La jueza del Tribunal de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a entregar a la Federación de Pescadores los documentos que solicitaron sobre los planes de gastos de los fondos federales destinados para la revitalización de la industria pesquera tras los efectos de los huracanes Irma y María.
“… En vista de que la peticionada no demostró la existencia de intereses de mayor jerarquía que el derecho constitucional de acceso a la información pública, se declara CON LUGAR el recurso de mandamus presentado por la Federación de Pescadores”, dicta el documento de sentencia de 13 páginas.
El 8 de septiembre, la Federación de Pescadores sometió esta demanda contra la entonces secretaria del DRNA, Tania Vázquez, ante la supuesta negativa de entregar los documentos sobre las asignaciones de fondos federales de cerca de $11.4 millones. Mientras, Vázquez renunció a su cargo el jueves en medio de señalamientos de una pesquisa federal por irregularidades en el proceso de contratación.
El dictamen judicial establece que la parte peticionada debe entregar a la Federación de Pescadores: copia de cualquier otra comunicación oficial o documento intercambiado entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) y el DRNA relacionado al plan de gastos para el uso de estos fondos; copia de cualquier propuesta enmendada sobre el plan de gastos que fuera originalmente sometida en el 2018 y copia de cualquier otro documento adicional necesario para viabilizar la participación efectiva de los pescadores en la reunión que ha sido convocada para el 16 de julio de 2019, incluyendo, alguna propuesta para la distribución del uso de los fondos señalados.
Según indica la sentencia, la parte demandada dispone de dos días laborables, venciendo estos el lunes 4 de noviembre, para cumplir con la divulgación ordenada.
El Programa Legado, conocida también como Legacy Professional Association, celebrará el 21 de noviembre, en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, un foro educativo denominado como Droga versus Uso Terapéutico del Cannabis.
El foro va dirigido a fomentar el entendimiento entre los estudiantes de medicina de la Isla sobre el cannabis medicinal, su uso en tratamientos médicos aprobados y el monitoreo a los pacientes, entre otros temas, para así lograr una clara distinción entre este medicamento científico y la marihuana ilegal que se vende en la calle.
“Para nosotros es bien importante impulsar un debate académico franco y abierto entre los estudiantes de los diversos campos de la medicina en Puerto Rico sobre este novel tema del cannabis medicinal y sus funciones terapéuticas. Existe mucha desinformación en la calle, muchos rumores y asunciones erróneas, particularmente entre la juventud, por eso desarrollamos este tipo de taller-debate, para tener un verdadero intercambio de ideas y conceptos”, explicó el licenciado John Javier Reyes, farmacéutico y director ejecutivo del Programa Legado en Puerto Rico.
Desde el 2015 se autorizó el uso del cannabis medicinal con propósito investigativo y de tratamiento para condiciones crónicas como el dolor, espasmos musculares, cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia, migraña, y entre otros.
El público se encuentra carente de información y existe mucha desinformación afuera. Según recalcó el Licenciado en Farmacia, “es necesario saber que existe en el mercado diferentes productos con el cannabis medicinal y no son iguales. Por eso la importancia de educar sobre la diferencia entre THC, CBD o Hemp y como debe ser el tratamiento de cada uno de ellos o en combinación. Este tipo de foro es perfecto para educar a los nuevos estudiantes de medicina, quienes en el futuro trabajaran con este tratamiento”.
LEGADO es una organización estudiantil que ayuda en la capacitación académica y profesional de sus miembros a través de talleres a la formación de profesionales completos y así lograr la admisión a un programa graduado. El programa cuenta con capítulos en siete instituciones universitarias de la Isla, incluyendo los recintos de Cayey y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
El taller será celebrado el mencionado día a la 10:00 am en el Salón 301 MMM de dicha universidad.
La empresa Caribbean Produce Exchange aclaró, mediante comunicado, el viernes que las manzanas que ellos distribuyen no están relacionadas al brote de Listeria identificado en diversos mercados de Estados Unidos a raíz del comunicado emitido por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA).
“A raíz del comunicado de la FDA con respecto al brote de Listeria en los Estados Unidos y el retiro de manzanas en diversos estados, queremos informar y aclarar al público, así como a todos nuestros clientes que la manzanas que distribuimos no están relacionadas con este brote”, destacó por escrito Ángel Santiago, presidente de Caribbean Produce Exchange.
Indicó que el brote anunciado en frutas se ha identificado en manzanas de la empresa North Bay Produce, con sede en Traverse City, Michigan. Las mismas, fueron retiradas voluntariamente del mercado en ocho estados de la nación, incluyendo Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin.
Santiago aclaró además que la empresa North Bay Produce no importa ninguna de las variedades de manzanas retiradas en el mercado norteamericano por esta situación, y en sus inventarios de frutas tampoco hay productos que hayan sido adquiridos en dicha planta, por lo que sus manzanas y frutas frescas no han sido afectadas por la alerta emitida por la FDA.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó que el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, incurrió en «negligencia inexcusable» al contratar a la compañía LR Handyman Services por un contrato que comenzó en $1.2 millones y para el que no realizó subasta.
La Resolución del PFEI propone suspender al alcalde de empleo y sueldo durante un periodo de 10 días. El salario mensual del alcalde de Villalba es de $6,000. Diez días de suspensión implica alrededor de la mitad de ese salario.
El alcalde tiene cinco días para impugnar la sanción, no así la «negligencia inexcusable» que fue adjudicada, explicó el representante penepé José Enrique Meléndez, quien radicó la denuncia y señaló que el empresario es aportador al partido en el que milita el alcalde.
Negligencia inexcusable, según la Ley de Municipios Autónomos, es la acción u omisión manifiesta, injustificada y que no admite excusas de descuido o incumplimiento por parte de un alcalde o alcaldesa para con las responsabilidades y obligaciones del cargo, de tal dimensión o magnitud que constituye una falta de gravedad mayor para la disciplina y eficiencia de la función pública, que implique la conciencia de la previsibilidad del daño y la aceptación temeraria, sin razón válida para ello, menoscabando de esa manera los intereses y/o derechos del pueblo».
La Resolución del PFEI establece que «el Alcalde incurrió en actuaciones sancionadas» en el Plan de Reorganización Núm. 1-2020, específicamente en el Art. 14, Inciso (c) el cual se refiere al abandono inexcusable y negligencia inexcusable en el desempeño de sus funciones que resulta lesiva a los mejores intereses públicos.
Hernández Ortiz reaccionó molesto por todo el proceso y la determinación. Aseguró que estaría radicando la impugnación. “Este es un proceso altamente abusivo y atropellado. Tengo cinco días para pedir una vista administrativa y nadie dude que así lo haré», expresó.
«Voy de frente y como en ocasiones anteriores, venceré contra esta injusticia, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi pueblo”, dijo el abogado y también vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
De la investigación llevada a cabo surge que, para los trabajos en la urbanización Alturas del Alba, no hubo una subasta pública, en clara violación a la Ley de Municipios Autónomos. Todos los contratos con LR Handyman Servicies, Inc., fueron otorgados sin haber llevado a cabo una subasta para los trabajos contratados».
Resolución – DJ-2017-008 (AF)
La controversia surgió en el 2011, cuando Hernández Ortiz no era alcalde de Villalba, según desglosa la Resolución del Panel sobre el FEI- Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
Cadena de eventos:
2011 – Agosto – Gobierno decreta estado de emergencia ante paso tormenta Irene.
2011 – Agosto – Municipio de Villalba también decreta estado de emergencia.
2012 – Noviembre – alcalde de Villalba (Waldemar Rivera) declaró otro estado de emergencia en la urbanización Alturas del Alba, relacionados a los daños de la tormenta.
2012 – finales – renuncia alcalde Waldemar Rivera, ahora juez.
2013 – Febrero – Luis Javier Hernández Ortiz asume la alcaldía.
2013 – Julio – firma el contrato con LR Handyman Services por $1.2 millones para reparar los daños.
2014 – Junio – aumenta el contrato a $1.3 millones.
2015 – Agosto – vuelve a aumenta el contrato a $1.5 millones.
2016 – Febrero – nueva enmienda al contrato lo lleva a $1,664,366.
El PFEI establece en su Resolución que «el contrato del 31 de julio de 2013 (Hernández Ortiz ya había asumido la poltrona municipal) no contienen explicación o fundamentos por el cual no se llevó a cabo la subasta que requiere la Ley de Municipios Autónomos».
Hernández Ortiz insistió en que el Panel investigó este caso «durante dos años y tuvo que reconocer que no había cometido delito alguno. Ahora, que los ojos del país están puestos en Villalba de forma positiva, gracias a la iniciativa del Consorcio Energético de la Montaña, vienen a tratar de manchar reputaciones sin tener ningún fundamento válido en derecho ni en los hechos”.
Además, destacó que «este caso nunca fue señalado por el Contralor en sus informes de auditoría. Lo que este servidor ha hecho es darle continuidad a un proyecto necesario para la comunidad de la urbanización Alturas del Alba. Este proyecto se culminó y fue inspeccionado por todas las agencias concernidas. De hecho, no hubo que devolver un solo centavo. Aquí no se ha cometido ilegalidad alguna”, insistió.
No obstante, al Resolución del PFEI señala que «del Informe del Abogado Investigador surgen violaciones a la Ley Electoral, sin embargo, por este asunto encontrarse bajo investigación del Contralor Electoral y, en ánimo de no afectar la investigación en curso por parte de esa institución, no intervendremos».
El documento especifica que la suspensión de empleo y sueldo por 10 días implica que durante ese tiempo el alcalde «Hernández Ortiz, no podrá visitar las instalaciones municipales, reunirse con el personal del municipio. ni dar instrucciones, por sí o mediante tercero, sobre la administración o labores de dicho municipio. Tampoco podrá hacer uso, en forma alguna de bienes muebles pertenecientes al municipio, entre ellos, vehículos. computadoras o teléfonos, entre otros».
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El municipio de Ponce y el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) firmaron lo que denominaron un ‘Convenio General de Colaboración Académica e Intercambio’ que permitirá a los estudiantes de los programas de Enfermería, Trabajo Social, Educación Preescolar y Terapia del Habla y Lenguaje realizar su práctica en las dependencias municipales.
“El desarrollo económico de nuestra Ciudad está enmarcada en la formación profesional y personal de sus residentes. Apoyar gestiones como estas permiten que lo que tanto anhelamos, sea totalmente posible”, informó la alcaldesa María Meléndez Altieri.
Los servicios de los estudiantes serán en oficinas como las de Asuntos al Ciudadano, Head Start y Early Head Start. El acuerdo tiene el fin, según explicó, de promover experiencias académicas y el desarrollo de proyectos que proveerán una formación profesional entre ambas partes.
“A cambio, los empleados municipales tendrán la alternativa de asistir al SUAG para tomar cursos de Educación Continua, y tomar charlas o talleres de capacitación profesional. Además, el Municipio Autónomo podrá utilizar las facilidades en Ponce para llevar acabo adiestramientos, reuniones, actividades y otras experiencias”, indicó la Alcaldesa.
El acuerdo estipula que la UAGM en Ponce colaborará con el municipio en la organización y participación de ferias de salud, así como otras actividades para mejorar la calidad de vida de los ponceños. La colaboración tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y no tiene impacto presupuestario, se informó.
“Estamos agradecidos de esta oportunidad que le brinda el ayuntamiento municipal y su alcaldesa, a los jóvenes, para que realicen practica de su profesión en las distintas dependencias municipales”, dijo David Méndez, representante del SUAGM.
El guayanillense Janarold Martínez, junto a la joven guaynabeña Isamarie Arroyo, se proclamaron en la mañana de hoy -domingo- campeones nacionales de triatlón sprint, evento que se llevó a cabo en Culebra.
El campeonato nacional se celebra dentro del Culebra Sports Challenge, una competencia avalada por la Federación Puertorriqueña de Triatlón.
El guayanillense tiene 20 años y es representante de la Universidad Interamericana en carreras en 5,000 y 10,000 en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria.
Martínez fue ganador del Challenge de 3,000 metros en aguas abiertas (39:22) y una carrera de cinco kilómetros (17:59) realizada el sábado, finalizando el triatlón con 1:09:19 y un sumatorio de tiempo de 2:06:29.
Mientras, Isamarie, de 18 años y estudiante-atleta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Cayey, lo realizó con tiempo de 1:15:57 de la suma entre 11:46 de los 700 metros de natación, 41:33 en los 20 kilómetros de bicicleta y 21:18 de la carrera de cinco kilómetros.
La joven atleta se prepara para hacer su debut en el campo traviesa de la Liga Atlética Interuniversitaria a finales de noviembre.
El subcampeonato del evento fue para la estudiante de la Escuela Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico, Adriana López, con tiempo de 1:28:43. López es la campeona nacional de la categoría 16-17. La medalla de bronce fue para Xasha Betancourt tiempo de 1:31:34.
Los campeones de la IV edición del Culebra Sport Challenge fueron Janarold Martínez y Maribel Malavé. El reto fue completar en dos días tres eventos 3,000 metros aguas abiertas, cinco kilómetros en carrera y un triatlón sprint.
Martínez hizo tiempo de 2:06.29. Por su parte, Malavé paró el reloj con 3:13:32 de la suma de 1:02:56 en 3,000 metros en natación, 27:02 en carrera pedestre y 1:43:36 en el triatlón.
El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, anunció hoy la implementación de Centros de Mediación de Conflictos en 830 escuelas del sistema como parte de una iniciativa que busca fomentar una cultura de diálogo entre los estudiantes para transformar la conducta negativa en una positiva y pacífica.
El proyecto es parte del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar del DE y se encuentra en la culminación de la fase de diagnóstico del clima escolar y en la orientación a las comunidades escolares.
Luego, se procederá con la etapa de capacitación al personal docente en cada una de las escuelas.
Los talleres, con una duración de seis horas cada uno, serán en los temas de proceso de mediación de conflictos, el rol del facilitador y la adecuada implementación del centro en las escuelas.
Además del personal escolar, se orientarán a los estudiantes sobre los beneficios que trae consigo la creación de los centros.
“Las capacitaciones están pautadas para iniciar este lunes, 28 de octubre, y culminarán en febrero del año escolar en curso. Para nosotros, en Educación, es muy importante contar con herramientas efectivas para atender las situaciones que ocurren en los distintos escenarios escolares. El manejo de conflictos redundará en el mejoramiento del aprovechamiento académico de los estudiantes. Queremos que sean impactados todos los componentes de la escuela para que sea efectivo el proyecto”, explicó el Secretario mediante declaraciones escritas.
Asimismo, destacó la importancia de que el DE desarrolle capacitaciones y talleres que contribuyan al mejor manejo de emociones en las escuelas y que sirvan como herramientas para que los niños y jóvenes puedan mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del plantel. Este tipo de esfuerzo, a su vez, ayudará a los maestros y al personal escolar a atender con efectividad cualquier situación de conflicto dentro de las escuelas.
De igual forma, el jefe de Educación anticipó que personal del componente social de la agencia continúa identificando recursos interagenciales, entidades privadas, cívicas y voluntariado para reforzar el trabajo que están realizando los profesionales del comportamiento del DE.
“Luego de sostener varias reuniones y conversatorios, estamos trabajando en la creación de un grupo multisectorial, a través de toda la isla, para dar apoyo a los esfuerzos que están haciendo nuestros educadores, trabajadores sociales y consejeros. Invitamos a la familia a que nos sirvan como aliados en este esfuerzo de fomentar una cultura de tolerancia, paz y armonía en nuestras escuelas; sin duda, eso redundará en un mejor desempeño escolar para sus hijos”, reconoció Hernández Pérez.
La directora del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, Carol Pérez Núñez, indicó que ya se han visitado 713 escuelas y se han orientado a más de 350 comunidades escolares.
“Tenemos previsto abrir el primer centro para los primeros meses del próximo semestre. Estamos muy adelantados en las primeras fases y tenemos un calendario completo para las capacitaciones. La iniciativa, en su totalidad, será sufragada con fondos federales; esto no tendrá impacto a los fondos estatales del DE”, dijo sobre el particular.
La Policía arrestó el viernes a un hombre identificado como Joshua Torres Maldonado imputado de cometer violencia doméstica.
Contra Torres Maldonado, de 24 años y residente de Arecibo, pesaba una orden de arresto por el delito mencionado y una fianza de $250mil.
El agente Alexis Maldonado, de la División de Arrestos Especiales, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, se hizo a cargo del diligenciamiento de dicha orden de arresto.
Torres Maldonado, fue llevado ante la presencia de un magistrado e ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar.
PONCE – Las gestiones para que dos importantes clientes se establezcan o utilicen el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago en su cadena de operación comenzó a cobrar forma, informó Johnny Fernández, director de la Zona Libre de Comercio 163, mejor conocida como Codezol.
Una de esas empresas utilizaría el puerto para la llegada de autos. La otra empresa, dedicada a la manufactura, puso la mira en la llamada finca Percon, donde estaría ubicando operaciones y convirtiéndose en posible cliente de Codezol y de esa forma convertirse en una empresa que opera bajo una zona libre comercio.
Los nombres de ambas empresas no serían revelados hasta que ellas determinen hacerlo público, informó Fernández, quien recién celebró los 30 años de que Ponce recibiera los permisos para tener una zona libre de comercio adicional a las dos que opera el gobierno estatal.
“Hay conversaciones con una empresa que se va a establecer ahí (Finca Percon) y que va a ser un cliente importante porque sería la primera empresa que se benefició de los servicios y eso ayudaría a que se llenen las 160 cuerdas que tiene ese terreno”, indicó sobre la manufacturera.
Aseguró que también hay “conversaciones serias con una empresa que quiere utilizar el Puerto de Ponce para traer carros… eso le traería un movimiento de carga al Puerto”.
Insistió en la necesidad de que se desarrolle el Puerto de Ponce. Percon sería, según explicó, un parque industrial con una zona de valor añadido, donde cifran esperanzadas de crear miles de empleos.
No obstante, Puerto Rico no es el único país en el Caribe que ha visto las zonas libres de impuesto como un aliado en el desarrollo económico. La República Dominicana tiene conversaciones con China para ampliar esos mercados y entre sus ventajas mercadean el que la posición estratégica en el Caribe los acerca al mercado de América.
Precisamente, ese fue uno de los fuertes que se vislumbraron cuando se construyó el Puerto de las Américas y se habló de desarrollarlo como un puerto de trasbordo con una zona libre de comercio que generara empleos y desarrollo económico, de eso hace más de dos décadas.
Mientras, la zona libre de comercio de Ponce ofrece diversas ventajas competitivas a sus clientes y la primera de ellas es que no pagan al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) el impuesto por tener la mercancía en suelo puertorriqueño. En la cadena de distribución, el impuesto lo pagan cuando la mercancía sale de la zona libre.
Eso representa que mientras un auto esté en la zona libre está exento del pago de arbitrios hasta tanto lo venden o se lo lleve el concesionario, quien transfiere ese impuesto al cliente. Si el auto está un año sin venderse, es un tiempo que no paga impuestos, solo por almacenaje en Codezol, cuya cantidad es muchísimo menos, explicó Fernández.
La logística actual de las empresas automotrices es que el carro llega al Puerto de San Juan y la empresa, como ejemplo la FORD, lo lleva a la zona libre de Ponce donde es almacenado hasta que el ‘dealer’ lo recoge para venderlo. Es en ese momento en que paga las contribuciones. Mientras, se economiza los impuestos que debe pagar al gobierno por cada mes que lo tenga en el ‘dealer’ y no lo venda.
“Los ahorros contributivos con los que se beneficiaron los clientes el pasado año superan los $70 millones y entre éstos se destacan los “dealers” de autos, cuyos ahorros rondan los $40 millones”, resaltó el director de Codezol.
El tenerlo en la zona ofrece al cliente una economía que en los pasados años representó sobre $700 millones al año, explicó Fernández, quien destacó que esa economía se suma a los empleos que generan esas compañías, lo que tiene un efecto colateral porque ese ahorro viabiliza la operación de ese negocio.
Las compañías que son clientes de Codezol, las cuales superan la veintena, mantiene sobre 900 empleos, indicó. Eso incluye los que hay en las 18 subzonas que disfrutan las mismas exenciones contributivas.
Fernández explicó que mientras la mercancía se encuentra en la zona libre de comercio “contributivamente hablando, esa mercancía no ha llegado a Puerto Rico, y por ende, no tiene que pagar. Cuando se sacan y se la venden, es ese cliente el que paga el CRIM”.
“En ningún momento vas a estar sancionado (como cliente de la zona) para pagar ese inventario”, indicó.
Por su parte, Samuel Torres Acosta, presidente de la Junta de Directores de Codezol, destacó la importancia de impulsar el llamado megapuerto. “En el Puerto de Ponce ya se han invertido más de $250 millones en su rehabilitación y expansión. Su desarrollo y activación como un segundo puerto de importación y exportación de carga es muy importante para Puerto Rico desde el punto de vista logístico”, indicó Torres Acosta.
Los beneficios de la zona libre para sus clientes incluyen: posposición de los arbitrios de entrada que aduana impone a toda mercancía extranjera; 100 % de exención en impuestos municipales y estatales en mercancía a ser exportada desde la zona libre; exención de 100% en patente municipal de las ventas por exportación; exención de 100% en impuesto de inventario; exención del 60% del CRIM a mejoras en la instalación de su zona.
Johnny Fernández: «Los ahorros contributivos con los que se beneficiaron los clientes el pasado año superan los $70 millones y entre éstos se destacan los “dealers” de autos, cuyos ahorros rondan los $40 millones”.
La Cámara de Representantes tiene ante su consideración una medida dirigida a investigar cambios implementados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) con el propósito de mejorar el portal ‘Auto Rec’, utilizado para registrar vehículos.
“Se han levantado serios cuestionamientos públicos con relación al proceso de contratación de la entidad que maneja dicho portal y algunos de los problemas que ha confrontado el público al estar utilizado el mismo. Por tal razón radicamos esta Resolución, vamos a investigar, no únicamente para señalar fallas, pero principalmente para corregir las mismas y hacer de este sistema uno seguro y transparente para todos”, indicó José González Mercado, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara.
Informó que la Resolución de la Cámara 1580 ordena a dicha Comisión el realizar una investigación sobre dicho portal.
La medida señala que la venta de autos constituye uno de los sectores principales de la economía.
Detalló que durante el 2018, la industria automotriz tuvo un crecimiento constante y sustancial mes por mes en comparación con el año anterior. Se ha publicado que, en el 2019, el crecimiento del mencionado sector se mantuvo de manera consistente. Durante el presente año se han registrado crecimientos dramáticos. A modo de ejemplo en el mes de marzo de 2019, se registró un crecimiento de 16 por ciento en relación con el mismo mes en el 2018.
“Al considerar lo antes expuesto, es nuestra posición que debemos ser cuidadosos y meticulosos con los cambios que se implementan y el efecto que puedan tener sobre la industria automotriz. Cambios inadecuados podrían surtir efectos negativos que desaceleren o detengan el crecimiento del sector”, finalizó.
