Por Redacción Es Noticia

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Un informe parcial de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía revela que los ciudadanos que no incurren en la ilegalidad del hurto de energía son penalizados por la Autoridad de Energía Electrica (AEE) al pagar su factura.

“Las campañas publicitarias para desalentar el hurto de energía no han dado resultado. Según hemos expuesto, las pérdidas asociadas al robo de luz se estiman en $60 millones anuales. El efecto directo de esta realidad es el aumento en las facturas de los ciudadanos honrados que no recurren a esta práctica ilegal, pues las pérdidas de la AEE relacionadas al hurto de energía se pasan a los abonados”, expresó el representate Víctor Páres, prsidente de la referida Comisión.

El informe de la Resolución de la Cámara 64 señala que los datos provistos por la AEE reflejan que surgen mensualmente entre 700 a 3,300 casos nuevos de hurto de energía y que, a pesar de esa gran cantidad de casos y la enorme pérdida económica, esa corporación pública no mantiene ningún caso activo en los tribunales por esta práctica.

Según datos presentados por la AEE, para el Año Fiscal 2015 se calcularon en un 6.35% las pérdidas no-técnicas, relacionadas al hurto de energía. De otra parte, los datos de la AEE reflejan que para el Año Fiscal 2015 y 2016 recobraron unos $18.1 millones y $19.2 millones, respectivamente, asociados al mismo asunto.

La Autoridad, señaló el representante, recibe mensualmente alrededor de 400 confidencias con información sobre posibles irregularidades en el consumo de energía eléctrica y de estas, alrededor de 150 ofrecen información certera.

“En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad de investigar el hurto de energía recae en primera instancia sobre la División de Irregularidades en Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) de la AEE. Esta oficina tiene como objetivo principal la mitigación de las pérdidas no-técnicas que se dejan de facturar por irregularidades y recobrar los casos ya procesados. Una vez, se identifica una irregularidad relacionada al hurto de energía, la misma puede ser procesada en dos esferas: administrativa y criminal”, especifica el escrito.

Parés Otero, amplió que, en el ámbito criminal, los procesos comienzan con la presentación de una querella por parte de la AEE ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Cuando se hace el referido, Justicia, en su discreción, determina si procede la radicación de cargos criminales en representación del Pueblo de Puerto Rico. Estos cargos se presentan por violación al Artículo 185 del Código Penal.

Una persona podría ser sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de tres años por dicha violación. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa de hasta $10,000.