Por Redacción Es Noticia

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El nuevo informe del Departamento de Salud registró tres muertes que corresponden a un hombre de 64 años de la región metro y dos féminas, una de 88 años y otra de 52 años, de las regiones de Ponce y Arecibo, respectivamente.

Los tres decesos son considerados como casos confirmados como positivos a coronavirus. El Registro Demográfico no reportó muertes.Con estos tres casos adicionales, el total de muertes en la isla asciende a 67, de las cuales 46 fueron reportadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 21 a través del Registro Demográfico.

Además se reportaron  80 resultados positivos adicionales, 49 fueron procesados en el Laboratorio de Salud Pública y 31 fueron obtenidos a través de los laboratorios privados. El Hospital de Veteranos no reportó resultados de pruebas positivas.

En Puerto Rico ya se ha realizado un total de 12,174 pruebas de Covid-19, de las cuales 1,378 pruebas han arrojado resultados positivos, 8,842 han sido negativas, 1,944 están pendiente de resultados y 10 permanecen con resultados inconclusos.

Por otro lado, ayer se informó que durante el proceso de depuración de datos que realiza el personal de la Oficina de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, el total de casos positivos únicos asciende a 915, de los cuales 726 se obtuvieron de pruebas moleculares y 189 de pruebas serológicas.

“El personal de la Oficina de Epidemiología e Investigación, liderado por el doctor David Capó, continúa depurando la información que tenemos de todas las variables. Dicha data es dinámica, por lo que se analiza día a día. De manera simultánea, se evalúan los procesos e informes para detectar cualquier cambio que se deba realizar con estos mismos propósitos. El compromiso es manejar la información de manera responsable, con el fin de poder brindar un marco de referencia sobre el impacto del Covid-19 en nuestra población”, expresó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

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Según el más reciente informe del Departamento de Salud, se han resgistrado 80 resultados positivos a coronavirus que aumentaron la cifra de casos en la isla a 1,378 casos.

Además, las muertes por coronavirus aumentaron a 67, lo que representa un alza de tres muertes.

Los nuevos positivos elevan a 367 los casos en la zona Metro; 182 en la región de Bayamón; 135 casos en la región de Mayaguez; 112 en Caguas, 76 casos en Arecibo; 87 casos en Ponce y 16 casos en Fajardo.

Hasta ahora, un total de 12,174 pruebas de coronavirus se han realizado en Puerto Rico, de las que 1,378 han resultado positivas 8,842 han resultado negativas y aún se esperan por los resultados de unas 1,944 Además, hay 10 casos inconclusos.

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La entidad Ayuda Legal Puerto Rico le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que asigne fondos de asistencia a la población que aún no tienen un hogar y a la que reside en viviendas alquiladas por que ya no podrán pagar como resultado de la emergencia causada por el coronavirus.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Adriana Godreau, solicitó a la gobernadora que se brinde ayuda a las familias que viven bajo cánones de arrendamiento de los fondos de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES).

Godreau indicó que la ayuda iría a aliviar el efecto adverso de la pandemia en los sectores más vulnerables del país como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes.

“De cara a los planes que debe detallar el Gobierno de Puerto Rico para el uso de los fondos federales que se asignen para manejar este desastre, urge utilizar la asistencia disponible para garantizar los derechos a la vivienda de las poblaciones históricamente más vulnerables. Necesitamos asistencia para alquiler, para beneficio de poblaciones que ya alquilan y que no podrán pagar, así como de personas que están sin hogar”, señaló Godreau en la misiva.

“Puerto Rico se prepara para recibir asignaciones de fondos federales que suman miles de millones de dólares, por conducto de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act para manejar la pandemia por COVID-19. Estas asignaciones incluyen fondos a través de enmiendas a la Ley del Seguro Social, asignaciones adicionales a los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), a los autorizados bajo el Housing Act (e.g. Sección 8), y la Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA), entre otros. Esos fondos pueden ayudar a garantizar el derecho a la vivienda de gente del País”, añadió.

“Reclamamos, pues, que parte de este dinero vaya dirigido a un programa de asistencia para rentas, que impacte a las personas de ingresos bajos o moderados”, señaló.

Explicó que cerca de 1 de cada 3 viviendas en Puerto Rico es alquilada. La condición económica de estas familias es, en muchos casos, precaria. A estos efectos, según datos del Buró del Censo de los Estados Unidos, el ingreso por hogar del 58.75 por ciento de estas viviendas es de 14,999 dólares o menos. Mientras tanto, la mediana del canon de arrendamiento es de 474 dólares. Abundan los reportes de rentas mucho más altas que éstas, afectando aún más a poblaciones ya vulnerables como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes.

Ante el COVID-19, las circunstancias de falta de recursos se agravaron para muchas personas. A esta fecha, sobre 173,000 personas han solicitado desempleo. Unas 71,000 familias han solicitado participar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esto es indicador de una mayor vulnerabilidad como consecuencia del virus y las medidas para atajar la pandemia.

“Medidas como las moratorias de hipoteca, reconocidas mediante legislación, reconocen la importancia de que el gobierno ayude a que las personas no pierdan su hogar como resultado de la pandemia. No obstante, estas medidas sólo mitigarán el impacto a las condiciones económicas adversas de las personas dueñas de hogar. Nada obliga, por ejemplo, a que una persona propietaria que recibió la moratoria le notifique a su arrendataria, para que pueda también beneficiarse de este respiro”, insistió.

“Un subsidio al alquiler garantiza el derecho a la vivienda de las personas que alquilan durante esta emergencia. En términos económicos, este tipo de medida protege el mercado de alquiler y a las personas dueñas que ponen su propiedad en ese mercado. Resaltamos que los fondos CDBG, por mandato del Congreso, pueden utilizarse para prevenir o responder a interrupciones económicas y del mercado inmobiliario”, dijo Godreau.

Por otro lado, mencionó que las personas sin hogar continúan con protecciones mínimas para protegerse del contagio o incluso aislarse para manejar síntomas leves de COVID-19. Los fondos que se recibirán pueden brindar mejores condiciones y evitar una crisis de salud pública mayor en esta población. Además de los fondos generales para atender la pandemia, como los de la enmienda a la Ley del Seguro Social, tanto los fondos CDBG y la asistencia pública autorizada por FEMA pueden utilizarse específicamente para brindar asistencia a través de refugios no congregados (non-congregate). La experiencia en otras jurisdicciones de Estados Unidos nos muestra que los refugios colectivos fomentan la transmisión de la enfermedad en esta población.  Por ello, han recurrido a refugios individuales temporeros, como por ejemplo utilizando hoteles como refugio.

De tal modo, se podrían atender también poblaciones que aún aguardan por vivienda segura en medio de la pandemia, como las más de 200 personas que continúan sin vivienda tras los terremotos del sur. Establecer este sistema de refugios colectivos seguros ante el COVID-19 sería además una medida de preparación de cara a una temporada de huracanes que nos tomará en plena crisis de salud, sin refugios colectivos seguros y con una alta necesidad de vivienda resiliente.

Señaló que los subsidios de alquiler deben operar de forma retroactiva, desde el 1 de abril, cónsono con asistencias de desempleo y licencias especiales que ha ofrecido el gobierno. Deben tener una extensión mínima de 90 días.

“De igual forma, debe establecerse una política pública amplia que impida desahucios o lanzamientos al menos 60 días tras el fin de la pandemia. Esto dará espacio a que las familias puedan restablecerse económicamente”, concluyó.