Por CyberNews
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La Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, presidia por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, reanudó la investigación sobre el presunto aumento de casos de maltratos de los adultos mayores ante coronavirus.
“Ya estamos en un 27% de la población adulta, lo que incrementa las querellas. Por eso, hemos pedido más datos al respecto a Departamento de la Familia (DF)”, señaló la representante por el Distrito 25 que incluye los pueblos de Juana Díaz, Ponce y Jayuya.
La representante añadió que tras el paso del huracán María en el 2017 ocurrió una migración significativa hacia los Estados Unidos.
“Este evento migratorio tiene un impacto en el aumento de la proporción de personas mayores de 60 años en Puerto Rico. Es una de las variables que impacta el crecimiento de la población de edad avanzada”, agregó.
María Isabel Vázquez Mojica, administradora auxiliar del Servicio de Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos, de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), sostuvo que estos adultos mayores pudieron haberse convertido en personas dependientes por la crisis de salud.
“Hay una cantidad de adultos mayores que se han quedado sin recursos de apoyo. Probablemente sus hijos no quisieron abandonarlos y dejarlos atrás en fragilidad. Sino que cuando sus hijos se fueron a vivir al exterior probablemente ellos eran adultos mayores funcionales, independientes y autosuficientes”, mencionó la funcionaria de ADFAN al precisar que estos casos son los que vienen a sumarse a las estadísticas del DF. Añadió además que estos son los casos que se encuentran en condiciones infrahumanas, viviendas deterioradas y que carecen de la atención básica.
La administradora auxiliar informó a la Comisión que el DF también atiende a los adultos mayores con problemas de adicción.
“Llegan a la vida adulta de 60 años o más y son los adultos que tenemos durmiendo en edificios abandonados, en las calles, estos también se suman a las estadísticas”, comentó.
Como parte de la discusión legislativa, Vázquez Mojica informó que desde marzo 2020 al presente se ha recibido en el DF 6,026 querellas correspondientes a adultos mayores. Estipuló que los referidos de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzadas (OPPEA) alcanzan anualmente hasta 1,500 referidos.
“En el año 2018 se nos refirió de dicha Oficina un total de 1,087 situaciones de posible abuso y negligencia y en 2019 ese número ascendió a 1,520” detalló.
A esos efectos, la representante Rodríguez Hérnandez lamentó que Puerto Rico ocupe el lugar número 31 en el mundo en términos de porcentaje de población de 60 años o más.
En cuanto a los referidos de maltrato y negligencia de adultos mayores que se reciben en la Línea para Reportar Situaciones de Maltrato, Vázquez Mojica aseguró que “estos se han mantenido consistente desde el año 2019”.
En la misma línea, la asesora legal del DF, María Ortiz Rivera, asesora de la división del DF, manifestó a la lista de adultos bajo la custodia se añaden las personas con impedimentos de salud mental. “Al final de la ruta terminan bajo la protección del DF”, añadió.
Según Ortiz Rivera, el costo que paga DF por un adulto bajo su protección es de tres a cuatro veces más alto que lo que paga a los hogares certificados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
“El costo para Familia es de unos 1,500 a unos 2,500 dólares por cada uno al mes. Más de 33 millones de dólares se gasta por el Servicio de Personas de Edad Avanzada del DF por adultos en cuidados”, denunció Ortiz Rivera.
El representante Víctor Parés Otero solicitó a la presidenta de la Comisión a que las funcionarias hagan entrega de las querellas tipificadas como negligencia, explotación, explotación financiera, maltrato físico, cuántas se solucionaron o pasaron a asuntos judiciales, o fueron cerrados.
Seguido, la representante Rodríguez Hernández concedió un plazo de cinco días para que hagan entrega del requerimiento.
También participaron de la vista pública los representantes Lydia Méndez Silva y Denis Márquez Lebrón.
