer salones de clases temporeros en el suroeste incluyen carpas, salones movibles, vagones y el alquiler de salones en universidades que no hayan sufrido daños durante la emergencia sísmica y luego de una oportuna certificación.
“Todo va a depender de las características de la comunidad escolar de cada escuela. Porque si tengo una comunidad escolar con niños con problemas de movilidad, que por ejemplo usen una silla de ruedas para moverse, no los puedo ubicar en una carpa. Hay una diversidad de factores que se van a tomar en consideración para determinar qué alternativa vamos a usar en cada comunidad escolar. Estas decisiones se van a tomar de manera consensuada con los alcaldes porque ellos conocen mejor sus comunidades”, dijo.
Se necesita mucho más que un salón
La meta de reanudar el semestre escolar en el suroeste representa una movilización extraordinaria de recursos económicos y humanos para establecer los planteles temporeros, porque no se trata solo de levantar un salón de clases, también se deberán establecer comedores escolares, instalaciones administrativas, baños y toda una infraestructura eléctrica, de agua potable, de internet, de gas y áreas para la disposición de basura y pozos sépticos para el descargue de desperdicios biológicos. Además, se requieren instalaciones de almacenaje.
Otro factor importante es la distancia existente desde el lugar de residencia de los estudiantes hasta la escuela temporera, porque define los recursos de transportación que serán necesarios.
El secretario explicó que las alternativas para continuar con el semestre escolar se deben realizar según lo dispone el protocolo de desastre mayor de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cuyos fondos de emergencia serán la fuente financiera primordial de Educación.
Tras el temblor del 7 de enero la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced determinó establecer un programa de inspección de escuelas en toda la isla con excepción de 87 planteles ubicados en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez.
La pasada semana Melitza López Pimentel, directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, que tiene bajo su jurisdicción 425 escuelas, reveló que se han identificado tres escuelas en Mayagüez y dos en Ponce que no están aptas para abrir. Además, existen 11 escuelas en Mayagüez parcialmente afectadas y 15 en Ponce, lo que implica que esos planteles serán inspeccionados nuevamente para determinar el alcance de las reparaciones que necesitan.
Alquilarían salones en universidades
Hernández reveló que una de las alternativas que se contempla para la región de Ponce, donde existen 40 escuelas cerradas, es alquilar salones en los recintos de las cuatro universidades ubicadas en la ciudad. Estas son la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Católica, la Universidad del Caribe y National University.
“Una alternativa es alquilar los salones martes y jueves y en esos días ofrecer las clases a distintas escuelas en calendarios por la mañana y otros por la tarde. Esa es una alternativa que estamos explorando y que discutiré con la alcaldesa”, dijo Hernández.
El secretario agregó que la alternativa del alquiler de salones en Ponce no excluye el uso de las otras alternativas mencionadas, especialmente para las zonas rurales.
El secretario advirtió que para proceder con el alquiler los salones, las universidades deberán proveer una certificación sobre el efecto de los sismos en sus estructuras.
El ingeniero Carlos Pesquera, quien dirige el Comité Interagencial de Inspección de Escuelas, que tiene a cargo inspeccionar todas las escuelas del país, sostuvo que favorece el alquiler de salones, pero indicó que los ingenieros estructurales bajo su mando no evaluarán los recintos universitarios.
“Yo prefiero que las instituciones universitarias contraten sus ingenieros para realizar las inspecciones”, dijo Pesquera.
Carpas a corto plazo
Un elemento de vital importancia es que para reanudar cuanto antes el semestre escolar en la zona suroeste, algunas comunidades escolares podrían ubicarse en carpas como una medida a corto plazo, mientras los funcionarios de Educación identifican terrenos más adecuados para establecer un plantel temporero que podría levantarse utilizando salones movibles o vagones.
El funcionario dijo que el protocolo de FEMA ordena que, para acceder a los fondos de instalaciones temporeras, fondos ‘B’, las estructuras deben estar distantes de zonas de tsunami, de zonas inundables y con acceso fácil a vías de transporte y a la infraestructura de agua, luz e internet.
Hernández dijo que también se exigen determinadas características de suelo, las cuales requieren análisis realizados por peritos. Indicó que las instalaciones temporeras estarían en operación a mediano plazo, un periodo de tiempo que no definió pero que debe permitir que Educación identifique una solución a largo plazo, que se refiere a la construcción de nuevas escuelas o a la rehabilitación de escuelas existentes.
“Los fondos ‘E’ de FEMA son los que permiten obras permanentes. Para eso ya he hablado con Eduardo Rivera, director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, quien estará trabajando con nosotros ese aspecto de obras permanentes”, dijo el secretario.
Construcción de escuelas
La determinación de construir nuevos planteles dependerá de las inspecciones de las escuelas que estaban activas y de la inspección del inventario de escuelas cerradas por la reducción de estudiantes que ha experimentado el país tras el huracán María y por una notable merma de la tasa de natalidad.
Hernández también indicó que tanto los salones alquilados como las escuelas temporeras deberán poseer espacio para los laboratorios de computadoras donde los estudiantes podrán recibir cursos por internet, que es una pieza fundamental para reanudar el semestre escolar.
Sin fecha el inicio de semestre
Ni Hernández ni la gobernadora Wanda Vázquez Garced han ofrecido una fecha concreta para iniciar las clases en el suroeste.
“Esa fecha no la puede dar absolutamente nadie porque, primero, tenemos que ir trabajando con las necesidades básicas de los estudiantes del sur”, dijo la gobernadora.
“Quizás algún momento alguien haya podido pensar que esto es una situación que se resuelve poniendo unas carpas. No es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque usted tiene que ver dónde viven estos estudiantes para proveerle transportación. Hay que coordinar de igual manera los alimentos. Tendríamos que montar un comedor escolar para proveer los alimentos. Tenemos que tener disponible para todos esos estudiantes, baños. Luego, cuando salgan esos niños ¿a dónde vamos a llevarlos? Así que no es algo sencillo”, añadió Vázquez Garced.
La Cámara de Representantes comenzó una investigación sobre la existencia de un almacén con provisiones ubicado en el parque industrial La Guancha, en Ponce, donde el Gobierno guardaba suministros para el momento en que el pueblo estuviera carente de los mismos.
El almacén era un secreto para el pueblo, que al conocer del mismo, se lanzó a abrir el lugar y descubrió gran cantidad de catres, agua embotellada, pañales de bebé, estufas, casetas y otros suministros que las víctimas del terremoto necesitaban y el Gobierno no le entregaba por lo que, al carecer de los mismos, los damnificados no tenían más opción que dormir en el suelo, a la intemperie y pasando necesidades.
La investigación persigue «identificar, corregir, y aportar lo que tengamos que aportar desde la Legislatura, ya sea con enmiendas a diferentes leyes, creación de leyes, asignación especial de presupuesto”, indicó el presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló.
El Representante solicitó a los deponentes “que nos digan las cosas como son; si nos dicen las cosas como son, dónde hemos sido efectivos como Gobierno y dónde no, podemos corregirlos, pero si seguimos tapando las cosas, jamás vamos a ser efectivos en Puerto Rico”.
Defienden a la Gobernadora
El designado secretario del Departamento de Estado y exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, fue de los primeros en deponer. Dijo que “en ningún momento se le pidió al entonces comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, que escondiera lo que se encontraba en el almacén de Ponce, como implicó en una entrevista reciente”.
Román salió en defensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Dijo que fue la Gobernadora quien dio instrucciones para que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) investigara el «alegado acto de esconder suministros y pidió que fuera realizado en 48 horas, por lo cual su papel fue meramente asegurarse que se cumpliera con el plazo».
El resultado de esa investigación es un informe que, a pesar de que Román lo leyó, no mantuvo una copia y señaló que lo refirió al Departamento de Justicia.
En entredicho el esconder informe de investigación
El representante Rodríguez Aguiló informó que la Comisión se propone citar a la secretaria de esta agencia, Dennise Longo, para que conteste preguntas sobre el contenido del documento que no han publicado.
“Me crea un sabor amargo, ¿usted sabe por qué? Porque hay periodistas, el pueblo de Puerto Rico que está viendo esto; necesitamos que haya transparencia, lo estoy diciendo hace días, ayer se lo dije a la Gobernadora, necesitamos que la gente sepa. ¿Cómo la gente no se va a enterar de lo que hay en el informe, que usted ha dicho que no hay nadie referido, que no hay delito? Entonces, ¿por qué no lo podemos tener aquí hoy?”, cuestionó la representante María Milagros Charbonier.
La Legisladora puso en duda que Román no podía hablar del informe. Empero, Román alegó que es el Departamento de Justicia «el custodio» del documento y que le solicitará a la Secretaria de Justicia copia de dicho informe. La Gobernadora fue la pasada secretaria de Justicia.
Charbonier insistió en poner en duda la base sobre la cual Román no podía contestar las preguntas sobre el informe y el que no permitía a la Cámara de Representantes el acceso a los datos, en contravención a las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa.
Mientras, Román admitió que, desde septiembre de 2019, existe un plan firmado por el Gobierno, el cual designaba a Acevedo, como oficial a cargo de la coordinación de la respuesta. Ese plan determinaba de dónde salían los suministros.
También admitió que la utilización de los suministros ubicados en Ponce hubiese agilizado la respuesta de proveer suministros a los damnificados por el terremoto del pasado 7 de enero.
GN entregó almacén -en 2018- al NMEAD
Por otro lado, el ayudante general José J. Reyes informó que la Guardia Nacional, durante la emergencia del huracán María, estaba a cargo de esas instalaciones como centro de distribución de suministros, pero que en mayo de 2018 hizo un inventario y entregó al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastre (NMEAD) el control de lo que allí había.
Mientras, en sus ponencias, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, junto a Pedro Janer, designado secretario del DSP y el resto de los deponentes recomendaron la profesionalización y una mayor comunicación entre los componentes a cargo del manejo del plan de emergencias.
El representante independentista Denis Márquez, expresó que “luego de 4,000 muertes después del huracán María, después de ocurrido los sismos, que ustedes vengan a decir al país que hay que profesionalizar a los empleados, que hay que cambiar los planes, que hay que hacer adiestramientos, en fin, que hay que hacerlo todo nuevo básicamente… este país está cansado, harto de planes y planes”.
El representante José “Memo” González recomendó que cancelen el contrato de los almacenes porque los mismos están vacíos.
La animosidad entre miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced afloró hoy durante unas vistas públicas en las que varios legisladores concluyeron que el informe preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de Ponce, fue enviado al Departamento de Justicia para evitar la discusión de su contenido y que surgieran más irregularidades.
Los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y María Milagros Charbonier coincidieron al sostener que el referido del informe a Justicia fue un intento de impedir que el excomisionadio del Negociado del Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, pudiera esgrimir argumentos en su defensa que destaparan faltas administrativas en la Fortaleza y entre algunos de los principales funcionarios del gobierno relacionadas con el manejo de los suministros para atender la emergencia causada por los terremotos en el suroeste.
“Ya sabemos que nadie aparentemente guardó copia del mismo y lo despacharon lo antes posible. Bueno, no sabemos si ese referido también se hizo para tratar de callar a Carlos Acevedo y que no pueda defenderse”, dijo Rodríguez Aguiló en un receso de una vista pública celebrada por de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico Ante una Emergencia, que investiga el hallazgo en un almacen de Ponce de suministros sin distribuir a los damnificados por los sismos.
La representante María Milagros Charbonier coincidió con la teoría de Rodríguez Aguiló sobre el manejo del informe.
“Yo estoy convencida de que sí. Y nosotros estamos aquí, no solamente para destapar esta situación, y los que hayan cometido un error que paguen. Pero tampoco podemos aceptar que personas que han estado sirviéndole bien al pueblo de Puerto Rico salgan desacreditados de una agencia. No me resulta bien y no me resulta bueno que sea así. Y estoy bastante indignada con todo esto”, dijo Charbonier.
De acuerdo con El Nuevo Día en la conferencia legislativa celebrada ayer en el Capitolio hubo un encontronazo entre Vázquez Garced y Charbonier y otros legisladores descontentos con el Ejecutivo y con la celebración de una primaria en el PNP.
Tras el hallazgo de los sumnistros sin distribuir en el almacén de Ponce, Vázquez Garced, despidió a Acevedo, a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, y al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
En la vista pública estuvieron presentes el secretario de Estado, Elmer Román González, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, general José Reyes y el secretario del Departamento de Desarrollo económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera.
Tanto Román González como Janer Román no pudieron contestar si existía una copia del informe NIE que fue referido a Justicia por instrucciones de Vázquez Garced.
Román González sostuvo que el informe no hacía ninguna imputación directa a Carlos Acevedo.
En las vistas públicas fue evidente que algunos de los funcionarios desconocían diversos asuntos que fueron cuestionados por los representantes.
“Son un soberano desastre por no decir que son una partida de irresponsables, de negligentes y criminales y esa es verdaderamente la vergüenza de este país. Realmente toda esta gente”, dijo el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.
El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael Hernández Montañez, dijo que algunos de los citados mintieron.
“Elmer (Román González) dirigía la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública hasta diciembre y todo lo que estaba bajo el inventario estaba bajo su jurisdicción. Él trata de desvincularse completamente le hechas culpas a Carlos Acevedo, una persona que está bajo su responsabilidad ministerial. Para mí la pregunta es clave. O él lo hizo por órdenes de Wanda Vázquez, o lo hizo motus propio porque los dos le mintieron”, dijo el representante.
Rodríguez Aguiló citará a la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones para que ella le provea copia del informe que fue referido por el NIE.
