Por Redacción Es Noticia

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Al finalizar la investigación legislativa sobre la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, el presidente de la comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, aseguró hoy que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tuvo nada que ver en la transacción, mientras se distanció de la divulgación de una conversación de WhatsApp vertida en una vista ejecutiva.

“Esto no tiene que ver con partido alguno. No podemos mezclar esto con el PNP, sino con personas que lamentablemente usaron esta emergencia para otros propósito. (El partido está exonerado) totalmente de esto. Ustedes no han visto en las vistas que haya habido una instrucción del partido. El partido es una institución. Son las personas que actúan de manera diferente y que se alejan de las normas y de las leyes y eso no se lo podemos achacar a partido alguno”, dijo Morales en una entrevista en la estación de radio NotiUno.

Luego de 11 vistas públicas, la comisión que preside Morales culminó el proceso investigativo sobre la transacción de compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus por $38 millones a la empresa Apex Contractors. Las vistas finalizan a pesar que no citaron a testificar a representantes de la empresa 313, que también estuvo involucrada.

“Ya hemos comenzado la redacción del informe y esperamos próximamente emitir el mismo. Creo que nos toma un poco más de una semana. Tenemos que repasar nuevamente todos los testimonios. Hubo testimonios que duraron 11.5 horas, hubo otros que duraron ocho horas. Nosotros queremos hacer un buen informe, que no se nos escape ningún detalle y que pueda recoger de manera eficiente todo lo que tuvimos antes nuestra consideración para que recoja todo lo que pasó”, sostuvo el legislador.

Morales lamentó la divulgación de los detalles de la conversación de WhatsApp entre el dueño de Apex, Robert Rodríguez y el abogado de la empresa, Juan Maldonado sobre el manejo de la transacción.

“Es lamentable que esa información (se divulgara), a pesar que advertimos a cada una de las personas que estuvo en esa vista, miembros y no miembros de la comisión, que no se divulgara ningún asunto relacionado. Yo lo lamento. Por eso no hemos podido entrar en detalles de cómo fue que ocurrió esa vista, que se expresó en esa vista. Lo cierto es que en el informe, parte de esa evidencia que se discutió en la misma va a ser anejada en ese informe de la Comisión de Salud”, explicó el legislador.

Sostuvo que esta situación conllevará tomar medidas de precaución al entregar documentos y evidencia a los integrantes de la comisión.

Sobre el resultado de la investigación, el legislador dijo que el aprendizaje con esta situación es que el gobierno tiene asegurar que los procesos de compra cumplan con los requisitos y las normas independientemente que el país enfrente una situación de emergencia.

“Totalmente satisfecho. Hemos cumplido con nuestro deber ministerial de hacer esta investigación. Muchos, no sé por qué razón, no querían que esta investigación no se hiciera. Muchos justificaron que esta compra de Apex no había que investigarla porque todo se había hecho en orden. Al final del día ya el pueblo ha adjudicado conforme a lo que han visto que en efecto estas compras que se hicieron en el Departamento de Salud no cumplieron con el debido proceso”, dijo Morales.

“Aquí hay varias personas que tienen responsabilidad absoluta con esta orden de compra y eso se va a constatar en el informe que habrá de rendir la Comisión de Salud. Mucha gente ha tratado de decir que nosotros queríamos buscar un culpable o señalar a alguien en Fortaleza y ese no fue nunca el objetivo de la investigación. El objetivo fue buscar la verdad de cómo ocurrieron los hechos”, agregó cuando se le preguntó si la pesquisa pretendía involucrar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Por Miguel Díaz Román

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En momentos cuando crecen las dudas en las cifras del Departamento de Salud sobre la dispersión del coronavirus y entre la ciudadanía aumenta el clamor por el relajamiento de la cuarentena y la reanudación de la actividad comercial, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced  se propone anunciar hoy nuevas enmiendas a  la orden ejecutiva que mantiene cerrados  la mayoría de los comercios para evitar la propagación del virus.

Trascendió que previo al anuncio, Vázquez Garced se reunirá con varios representantes del sector privado, entre éstos integrantes de la Asociación de Restaurantes (ASORE), que ha reclamado la reapertura inmediata de los restaurantes debido a la crisis económica que padecen muchas de las empresas de ese sector debido al cierre ordenado por el gobierno.

La convocatoria emitida por La Fortaleza pautó el anuncio para la 1:00 de la tarde en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló en Miramar.

El anuncio de la gobernadora ocurre en medio de una gran desconfianza con las cifras presentadas por el Departamento de Salud sobre el estado de la pandemia en la isla.

En gran medida las dudas obedecen al uso de las pruebas serológicas para detectar el virus, las cuales no son concluyentes y es necesario confirmar sus resultados con una prueba molecular, que es muy confiable.

Numerosos alcaldes exigen continuamente la corrección de las cifras de contagios  que emite Salud sobre sus municipios, ya sea porque las cifras no incluyen todas las personas contagiadas o porque las cifras están infladas con resultados de pruebas serológicas que no han sido confirmadas con pruebas moleculares.

Además, una parte de los decesos son certificados por criterio médico y no por medio de una prueba molecular, lo que también ha sembrado dudas sobre la credibilidad de  las cifras de muertes.

El informe de Salud para el día de hoy indica que se han registrado 126 muertes y 2,913 personas contagiadas con la enfermedad.

Al eliminar los resultados de las pruebas  serológicas para contagios y reconocer como válidos los decesos confirmados con pruebas moleculares, surge que existen 1,213 personas contagiadas con el virus y 60 decesos, lo cual tiene el efecto de reducir sustancialmente los efectos de la pandemia en la isla.

Además, el acopio de estadísticas sobre la pandemia por parte de Salud se ha visto plagado de errores e inexactitudes que han provocado varias correcciones. Tales cambios han tenido el efecto de alentar las dudas en el sistema estadístico de la agencia y sobre el efecto real de la pandemia en la isla.

Tan reciente como el pasado martes Salud informó que había un niño en intensivo y conectado a un vetilador a causa del coronavirus, pero horas después emitió un comunicado desmintiendo la información.

La cuarentena comenzó desde el 15 de marzo y ha sido extendida en varias ocasiones y en las últimas semanas se ha comenzado a flexibilizar la operación de algunos sectores a los fines de lograr una reapertura ordenada de la economía.

Por Redacción Es Noticia

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El Programa de Protección de Salario (PPP, por sus siglas en inglés), que ayuda a los pequeños y medianos comerciantes con préstamos garantizados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA), ya ha llegado a 28,419 dueños de pymes, que representan más de $1,600 millones en fondos otorgados para paliar la crisis por el coronavirus.

“Esta ayuda de casi $1,700 millones para cerca de 29,000 comerciantes ha sido bien importante para estos negocios que tienen 500 empleados o menos. El 75% de este dinero va dirigido a la seguridad de empleo, pago de nómina, renta y utilidades. Esto ha sido un salvavidas en medio de la tempestad”, indicó Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) sobre las cifras confirmadas al 16 de mayo, según informó el periódico El Vocero.

Álvarez especificó que los comerciantes puertorriqueños también han recibido asistencia del Programa de Préstamos para Agravios Económicos por Desastres (EIDL), que les ofrece asistencia financiera de hasta $2 millones a las pequeñas empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro que hayan sufrido pérdidas económicas considerables como resultado de un desastre.

“Se han brindado $25 millones a través del programa EIDL que va directo a ayudar a los negocios que lo necesitan. En el programa PPP aún hay dinero disponible para esta segunda ronda, por lo que exhortamos a los comerciantes a recurrir a sus instituciones financieras para orientarse”, dijo Álvarez Rubio.

Sobre la información que publicó EL VOCERO que indica que la solicitud de los préstamos PPP están disminuyendo porque muchos dueños de negocios no están inclinados a presentar la abarcadora documentación requerida o no tienen sus registros al día, Álvarez confirmó que ha ido bajando la petición de estas ayudas, que requieren de informes y datos precisos.

“Las solicitudes han ido bajando, pero no deben cogerle miedo a solicitar esta ayuda. Sí tiene que haber una información mínima, el cumplimiento legal del negocio, planillas y reportes de nómina. Los bancos tienen que asegurarse de que el cliente cumple con todos los requisitos y el patrono tiene que estar registrado en la economía formal, porque hay un porcentaje bastante alto de negocios informales. El banco necesita que los comerciantes estén bajo los parámetros de la SBA para garantizar los préstamos”, aclaró la ejecutiva.

Finalmente, Álvarez resaltó que la ayuda apenas comienza, ya que luego de aprobarse los préstamos queda un complejo proceso para cumplir con los requisitos federales.

“Para que los clientes logren obtener la condonación de sus préstamos, viene una segunda parte que significa mucho trabajo para las instituciones financieras. Tenemos que demostrar y validar toda la información”, declaró la vicepresidenta de la ABPR.

El PPP —que al momento tiene disponible un fondo de $120,000 millones— ofrece préstamos para ayudar a los negocios y empresas a sufragar gastos de nómina, intereses sobre pagos hipotecarios, renta y utilidades durante la crisis ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

Según, Angelique Adjutant, oficial de Asuntos Públicos de la SBA en Puerto Rico e Islas Vírgenes, en la primera ronda de ayuda del programa PPP se aprobó un total de 2,856 préstamos. En la segunda fase, que comenzó el 27 de abril, aunque la cifra de préstamos aprobados es mucho más alta que la totalidad de la primera fase, se experimentó un decrecimiento de semana a semana durante el mes de mayo. En la primera semana se aprobaron 19,691 préstamos y en la segunda fueron 4,096, para un total de 23,787 hasta el pasado 8 de mayo.

Por Redacción Es Noticia

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El informe del Departamento de Salud reportó una muerte por coronavirus tras el fallecimiento de una mujer de 49 años de la región de Aguadilla.

El Sistema de Vigilancia informó que la muerte de la mujer es considerada un caso confirmado de coronavirus.

Mientras, el Registro Demográfico no reportó muertes certificadas mediante criterio clínico.

Con esta fatalidad añadida, el total de los decesos registrados a través del Sistema de Vigilancia son 60 y las reportadas a través del Registro Demográfico, como casos probables, suman 66.

Además, se registraron 47 resultados de casos únicos positivos entre pruebas serológicas y moleculares.

Al momento de emitir el reporte, se registraron siete casos positivos bajo pruebas moleculares, por lo que el total de resultados únicos positivos reportados es de 1,213. Los resultados de pruebas serológicas suman 1,700, tras registrarse 40 nuevos casos únicos positivos a dicha prueba. Con estos resultados adicionales reportados, el número total de casos únicos positivos es de 2,913.

De esta totalidad de casos únicos positivos, 1,465 corresponde a mujeres y 1,448 a hombres.

Resumen del reporte del Departamento de Salud:

Casos únicos positivos añadidos por pruebas moleculares: 7
Total de casos únicos positivos a pruebas moleculares: 1,213

Casos únicos positivos añadidos por pruebas serológicas: 40
Total de casos únicos positivos a pruebas serológicas: 1,700

Total de casos únicos positivos= 2,913

Decesos añadidos por Registro Demográfico: 0
Total de decesos por Registro Demográfico: 66

Decesos añadidos a través del Sistema de Vigilancia: 1
Total de decesos añadidos por el Sistema de Vigilancia: 60

Total de muertes reportadas: 126

A modo de prevención, se reitera el cumplimiento de las medidas de precaución y protección para evitar la propagación del virus en la isla. Esto incluye, pero no se limita, a la práctica del distanciamiento social, el uso compulsorio de mascarillas y el lavado de manos, o uso de hand sanitizer, con frecuencia.

Para más información, puede acceder directamente a través de la siguiente dirección https://statuscovid19.pr.gov o a través de la página web del Departamento de Salud www.salud.gov.pr/coronavirus.

Por Redacción Es Noticia

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Según el último informe del Departamento de Salud el número de casos únicos positivos aumentó de 2,866 a 2,913, lo que implica un alza de 47 casos.

Estos se desglosan en 1,213 que se han obtenido de las pruebas moleculares y 1,700 de las pruebas serológicas.

El número de muertes aumentó a 125, lo que implica que se ha registrado una nueva muerte por coronavirus.

Además, existen 114 personas hospitalizadas por el virus, lo que implica un aumento de 4 pacientes internados. Además, 13 de ellas están en cuidado intensivo y 7 en ventiladores mecánicos.

Los nuevos positivos elevan a 826 los casos en la zona Metro; 557 en la región de Bayamón; 315 casos en la región de Mayaguez; 399 en Caguas, 226 casos en Arecibo; 372 casos en Ponce y 87 casos en Fajardo.

Por Redacción Es Noticia
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La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes no celebrará más vistas públicas ni ejecutivas como parte de la investigación legislativa relacionada a la fallida compra de un millón de pruebas de coronavirus a la empresa Apex General Contractors, a un costo de $38 millones,  y que concluyó preliminarmente el lunes con el testimonio del dueño de esta empresa.

Así lo confirmó Juan Oscar Morales, presidente de la comisión cameral, quien dejó sobre la mesa la posibilidad de coordinar reuniones con las figuras que puedan aportar información adicional a la pesquisa, según inform el periódico El Vocero.

Esa comisión lleva celebrando vistas sobre el tema desde el pasado 8 de abril, cuando testificó la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

Morales indicó que la Cámara cuenta con evidencia suficiente para rendir un segundo informe parcial sobre la investigación y que entre lo recopilado tiene documentos sobre la empresa 313 LLC, que fue la única de las suplidoras que no testificó en las vistas.

Explicó particularmente que buscará reunirse con Willie Vega —empleado del Senado y candidato en 2016 a representante por el distrito de Vega Alta, Vega Baja y Dorado— y con el asesor legislativo de la gobernadora, Alex López Echegaray. Sus nombres trascendieron durante el testimonio del dueño de Apex, Robert Rodríguez.

Señaló que si mientras prepara el informe necesitara atar cabos con alguno de los deponentes que ya comparecieron, los citará a reuniones en privado. Anticipó que la segunda fase de la investigación cameral se concentrará en el tema del inventario de medicamentos y otros contratos en Salud.

Ricardo Vázquez, dueño de 313 LLC, no llegó el lunes al interrogatorio ante la comisión cameral. Esta empresa en particular estuvo involucrada en la venta al gobierno de 101,500 pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

Los reveladores mensajes entre el dueño de Apex y su supuesto abogado, Juan Maldonado, dejaron al descubierto algunas interioridades de la millonaria transacción entre Salud y esta empresa.

Las conversaciones ubican a Maldonado como la persona que impulsó la compra en beneficio de la empresa de Rodríguez por la suma de $38 millones y para la cual se pidió un adelanto de $19 millones.

La discusión entre Rodríguez y Maldonado —sobre el millón de pruebas— comenzó el 26 de marzo a las 11:38 de la mañana y se extendió hasta horas de la noche.

Ya concretada la compraventa, ambos celebraron las ganancias y hasta bromearon sobre lo “productivo del virus”. También mencionan en sus conversaciones al asesor López Echegaray como alguien a quien supuestamente contactarían en momentos en que se gestionaba la cancelación de las pruebas.

La gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionaron ayer a los referidos mensajes. “Lo expuesto en ese chat que divulgan los medios nos provoca indignación y merece nuestro más contundente repudio”, expresó la primera ejecutiva por escrito.

Mientras, Rivera Schatz dijo en sus redes sociales que “algunos sectores de la prensa quieren vincular selectiva y VICIOSAMENTE a ciertas figuras con el asunto de la investigación de las pruebas de Covid-19”.

“He dicho en varias ocasiones que además de la Cámara de Representantes, se alega que el FBI y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) están investigando. Las autoridades TODAS deben saber quién llamó, quién envió ‘textos’; quién intervino y quién no”, planteó el líder senatorial.

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La investigación que se inició por instrucciones de la exsecretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar, en torno a la alegada intervención indebida en la distribución de alimentos a los afectados por los terremotos del pasado mes de enero, evitó que se perdieran fondos federales, según expresó ayer en vistas públicas, el secretario interino de esta agencia, Eddie García Fuentes.

Esta conclusión fue ofrecida por este funcionario a la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que investiga los procesos llevados a cabo para atender a las víctimas de los sismos en la zona sur y suroeste de la Isla.

A preguntas del representante Rafael “Tatito” Hernández, el García Fuentes especificó que era “correcto”, que de no haberse realizado la investigación y se hubiese mantenido a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, licenciada Surima Quiñones en su posición, la agencia corría el riesgo de perder fondos provenientes del The Emergency Food Assistance Program (TEFAP, por sus siglas en inglés).

Según el informe final presentado por el secretario interino del DF, los testimonios vertidos por empleados de la agencia apuntan hacia la presencia de políticos que cambiaron el orden en el cual se llevaría a cabo la actividad, la falta de evaluación comunitaria de las necesidades de la población, así como los cambios a la logística en la distribución de alimentos. Todo esto sin la autorización del Food Nutrition Service (FNS, por sus siglas en ingles).

García Fuentes criticó estas actuaciones y a interrogantes del representante Denis Márquez opinó que no debe “haber políticos, ni terceros en el proceso de distribución de alimentos”.

Además, salió a relucir que Alberto Morales, del Departamento de Agricultura Federal, le envió una comunicación electrónica a la licenciada Quiñones, en la que le instruye a que evitar que esto ocurriera “porque se está manchando la imagen de la institución federal”.

El presidente de esta Comisión Especial, Rodríguez Aguiló, sostuvo que García hizo lo correcto cuando “recibió un informe con unos señalamientos serios, usted entendía que faltaba como parte de una investigación importante entrevistar a esas personas involucradas y lo encomendó, e hizo lo correcto y el gobierno federal está mirando lo que usted está haciendo porque si usted hubiese mirado para el lado también usted hubiese puesto los fondos federales en peligro, por inacción”.

Por otro lado, Rodríguez Aguiló le cuestionó a García Fuentes si entendía que el hecho de haber continuado la investigación lo descalificó para ser nombrado como secretario en propiedad, a lo que éste contestó que “fue una decisión personal” no aspirar a la posición a la que fue designado Orlando López Belmonte.

El funcionario también dijo que el designado secretario hasta el mes de marzo laboraba con ADSEF mediante un contrato de consultoría a través de la firma OFE Consulting Group, que inició en 9,000 dólares y culminaron en 124,500 dólares, por lo que no tenía que ir a la autorización del secretario. El contrato fue cancelado el 12 de mayo, dos días antes de su designación a la silla del DF.

García Fuentes añadió que el reglamento está bajo revisión para que este tipo de decisiones reciban el aval y conocimiento del secretario, y no solamente de los administradores. El presidente de esta Comisión Especial comunicó que esta área sería estudiada a fondo para legislar de manera que estos eventos no ocurran.

Al finalizar la vista pública, Rodríguez Aguiló señaló que tan pronto estén listas las transcripciones de esta parte de la investigación radicará un primer informe parcial, que incluirá recomendaciones para que se apruebe legislación ya presentada. Esto, para mejorar los protocolos y la respuesta del Ejecutivo ante las emergencias de modo que esté claro el rol de cada agencia en atender las necesidades del pueblo. En particular, lo que son los inventarios de los almacenes, cómo deben mantenerse para que no se pierdan y quién debe ser el responsable de este inventario.

“La próxima etapa de la investigación va a estar dirigida a la reconstrucción; vamos a estar estudiando cómo el gobierno se ha estado preparando para ayudar a los gobiernos municipales de la zona en el proceso de reconstrucción, con todo lo que tiene que ver con los pequeños y medianos negocios, las viviendas privadas y públicas, la infraestructura de carreteras, y las utilidades, específicamente lo que está pasando con la planta de Costa Sur”, afirmó el presidente de dicha Comisión.