El Gobierno emitió la Determinación Administrativa 20-11 para extender la exención temporera del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados.
“La Determinación Administrativa extiende el periodo de Exención Temporera de IVU en alimentos preparados hasta el domingo, 3 de mayo de 2020. Continuamos estableciendo medidas en favor de todos los ciudadanos ante la emergencia de salud que enfrentamos por el COVID-19”, expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que la vigencia de la primera Determinación Administrativa 20-08 de exención temporera en el pago del IVU, culmina mañana domingo, 19 de abril a las 11:59 pm y la nueva publicación entrará en vigor el lunes, 20 de abril a las 12:00 am.
Detalló que, además de alimentos preparados, incluye bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, según definidos en la Sección 4010.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. No será aplicable a la venta de bebidas alcohólicas.
“A tenor
con la Orden Ejecutiva 2020-033, que extiende el cierre total y el toque de
queda a partir de las 7:00 pm hasta las 5:00 am (hasta el 3 de mayo) hemos
extendido la exención temporera del IVU en alimentos preparados. No obstante,
estaremos evaluando la posibilidad de extenderlo por más tiempo dependiendo de
las circunstancias a la fecha de vencimiento de este periodo”, afirmó el
secretario.
Cualquier
incumplimiento relacionado con las disposiciones de la Determinación
Administrativa podrá ser informado a través de SURI Confidencia en
suri.hacienda.pr.gov.
El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, dijo que se apresta a recomendar que la directriz que prohíbe a los puertorriqueños salir de sus hogares sea enmendada para que se extienda hasta el 1 de junio y así atajar la pandemia que mantiene el confinamiento.
«Deberíamos mantenernos conservadoramente cuando se toman las decisiones para el país», dijo González. El 1 de junio es la fecha que se proyecta el que en Estados Unidos se neutralice la duplicación de casos.
Las expresiones las hizo en una conferencia de prensa en la que habló de las estadísticas que lleva su Agencia sobre los casos y el manejo de lo relacionado al COVID-19 y que finalizó abruptamente tras preguntas sobre el manejo de la data.
«El Departamento de Salud tiene que depurar la data», admitió González, quien aceptó que las estadísticas que tienen deberán depurarlas porque no reflejan la realidad e incluso hay pacientes cuyos resultados pudieran estar repetidos.
«La data sigue siendo válida, y es la que tenemos y la utilizamos para tomar decisiones. Podría ser una data mucho mejor, pero definitivamente es la que tenemos y la que vamos a utilizar, sin duda alguna», dijo antes de señalar que otros países también tienen problemas con la data.
Entre la data que maneja el Departamento de Salud está la cantidad de pruebas que ya adquirió esa Agencia y las pocas pruebas que ha realizado por lo que el Secretario se comprometió a verificar por qué no se han utilizado esas pruebas cuyo paradero lo conoce la Agencia.
Sobre esas pruebas, indicó González, estarían indagando si es que los requisitos solicitados para hacer las pruebas son los que obstaculizan el proceso de hacerlas. Una de las múltiples denuncias es que la persona debe haber resultado negativo en las pruebas de micoplasma e influenza para poder hacerle la prueba del COVID-19.
Por otro lado, informó que compraron 15 ventiladores que ya están en Puerto Rico. Además, se reunirá con personal de los bancos de sangre para darle seguimiento a casos positivos y auscultar la posibilidad de obtener muestra de dichos pacientes de manera que se puedan sacar anticuerpos para combatir el virus.
Asimismo, dijo que se trabaja con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para realizar pruebas a 40 internos o población juvenil que hay en la institución, ubicada en Ponce, y a los 17 empleados que laboran en el lugar, esto luego de que una empleada diera positivo.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer Román, indicó que el primer piso del Centro de Convenciones Pedro Rosselló se utilizaría para liberar camas en los hospitales y no para pacientes de COVID-19.
En el primer piso del Centro de Convenciones hay una capacidad para 1,675 camas. Esto se trabajará por medio de tres fases según la necesidad de espacio en los hospitales, indicó. Unas 25 empresas mostraron interés en el requerimiento de propuesta.
Según Janer Román, en la selección del Centro de Convenciones consideraron el tiempo para habilitar el lugar y la inversión de capital. Adicional al Centro de Convenciones, evaluaron el antiguo hospital en Ceiba, dos hospitales en Guayama, unos edificios en Aguadilla, el Coliseo Roberto Clemente y el Coliseo de Puerto Rico.
La conferencia de prensa terminó con encono por parte del secretario de Salud a preguntas de la prensa. «No estoy en la disposición de ser conflictivo más. Voy a ayudarte. Ayudame a ayudar a Puerto Rico es lo único que tienes que hacer», dijo a una periodista antes de abandonar el lugar.
El gobierno
informó que la empresa que fue contratada para mantener energizados los contenedores
en que guardaban alimentos del cerrado refugio de Peñuelas, asumió su responsabilidad
y reparará al erario los daños.
Tres contenedores
con comida en donde estuvo el campamento para las víctimas de terremoto fueron
abandonados tras el cierre del campamento. Los generadores de electricidad
fueron desconectados. La comida se dañó y los lexiviados con gusanos invaden el
lugar, una pista atlética.
El secretario de Seguridad Pública, Pedro J. Janer Román, tras leer una cronología de lo ocurrido con los contenedores llenos de alimentos, dijo que “la empresa contratada para mantener el generador ha expresado su responsabilidad”.
Explicó que
NC Contrator and Rental, compañía contratada, informó que recibió una llamada
de un empleado municipal para que desconectaran el vagón y que un empleado lo
desconectó y dejó sin servicio a los tres contenedores.
“Este
pueblo dejó de ser pend…”, expresó el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsalez
Souchet, tras escuchar la conferencia de prensa en la que Janer hizo las
expresiones.
El alcalde le
reclamó que cómo era posible que horas antes acusaba a un empleado del municipio
de dar instrucciones para que se desconectaran los camiones y en conferencia de
prensa dijera que la empresa encargada de energizarlos aceptó su culpa.
La comida
que había en el contenedor, entre ellas pollos, vegetales y frutas, iba a ser donada
al Banco de Alimentos para distribuirla a los necesitados.
“Esto no se va a quedar ahí”, aseguró el alcalde, quien explicó que dio instrucciones a los abogados del municipio para que entrevisten a todos los empleados relacionados al manejo de los contenedores para someter el informe al Departamento de Justicia y al Departamento de la Vivienda. “Que pague quien tenga que pagar”, dijo.
Janer Román quedó en entregar a la prensa el listado con el inventario de los alimentos que había en los contenedores, pero al momento de publicar la información no lo había cumplido.
Un equipo de estudiantes y profesores del Programa de Bioingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) trabaja en el diseño de un prototipo de ventilador de emergencia que podría ser usado para pacientes con COVID-19.
El ventilador consiste de un sistema electromecánico para comprimir un ventilador manual conocido como Ambu Bag y que podría ser utilizado en el caso de que el sistema de salud no cuente con ventiladores comerciales disponibles, explicó Eduardo J. Juan García, director ejecutivo del programa de bioingenieria.
Los Ambu Bags están mucho más disponibles en los hospitales que un ventilador, destacó.
El sistema consiste de un motor eléctrico conectado a un mecanismo que convierte movimiento rotacional continuo a un desplazamiento angular definido. El mecanismo, entonces, permite comprimir el Ambu Bag. Mientras, el volumen de aire que expulsa el ventilador manual cada vez que se comprime (conocido como Tidal Volume) se ajusta moviendo la base donde se coloca el Ambu Bag, explicó.
“Existe una preocupación genuina de que podamos tener un gran número de personas contagiadas con COVID-19 que requieran ventilación artificial, y que no existan suficientes ventiladores comerciales para atender la demanda. De manera, que diseñamos un equipo que cumple con los requisitos clínicos, de bajo costo, fácil de manufacturar y lo suficientemente robusto para operar dos semanas consecutivas. Este dispositivo es para ser utilizado solamente como último recurso en casos de emergencia extrema”, explicó Juan García, quien también es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras (INEL).
El grupo de desarrolladores está integrado por:
estudiante Sergio Ruiz Vega y Esteban Juan Torres – Departamento de Ingeniería Mecánica (INME)
estudiante Miguel Ortiz López y Luis Báez Robles – Ingeniería Eléctrica (INEL)
estudiante doctoral Jorge Castro Torres, del Programa Graduado en Bioingeniería
Dr. Roberto L. Bayrón Vélez – anestesiólogo del Hospital Bella Vista, quien fue el asesor clínico del Proyecto.
Ingeniero Américo Rodríguez Vivaldi, presidente de Met-Pro Inc., quien donó y construyó los componentes mecánicos del prototipo de ventilador.
Este grupo de trabajo se reunió de manera remota para la creación del concepto. Los estudiantes Ruiz Vega y Juan Torres se encargaron principalmente del diseño mecánico, mientras que el resto del equipo trabajó en el componente eléctrico. Luego, el ingeniero Rodríguez Vivaldi manufacturó las piezas. Mientras, el prototipo se ensambló en la residencia del doctor Juan García.
“El objetivo de este diseño es salvar vidas. Hemos creado un concepto que se podría manufacturar con facilidad, en el caso de que sea necesario. Como Universidad, para nosotros es muy importante poder aportar soluciones para los retos que enfrenta la sociedad, en este caso, una pandemia que tristemente ha tomado muchas vidas. Reconocemos la aportación de nuestros socios estratégicos en la industria y en el sector de salud que también nos han apoyado en esta misión de contribuir en este momento de emergencia”, puntualizó el también Director del Programa Graduado de Bioingeniería del RUM.
Mientras, el doctor Jorge Haddock, el presidente de la UPR, destacó la importancia del trabajo que se está haciendo desde la academia y la comunidad científica, identificando soluciones efectivas para hacer frente a las consecuencias del COVID-19, al tiempo que se busca una solución a la pandemia.
A principios de mes, fue anunciada la creación del Centro de Respuesta Técnica e Innovación (UPRM Technical Response and Innovation Center), cuya misión es facilitar la atención y gestión administrativa, de manera expedita, de cualquier propuesta que surja en la comunidad universitaria para aportar en el manejo de la crisis de salud mundial provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsalez Souchet, denunció que ni el Departamento de la Vivienda ni la Guardia Nacional han respondido al llamado para que se lleven los tres contenedores, dos de ellos cargados de comida putrefacta, que dejaron abandonados en ese pueblo tras el cierre del refugio para las víctimas del terremoto.
Indicó que las denuncias públicas no han sido sufucientes para que las agencias tomen acción, mientras los gusanos continúan saliendo de los contenedores y el municipio no puede realizar ninguna acción sobre la situación. Aparentemente, los contenedores los habían alquilados a una empresa.
«Nadie quiere asumir la culpa», dijo el Alcalde, quien ordenó hacer un informe sobre la cadena de eventos relacionada a los contenedores, el cual enviará tanto al Departamento de la Vivienda como a Justicia para que se ordene acción al respeto. Los contenedores están estacionados sobre una pista atlética.
«Lo que hay es una pudrición», dijo sobre los lixiviados invadidos de gusanos que salen de los contenedores. Dentro de dos de los contenedores debería estar la comida que utilizaba la Guardia Nacional para cocinar en el refugio.
El alcalde indicó que los funcionarios que debieron atender la emergencia «han sido mediocres» en el manejo con el pueblo de Peñuelas afectado por los sismos.
Explicó que, desde el 20 de marzo, cuando reubicaron la última familia refugiada, invitó al Departamento de la Vivienda y a la compañía Individual Management, compañía contratada por Vivienda para la administración de residenciales y refugio, a que removiera los vagones. «Todos los vagones le corresponden al Departamento de la Vivienda», subrayó.
Reacciona Janer Román
El secretario de Seguridad Pública, Pedro J. Janer Román, informó que fue un empleado de Manejo de Emergencias Municipal de Peñuelas el que dio instrucciones de apagar el generador que energizaba los vagones.
Señaló que tuvo conocimiento de la situación la noche del viernes y que el dueño de la empresa dueña de los contenedores reconoció la negligencia al desconectar el generador eléctrico.
«De la información que tenemos hasta el momento, el dueño de la empresa señaló que la instrucción de apagar el generador vino de un empleado de Manejo de Emergencias del municipio de Peñuelas y que es su interés asumir la responsabilidad sobre este incidente», indicó.
«Se pretendía que el contenido de este vagón fuese donado a una institución sin fines de lucro, y es inaceptable que haya ocurrido algo así. Es por esto que se referirá este asunto a las autoridades pertinentes», dijo Janer Román en declaraciones escritas.
El informe del Departamento de Salud reporta que en la Región de Ponce, integrada por 15 municipio, hay 69 casos positivos al COVID-19, pero al sumar los casos por municipio -contenido en el mismo documento- asciende a 71 casos.
La incongruencia comenzó hace unos días. El Departamento de Salud, aun cuando se le solicitó, no ha podido aclarar la situación.
El informe de hoy -sábado 18 de abril- integra a Guayanilla (con dos casos) en los pueblos donde hay personas positivas al coronavirus. También aumenta la cantidad de casos positivos en Guayama (1 caso adicional), Guánica (1 caso adicional), Patillas (1 caso adiconal) y Salinas (1 caso adicional).
No se reportaron decesos en la Region de Ponce donde al presente han reportado ocho muertes debido a esta enfermedad.
60 muertos por COVID-19
A nivel isla, el informe reporta otras dos muertes por COVID-19, lo que eleva el número de fatalidades a 60.
Ambos decesos fueron registrados como casos con resultados confirmados como positivos al coronavirus. El Registro Demográfico no reportó personas fallecidas.
Dos muertes recientes:
Mujer de 73 años – Región de Aguadilla
Hombre de 70 años – Región de Caguas
Muertes:
60 total de muertes
41 reportadas por Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud.
19 casos añadidos porque, al momento de sus respectivos decesos, los cuadros clínicos eran compatibles con el COVID-19, siendo así clasificados por sus médicos en sus actas de defunción.
En Puerto Rico, un total de 1,118 pruebas han resultado positivas al coronavirus, eso representa el 12.2% de las pruebas realizadas. Cincuenta de esos resultados positivos fueron integrados con el informe de hoy sábado 18 de abril.
Casos positivos:
50 resultados positivos
43 laboratorios privados
4 Laboratorio de Salud Pública
3 Hospital de Veteranos
Pruebas realizadas:
10,933 pruebas de COVID-19
8,055 negativos
1,752 pendientes de resultados
8 permanecen inconclusos
“Estamos trabajando en la depuración y clasificación de los resultados de casos positivos para presentar un cuadro claro sobre las estadísticas del COVID-19 en la isla. Dicha información está siendo verificada por el equipo de Epidemiología y Bioseguridad del Departamento de Salud, por lo que, una vez validada en su totalidad, se actualizará y se publicará adecuadamente”, explicó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, firmó una Orden Ejecutiva que autoriza un Bono de Riesgo de $500.00 a los empleados del municipio que laboren durante la pandemia.
La alcaldesa se excluyó de dicho beneficio, aclaró en un comunicado de prensa.
“En estas semanas, he podido ver a un pueblo unido y a compañeros municipales comprometidos con la salud y seguridad de nuestros compueblanos, en la implementación de un Plan Estratégico para atender la pandemia”, indicó la alcaldesa.
Explicó que junto a la Policía estatal mantienen un plan para velar por el cumplimiento de las restricciones establecidas, como el toque de queda y cierre operacional de comercios.
Además, enfatizó en que mantienen una campaña educativa y la entrega de artículos de protección en las diversas comunidades.
Los servicios esenciales, como saneamiento, ornato, desinfección y limpieza de áreas públicas y de mayor concurrencia, está funcionando como programado, así como el plan de apoyo a nuestros adultos mayores con la entrega de alimentos y compras.
En términos médicos, informó que ofrecen asistencia a los pacientes de diálisis y establecieron un sistema de monitoreo y apoyo a los casos positivos de Covid-19, para evitar su exposición.
“Logramos un ‘Acuerdo Colaborativo’ con SURMED Medical Center para efectuar las pruebas en Salinas libre de costo para los ciudadanos y periódicamente informaremos los resultados”, indicó.
Una oficial de custodia del Centro de Tratamiento Social de Ponce arrojó positivo al COVID-19, informó el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo J. Rivera Juanatey.
«La persona no tuvo contacto directo con la población juvenil y muy poco con otros compañeros empleados. Sin embargo, a modo de prevención, Physician Correctional (PC), empresa encargada de proveer los servicios de salud de la población penal, instruyó su aislamiento y coordinó la toma de las pruebas a todos los que pudieron haber estado en contacto con ésta, aunque fuese mínimo», informó el DCR en un comunicado de prensa.
«A una segunda oficial, la que tuvo el mayor contacto con la que resultó positivo, se le ordenó realizarse la prueba del virus y el resultado arrojó negativo, señaló Rivera Juantey.
Como mecanismo de prevención, destacó el funcionario, «hemos optado por ser agresivos en nuestros protocolos, por lo que se aisló a la mayor cantidad de empleados aun cuando el contacto haya sido mínimo o parcial”.
Explicó que el equipo médico dePhysician Correctional se mantiene monitoreando a los transgresores, de acuerdo con el protocolo establecido por el componente privado que administra y gerencia el Programa de Salud Correccional.
«Hasta el momento ningún miembro de la población correccional ha presentado resultados positivos al COVID-19», asegura el titular del DCR.
Según Rivera Juanatey, cuando algún transgresor juvenil o adulto resulte positivo al virus, Physician Correctional activará el plan de cuidado que tiene establecido en coordinación con la división de epidemiología del Departamento de Salud.
“Estaremos brindando todo nuestro apoyo a la oficial diagnosticada con
el virus y le daremos seguimiento a su estado de salud. Confiamos en que esta
se recuperará pronto y saldrá fortalecida de esta situación”, manifestó Rivera
Juanatey.
Explicó que la afectada, tras haber arrojado positivo a la prueba rápida, le hicieron una segunda prueba de tipo molecular confirmando el resultado de la prueba rápida.
«Tan pronto como supimos que la empleada arrojó positivo al virus, se activaron los protocolos establecidos. Se le instruyó que tendrá que permanecer en aislamiento en su hogar y será monitoreada.
Una mala noticia de la epidemia del COVID-19 en Puerto Rico llegó esta mañana como un balde de agua fría: el Departamento de Salud ha estado informando de manera incorrecta los datos sobre contagios en la isla por las pasadas cuatro semanas.
El secretario de Salud, Lorenzo González, reconoció hoy al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que la agencia que dirige ha estado mezclando los resultados de pruebas moleculares, las cuales son confirmatorias de que la persona tiene el virus, con los resultados de las pruebas rápidas o serológicas, cuyo resultado según la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA en inglés) no es concluyente.
La implicación de esto es que ha habido un doble conteo, quizá hasta triple, de los resultados en los informes del Gobierno sobre COVID-19. Por ejemplo, una persona que se hizo una prueba rápida que dio positiva y luego se hizo la prueba molecular confirmando ese positivo se cuenta en los números que informa el Gobierno como dos casos aparte, cuando en realidad es uno solo.
El CPI preguntó si la cifra actual de casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico tiene un doble o hasta triple conteo.
“Sí, claro que sí”, dijo el Secretario. Explicó que hay pacientes que dan positivo y cuando se recuperan, se les realiza otra prueba para ver si ya sale negativo. “Ese paciente ha tenido dos, potencialmente tres pruebas”, dijo, al confirmar que los resultados de esas dos o hasta tres pruebas entrarían de manera individual en las cifras, a pesar de ser de un mismo paciente.
“Esa es la realidad del sistema existente. Definitivamente tenemos que depurarlo”, dijo González.
Entonces los datos hasta el momento en Puerto Rico no son confiables, cuestionó el CPI.
“Bueno, son los datos que tenemos”, admitió el funcionario. “Todos los 50 estados de Estados Unidos, y no me estoy defendiendo; como el resto del mundo, hoy nadie tiene data precisa”.
Sobre las expresiones en conferencia de prensa ayer en las que él y la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ante los cuestionamientos del CPI por las cifras, aseguraron que los números que proveen eran correctos, González dijo hoy: “No voy a defender lo indefendible, eso no lo van a ver nunca de mi parte, así que sí, tenemos cosas que tenemos que mejorar. Eso se lo digo de corazón. Por eso, cuando ayer hablamos con los muchachos, con todas las personas que están aquí devotos haciendo esto, yo les decía, ‘tiene razón, por más que hubiese discutido [ayer]’, aunque yo no discuto con nadie, fue un poquito de calor humano. Pero tenías razón. Así que sí, te la doy. Y usando esto, tenemos que resolver [y tener] protocolos categóricamente claros. Tenemos que resolver el double whammy, las doble pruebas que tengamos, cómo nosotros depuramos el sistema, y estamos trabajando en eso desde ayer. Cómo depurar el sistema para que no haya un resultado doble”.
Hasta el día de hoy, Puerto Rico tiene 1,068 casos positivos confirmados de COVID-19. Dentro de esa cifra, hay 170 casos que no fueron confirmados con una prueba molecular o “PCR”, según los datos que Salud proveyó hoy.
El CPI reveló esta semana que el Departamento de Salud carece de un proceso efectivo y centralizado para recibir e informar los resultados de las pruebas rápidas, lo que ha impedido hasta ahora que la agencia pueda dar información confiable. A pesar de que han repartido miles de pruebas rápidas a hospitales y centros de salud, el Gobierno de Puerto Rico tampoco tuvo control sobre qué ocurría con estas pruebas una vez se distribuían.
El Secretario aceptó estos problemas y dijo que conoce de ellos desde que llegó a la agencia, aunque casi tres semanas después, admitió que no se han resuelto.
“Yo no le estaba dando el seguimiento necesario”, tuvo que reconocer el Secretario al CPI. Dijo que luego de los cuestionamientos del CPI, se dio cuenta ayer que los números que había estado presentado la agencia estaban incorrectos.
González y su equipo adelantaron que la agencia trabaja en un nuevo protocolo para informar el resultado de pruebas de manera segmentada (moleculares versus serológicas) y que estarían rectificando los datos provistos hasta el momento.
Según datos de Salud detallados por primera vez este viernes al CPI, se han realizado 2,267 pruebas rápidas de un total de 351,500 que se han comprado. De la cantidad de pruebas realizadas, 170 positivos entraron al conteo oficial de casos confirmados de COVID-19, sin todas tener una prueba molecular confirmatoria.
González explicó que en Puerto Rico se han estado usando pruebas rápidas o serológicas y si arrojan positivo, no se realiza una molecular o “PCR” para asegurar que el paciente tiene la enfermedad y no fue un falso positivo.
La instrucción del Secretario es: “Si la rápida me da positivo, es positivo”.
Pero esto iría en contra de los protocolos vigentes para el manejo de la pandemia, según admitió el epidemiólogo del Gobierno, David Capó, y Jessica Cabrera, directora de la Oficina de Bioseguridad.
“En términos de protocolo, se supone que se confirme con PCR”, explicó Capó. Y añadió: “Se supone que se confirmen, los positivos y los negativos, que se confirmen todos”.
Cabrera coincidió: “Usualmente uno usa la rapid test para vigilancia. Él [Secretario] entiende que si da positivo, lo está sumando a la cifra”.
¿Y eso es correcto, epidemiólogo?
“Se supone que se confirme”, respondió Cabrera.
“Se supone que se confirmen, los positivos y los negativos, que se confirmen todos”, agregó Capó.
¿Usted sabía que al día de hoy hay casos positivos de pruebas rápidas metidas en esos números?
“Bueno, ahora mismo estamos en este proceso…”, respondió.
A manera de excepción, el protocolo que se está siguiendo con las pruebas que se hacen en el aeropuerto y las que se hacen a los trabajadores de emergencia es realizarles únicamente las pruebas moleculares, para así tener una confirmación confiable.
Sin embargo, ese protocolo no se está siguiendo con el resto de la población.
Capó dijo este viernes que el DS está evaluando cambiar las instrucciones a los hospitales y centros de salud.
¿Es posible que ustedes cambien los números, y los arreglen para reflejar las pruebas rápidas positivas separadas de las moleculares?
“Lo que estamos considerando es notificar por separado… Se supone que se confirmen todas las rápidas que salieron positivos”, contestó.
Pruebas distribuidas sin usarse
Otro problema con las pruebas rápidas es que el Gobierno ha repartido miles de estas pruebas, pero desconocía si se estaban utilizando. De las casi 100,000 pruebas que se han distribuido hasta hoy — incluyendo sobre 7,000 pruebas desde hace más de dos semanas — solamente se han usado 2,267.
“Tenemos para propósitos prácticos, 97,000 pruebas distribuidas en Puerto Rico que no nos están generando ningún beneficio”, dijo González, quien admitió que aunque conoce a qué lugares repartió pruebas rápidas, ”no está categóricamente claro cuánto de eso que se distribuyó se está produciendo en pruebas y se está utilizando”.
“Cuando miramos ahora para atrás, y te das cuenta que aquí se distribuyeron 100,000 pruebas rápidas y están en la periferia. No están generando ninguna respuesta para Puerto Rico. Eso es real. Eso es un punto válido y te lo doy 100%. Nos hiciste pensar de una forma clara. Evidentemente, el argumento es ‘si están, ¿por qué los hospitales y los centros no la están utilizando?’”
Hasta el momento, Puerto Rico tiene el número más bajo de pruebas realizadas al compararse con los estados y territorios de Estados Unidos, según datos recopilados por el Centro para una Nueva Economía.
El Hospital Municipal de San Juan hará la primera transfusión de plasma proveniente de un paciente curado de coronavirus a un paciente intubado que padece el virus y que está encamado en esa institución hospitalaria.
Es la primera vez en Puerto Rico que se lleva a cabo este procedimiento relacionado a la enfermedad del coronavirus.
“Entramos en una nueva etapa, la de colaborar en los esfuerzos para identificar un tratamiento efectivo para el manejo y ayuda a los enfermos intubados que padecen COVID-19 al hacer, por primera vez en Puerto Rico, una infusión de plasma convaleciente en un paciente intubado en nuestro Hospital Municipal de San Juan”, dijo a alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en una comunicación escrita.
El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que se colecta de un paciente que se ha recuperado de una infección.
El Hospital Municipal de San Juan fue el primer hospital en Puerto Rico en registrarse en el único estudio clínico, desarrollado en Estados Unidos, organizado por Mayo Clinic, para evaluar la efectividad terapéutica de la infusión de plasma convaleciente en contra del coronavirus.
Tambien el Hospital Municipal de San Juan es la primera institución en Puerto Rico en administrar plasma convaleciente a un paciente infectado con el virus.
La alcaldesa indicó que “según los médicos, los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente son proteínas que pueden ayudar a combatir una infección. El plasma convaleciente de coronavirus solo se puede obtener de personas que se hayan recuperado de la enfermedad y sean elegibles para donar sangre”.
Según se ha explicado, para que una persona pueda ser donante de plasma tiene que tener un diagnóstico positivo del virus con una prueba de laboratorio molecular. Luego, la persona tiene que estar sin síntomas de la enfermedad por lo menos 14 días antes de la donación y tener otra prueba de coronavirus negativa.
La alcaldesa agradeció al equipo de trabajo del Hospital Municipal liderado por el doctor Alexis Cruz, hematólogo/oncólogo y especialista en trasplante de médula por este esfuerzo en encontrar tratamientos viables para pacientes de coronavirus. También agradeció a José Alsina, del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, quien logró que se hiciera una excepción y se permitiera que el plasma colectado en Puerto Rico se quedara aquí.
