Por Miguel Díaz Román

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En unas declaraciones que caracterizan hasta el ridículo el estado endeble y precario de la Autoridad de Energía Eléctrica, el director ejecutivo de la corporación pública, José Ortiz, sostuvo hoy que el encendido de las estufas eléctricas a partir de las 6:00 de la tarde es la causa de los apagones en el servicio de energía eléctrica que padecen los consumidores en determinadas áreas de la isla.

Incluso, Ortiz dijo que favorecía que se extendiera hasta las 9:00 de la noche el periodo de operación de los restaurantes para que los consumidores desistieran de cocinar en sus hogares por medio del uso de estufas eléctricas, y adquirieran sus alimentos en los restaurantes y en las cadenas de comida rápida, cuyas estufas utilizan el gas propano como combustible.

Ortiz indicó que los apagones acontecían como resultado del “alza en consumo en las tardes, específicamente entre las 6:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, por el uso de las estufas eléctricas”.

El funcionario indicó que el alto consumo de energía obedece a que las estufas eléctricas son los equipos domésticos que más energía consumen y agregó que se había comunicado con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, para que se enmendara la orden ejecutiva para controlar la dispersión del coronavirus, con el objetivo de que la hora de cierre de los restaurantes no sea a las 7:00 de la noche sino dos horas más adelante, a las 9:00 de la noche.

La extensión del horario, según sostuvo Ortiz, tiene el objetivo de desalentar el uso de las estufas eléctricas y evitar las alzas repentinas en consumo que afectan el sistema eléctrico.

Ortiz hizo las expresiones durante una entrevista en la estación de radio WKAQ.

Las expresiones del director ejecutivo ocurren una semana después de que él mismo sostuviera que el sistema eléctrico estaba robusto como para resistir vientos de hasta 140 millas por hora y que los apagones frecuentes que ocurren durante periodos de lluvia y viento, es una respuesta del sistema para autoprotegerse. Ortiz también indicó que ante el inicio de la temporada de huracanes, que comenzó oficialmente hoy, la AEE cuenta con un inventario de piezas de repuesto de $131 millones, mientras que antes del huracán María en 2017 ees inventario estaba valorado en $22 millones.

En la entrevista de hoy Ortiz indicó que la reducción en la tarifa de luz que deberán experimentar los consumidores por la merma en el precio del petróleo y por el efecto de desembolsos realizados por FEMA a la AEE, bajará la factura por consumo a una familia promedio de $163 mesuales a $140 y de $500 a $405 a un pequeño comercio.

Para las grandes corporaciones, la baja podría reducir la factura de luz de $120,000 mesuales a $97,000.

Pero el representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, dijo hoy que el ahorro que provocaría una rebaja en la factura de la electricidad anunciada por el gobierno “no es real”.

Torres Placa dijo que la salida de la planta de Costa Sur en Guayanilla por el terremoto del 7 de enero pasado, no permitió que se reflejaran los ahorros en combustible proyectados.

“El Negociado de Energía tuvo que hacer malabares y diferir parte de esos pagos por combustible adicional por Costa Sur no estar en línea para que se pudiera ver algún tipo de ahorro. Eso es un ahorro que no es real. Es un ahorro que es medio artificial. Esa es la razón; el haber diferido esos pagos provee estos ahorros y todo es consecuencia de que Costa Sur no se reparó a tiempo y ahí vemos que todo aterriza en una mala administración”, dijo Torres Placa en entrevista en la estación de radio NotiUno.

El representante de los consumidores en la AEE dijo que habría que esperar a la factura de julio para ver si los ahorros en la factura se sostienen.

Por Redacción Es Noticia
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Tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos avalando los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el presidente del organismo , José Carrión, dijo que los miembros de la Junta se encuentra renegociando la deuda y planificando los presupuestos a largo plazo del gobierno local y  desean continuar realizando su trabajo para que la isla «supere esta crisis lo más pronto posible”.

El Tribunal Supremo federal sostuvo que los nombramientos de los miembros de la JSF no violan la Cláusula Constitucional de Nombramientos, una decisión realizada en un caso radicado por la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (UTIER) y otras entidades, quienes sostuvieron que los nombramientos de la JSF eran inconstitucionales porque no fueron confirmados por el Senado federal.

“La Junta le dio la bienvenida a la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite a sus miembros continuar con sus labores bajo la ley PROMESA”, dijo Carrión, tercero en comunicación escrita.

La decisión del Tribunal Supremo confirma que la ley federal PROMESA estableció la JSF como una entidad que forma parte del gobierno local , y que el proceso realizado en el Congreso para seleccionar a los miembros del organismo no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

“El proceso de designaciones de PROMESA estableció una Junta bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a Puerto Rico en su recuperación y progreso. Los miembros de la Junta de Supervisión tienen una responsabilidad importante: asistir a Puerto Rico para que pueda superar una deuda insostenible y décadas de mala gestión fiscal. La Junta se encuentra renegociando la deuda de Puerto Rico y se mantiene trabajando consistentemente para establecer un sistema de planificación fiscal y de presupuestos balanceados a largo plazo”, añadió el presidente de la JSF.

“Los miembros de la Junta desean continuar su trabajo para favorecer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Es de suma importancia que Puerto Rico supere esta crisis lo más pronto posible”, culminó Carrión.

Por Redacción Es Noticia
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El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres dijo hoy que el ahorro que provocaría una rebaja en la factura de la electricidad anunciada por el gobierno “no es real” y “es medio artificial”.

Torres dijo que los ahorros que habría generado la planta de Costa Sur en Guayanilla quedaron anulados,  tras su salida del sistema de producción de energía por el terremoto del 7 de enero pasado.

“El Negociado de Energía tuvo que hacer malabares y diferir parte de esos pagos por combustible adicional por Costa Sur no estar en línea para que se pudiera ver algún tipo de ahorro. Eso es un ahorro que no es real. Es un ahorro que es medio artificial. Esa es la razón; el haber diferido esos pagos provee estos ahorros y todo es consecuencia de que Costa Sur no se reparó a tiempo y ahí vemos que todo aterriza en una mala administración”, dijo Torres en entrevista en la estación de radio NotiUno.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el sábado que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un ajuste tarifario en la factura del mes de junio de la AEE que entrará en vigor el lunes, 1 de junio tras la caída del precio del petróleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Mientras, el Negociado de Energía en la Resolución y Orden NEPR MI-2020-0001, tras evaluar la información presentada por la AEE relacionada con los gastos y ahorros de la corporación para el último trimestre, se aprobó una reducción inmediata de 4.1337 centavos por kilovatio hora en la factura de electricidad del mes de junio de 2020. Esto equivale a una reducción de 21.59 centavos por kilovatio hora de la tarifa actual a 17.46 centavos por kilovatio hora con efectividad tan pronto como este próximo lunes.

Entretanto, Torres cuestionó que “vamos a ver cómo llegan los (ahorros) de julio porque un poco se empujó la cosa ahora en junio para que se vieran unos ahorros. Vamos a ver como resultan (los ahorros) de julio”.

“Aquí de nuevo sale el tema de Costa Sur. Cuando la Autoridad se queda sin generación por la salida de Costa Sur en enero pasado, en la orden se detalla que el estimado de gastos de generación de unidades pico de la Autoridad, que corren con combustible más caro y que han tenido que entrar para suplir la deficiencia de Costa Sur, eso se estimó en 385 millones de dólares de los que ya se han diferido de la factura del consumidor alrededor de 135 millones de dólares. Por eso es que no veíamos la rebaja”, alegó Torres.

Explicó que en los meses de enero y febrero se supone que la factura se hubiera recibido de entre 24 y 28 centavos, pero se recibió de 21 centavos.

“El Negociado tenía la presión de pasar unos ahorros pero al mismo tiempo los ahorros no se proyectaron por una cuestión del inventario del combustible que ya se compraba y también estos gastos extraordinarios que se produjeron un poco por la realidad del temblor, pero la mayoría de ellos por no haber arreglado Costa Sur a tiempo y seguimos pagando por eso”, finalizó el representante de los consumidores ante la AEE.

Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Alcaldes (AA) solicitó una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para conocer los planes del gobierno estatal para la temporada de huracanes y presentaron un listado de los temas que aún no se han atendido ante la posibilidad de que la isla sea atacada por un huracán.

En representación de la AA, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático,la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, y los alcaldes de Villalba y Guayanilla, Luis Javier Hernández y Nelson Torres Yordán, señalaron que al día de hoy la gobernadora «no se ha reunido a los alcaldes para trabajar el tema”. Los municipios de los tres alcaldes están ubicados en la zona sur, que ha sido afectada por numerosos temblores desde el comienzo del presente año.

«El viernes la gobernadora realizó una conferencia de prensa pero se limitó exclusivamente al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. La preparación para la temporada es mucho más que eso y al día de hoy no se ha reunido a los alcaldes para trabajar el tema”, expresó Hernández en declaraciones escritas.

Ante la situación, los alcaldes asociados solicitaron una reunión a la gobernadora para conocer los planes del gobierno estatal para la temporada de huracanes.

Los alcaldes señalaron que Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda, debido a que “el gobierno central no ha adelantado la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, derrumbes y facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, exdirectora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias,  alegó que al momento tampoco se han firmado los acuerdos de colaboración entre los municipios y diversas agencias para poder realizar los trabajos de primera respuesta, y poder reclamar a la Agencia Federal para Manejo de Desastres (FEMA), en caso de un desastre declarado a nivel federal.

“Por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no se ha informado el plan de contingencia para el funcionamiento de las bombas en caso de surgir interrupción con el servicio de energía eléctrica. Incluso, desconocemos el inventario disponible de generadores, tanques y camiones para establecer oasis”, señaló Bonilla.

Mientras, Torres Yordán, que aún continúa manejando los casos de los ciudadanos de Guayanilla afectados por los terremotos de enero pasado, expuso que para esta fecha se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  haya realizado la limpieza de ríos y las desembocaduras de los demás cuerpos de agua como medida de mitigación y control de inundaciones.

“Recordemos que debido al Covid-19 no todos los municipios han recibido autorización para la limpieza de quebradas y/o los trabajos no se han podido completar. Por parte del gobierno central no tienen ni siquiera el inventario disponible de bombas para extracción de agua y control de inundaciones”, dijo el alcalde.

Con relación al Departamento de Transportación y Obras Públicas, los alcaldes asociados señalaron que dicha agencia no ha realizado plan de limpieza y mitigación en vías estatales, como por ejemplo atarjeas y alcantarillas, para evitar inundaciones en áreas susceptibles. De igual manera también se desconoce el inventario de equipo pesado y personal disponible para atender los trabajos a consecuencia de una emergencia, entiéndase limpieza y derrumbes.

“No se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para poder realizar los trabajos, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal. Eso es crucial”, añadió Hernández.

Sobre el Departamento de Vivienda, el reclamo de los alcaldes asociados es relacionado a la situación de las familias que tuvieron pérdidas en sus hogares tras el impacto del Huracán María y que aún no cuentan con hogar seguro y que tampoco se conoce el número de toldos plásticos disponibles por municipio y cuándo y cómo se van a distribuir.

Mientras, la alcaldesa de Salinas expuso que al momento no se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para administrar los refugios, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal.