Por Redacción Es Noticia
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El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres dijo hoy que el ahorro que provocaría una rebaja en la factura de la electricidad anunciada por el gobierno “no es real” y “es medio artificial”.

Torres dijo que los ahorros que habría generado la planta de Costa Sur en Guayanilla quedaron anulados,  tras su salida del sistema de producción de energía por el terremoto del 7 de enero pasado.

“El Negociado de Energía tuvo que hacer malabares y diferir parte de esos pagos por combustible adicional por Costa Sur no estar en línea para que se pudiera ver algún tipo de ahorro. Eso es un ahorro que no es real. Es un ahorro que es medio artificial. Esa es la razón; el haber diferido esos pagos provee estos ahorros y todo es consecuencia de que Costa Sur no se reparó a tiempo y ahí vemos que todo aterriza en una mala administración”, dijo Torres en entrevista en la estación de radio NotiUno.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el sábado que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un ajuste tarifario en la factura del mes de junio de la AEE que entrará en vigor el lunes, 1 de junio tras la caída del precio del petróleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Mientras, el Negociado de Energía en la Resolución y Orden NEPR MI-2020-0001, tras evaluar la información presentada por la AEE relacionada con los gastos y ahorros de la corporación para el último trimestre, se aprobó una reducción inmediata de 4.1337 centavos por kilovatio hora en la factura de electricidad del mes de junio de 2020. Esto equivale a una reducción de 21.59 centavos por kilovatio hora de la tarifa actual a 17.46 centavos por kilovatio hora con efectividad tan pronto como este próximo lunes.

Entretanto, Torres cuestionó que “vamos a ver cómo llegan los (ahorros) de julio porque un poco se empujó la cosa ahora en junio para que se vieran unos ahorros. Vamos a ver como resultan (los ahorros) de julio”.

“Aquí de nuevo sale el tema de Costa Sur. Cuando la Autoridad se queda sin generación por la salida de Costa Sur en enero pasado, en la orden se detalla que el estimado de gastos de generación de unidades pico de la Autoridad, que corren con combustible más caro y que han tenido que entrar para suplir la deficiencia de Costa Sur, eso se estimó en 385 millones de dólares de los que ya se han diferido de la factura del consumidor alrededor de 135 millones de dólares. Por eso es que no veíamos la rebaja”, alegó Torres.

Explicó que en los meses de enero y febrero se supone que la factura se hubiera recibido de entre 24 y 28 centavos, pero se recibió de 21 centavos.

“El Negociado tenía la presión de pasar unos ahorros pero al mismo tiempo los ahorros no se proyectaron por una cuestión del inventario del combustible que ya se compraba y también estos gastos extraordinarios que se produjeron un poco por la realidad del temblor, pero la mayoría de ellos por no haber arreglado Costa Sur a tiempo y seguimos pagando por eso”, finalizó el representante de los consumidores ante la AEE.

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La Asociación de Alcaldes (AA) solicitó una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para conocer los planes del gobierno estatal para la temporada de huracanes y presentaron un listado de los temas que aún no se han atendido ante la posibilidad de que la isla sea atacada por un huracán.

En representación de la AA, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático,la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, y los alcaldes de Villalba y Guayanilla, Luis Javier Hernández y Nelson Torres Yordán, señalaron que al día de hoy la gobernadora «no se ha reunido a los alcaldes para trabajar el tema”. Los municipios de los tres alcaldes están ubicados en la zona sur, que ha sido afectada por numerosos temblores desde el comienzo del presente año.

«El viernes la gobernadora realizó una conferencia de prensa pero se limitó exclusivamente al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. La preparación para la temporada es mucho más que eso y al día de hoy no se ha reunido a los alcaldes para trabajar el tema”, expresó Hernández en declaraciones escritas.

Ante la situación, los alcaldes asociados solicitaron una reunión a la gobernadora para conocer los planes del gobierno estatal para la temporada de huracanes.

Los alcaldes señalaron que Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda, debido a que “el gobierno central no ha adelantado la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, derrumbes y facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, exdirectora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias,  alegó que al momento tampoco se han firmado los acuerdos de colaboración entre los municipios y diversas agencias para poder realizar los trabajos de primera respuesta, y poder reclamar a la Agencia Federal para Manejo de Desastres (FEMA), en caso de un desastre declarado a nivel federal.

“Por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no se ha informado el plan de contingencia para el funcionamiento de las bombas en caso de surgir interrupción con el servicio de energía eléctrica. Incluso, desconocemos el inventario disponible de generadores, tanques y camiones para establecer oasis”, señaló Bonilla.

Mientras, Torres Yordán, que aún continúa manejando los casos de los ciudadanos de Guayanilla afectados por los terremotos de enero pasado, expuso que para esta fecha se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  haya realizado la limpieza de ríos y las desembocaduras de los demás cuerpos de agua como medida de mitigación y control de inundaciones.

“Recordemos que debido al Covid-19 no todos los municipios han recibido autorización para la limpieza de quebradas y/o los trabajos no se han podido completar. Por parte del gobierno central no tienen ni siquiera el inventario disponible de bombas para extracción de agua y control de inundaciones”, dijo el alcalde.

Con relación al Departamento de Transportación y Obras Públicas, los alcaldes asociados señalaron que dicha agencia no ha realizado plan de limpieza y mitigación en vías estatales, como por ejemplo atarjeas y alcantarillas, para evitar inundaciones en áreas susceptibles. De igual manera también se desconoce el inventario de equipo pesado y personal disponible para atender los trabajos a consecuencia de una emergencia, entiéndase limpieza y derrumbes.

“No se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para poder realizar los trabajos, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal. Eso es crucial”, añadió Hernández.

Sobre el Departamento de Vivienda, el reclamo de los alcaldes asociados es relacionado a la situación de las familias que tuvieron pérdidas en sus hogares tras el impacto del Huracán María y que aún no cuentan con hogar seguro y que tampoco se conoce el número de toldos plásticos disponibles por municipio y cuándo y cómo se van a distribuir.

Mientras, la alcaldesa de Salinas expuso que al momento no se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para administrar los refugios, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal.

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó ayer que autorizó $49.5 millones para los hospitales privados bajo el Programa de Asistencia a Hospitales Privados, incluido en el Plan Estratégico de Desembolsos bajo la Ley CARES, aprobada en el Congreso de Estados Unidos.

“Después de un proceso estricto de solicitud que busca garantizar el desembolso de fondos apropiadamente, nos place anunciar la aprobación del desembolso de los primeros $49 millones del Programa de Asistencia a Hospitales Privados. Reconocemos los retos que nuestras instituciones hospitalarias han recibido a causa de esta pandemia mundial, y es por eso, que hemos trabajado ágilmente para iniciar el proceso de desembolso y cubrir los gastos relacionados a esta emergencia”, expresó la primera ejecutiva en una comunicación escrita.

Explicó que el programa dirigido a las instituciones hospitalarias privadas tiene asignado $150 millones para proporcionar asistencia de emergencia (subvenciones o préstamos a corto plazo) a los hospitales privados para los gastos relacionados a la emergencia ocasionada por el COVID-19. La asignación a cada institución se distribuye de acuerdo con la necesidad.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencial Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, informó que el restante de los fondos se distribuirá durante la primera semana de junio hasta cubrir la totalidad de los 150 millones de dólares. Agregó que la guías para solicitar la ayuda económica bajo este programa están disponible en el portal oficial de la AAFAF (aafaf.pr.gov).

Desde el 15 de mayo, el Gobierno de Puerto Rico ha distribuido y/o autorizado bajo los diferentes programas alrededor $347 millones.