Por Redacción Es Noticia
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La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, dijo el martes que no aceptarán ninguna alternativa para los municipios parecida a la invalidada Ley 29.
“No vamos a aceptar ninguna ley que permita gastar fondos que no estén contemplados en el presupuesto. El Tribunal determinó que si hay un presupuesto certificado, los gastos deben estar acorde a ese presupuesto certificado. Si vuelven al principio de lo que fue la Ley 29, de que los municipios no tenían que aportar al PayGo y ASES, les decimos que no, tienen que pagar», subrayó Jaresko.
«Hablamos mucho de hacerle justicia a los retirados, la mejor forma de honrarlos es asegurándonos que cada empleado reciba su aportación. Hay que defender las pensiones, esta es la primera forma de defender las pensiones, asegurándonos que quien las tiene que pagar, las pague”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.
Jaresko se reunió con parte de la directiva del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), para presentarle su propuesta para que paguen $66 millones adeudados, por concepto de los pagos a las pensiones (Pay-Go) y el Plan de Salud del Gobierno (ASES), luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain invalidara la Ley 29.
“Los 78 municipios le deben al Gobierno Central un total de $198 millones. Los municipios pagaron menos este año fiscal, porque el gobierno federal desembolsó más fondos por concepto de Medicaid. El presupuesto certificado incluía el pago de $132 millones que el gobierno central pasaría al CRIM. Ese dinero no se le pasó a los municipios, porque estos decidieron implantar la Ley 29. Ahora que se declaró nula la Ley 29, ese dinero se distribuirá a los municipios, tomando en cuenta la cantidad que cada municipio le deba al gobierno central”, indicó.
Según Jaresko, para el año fiscal 2020, el costo para los municipios:
- $166 millones – Pago de las pensiones.
- +$32 millones – Plan de Salud del Gobierno.
- =$198 millones (Pensiones +Plan de Salud)
- –$132 millones – Gobierno Central transfirió a través del CRIM.
- =$66 millones – Insuficiencia que tienen aportar los municipios.
“Si tomamos en cuenta el presupuesto total de los 78 municipios, que se encuentra alrededor de los $2 mil millones, quiere decir que la cantidad adeudada es más o menos el 3% del total del presupuesto de todos los municipios. Esa cantidad ($66 millones) es manejable. La pregunta ahora es cuanto cada municipio tendrá que pagar”, sostuvo Jaresko.
Mencionó que está consciente de que para algunos municipios pagar la cantidad adeudada en este momento representaría un disloque en la prestación de algunos servicios esenciales. Por lo tanto, la propuesta utiliza fondos no presupuestados.
Como primera opción, se ofreció utilizar fondos de la Lotería Electrónica, que no se le transfirieron a los municipios en los años fiscales 2016-17. Segundo, los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) que no necesariamente se utilizan para pagar los préstamos de los municipios. La tercera opción es utilizar la liquidación que se da al final del año fiscal (en este caso el año fiscal 2020), que el CRIM otorga a los municipios cuando sobrepasan los estimados de recaudos por impuestos.
“Si después de agotar esas opciones, si todavía quedara algún balance que cubrir, pedimos que se pague con parte del dinero que se consiga por concepto de la venta de deuda morosa del CRIM. Eso, el CRIM ha tratado de hacerlo en múltiples ocasiones pero no han tenido éxito. Algunos estiman que hay sobre $400 millones en deuda en ese inventario. Y finalmente, si por la razón que sea, ninguna de las primeras opciones logra los resultados esperados, pediremos entonces que se utilice el dinero que el CRIM le adelanta a los municipios por las remesas a partir del año fiscal 2022, hasta que el municipio salde la deuda”, expresó Jaresko.
Explicó que las opciones son únicamente para el pago de la deuda del año fiscal 2020. El plan para los pagos futuros está en conversaciones y se atenderá con los planes fiscales.
La directora ejecutiva de la JCF criticó que los municipios, en vez de aprovechar la coyuntura de la Ley 29 para ahorrar, aumentaron sus gastos en otras partidas y a la vez dejaron de aportar a las pensiones y al plan de salud del gobierno.
“Aumentaron la nómina en 3% al compararla con el año pasado. También aumentaron otras partidas de gastos. En vez de pagar el retiro, aumentaron los otros gastos. Se suponía que los gastos de los municipios bajaran en 2.9%. Pero lo que parece que ocurrió fue que desde que se aprobó la Ley 29 los municipios aumentaron sus gastos en $73 millones, cantidad parecida a lo que le deben al gobierno central por el pago PayGo y ASES”, expresó.
El pasado 14 de abril, la jueza Laura Taylor Swain dejó sin efecto la Ley 29, así como 23 medidas que transfirieron fondos no utilizados a varios municipios.
