La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el jueves que el Tribunal de Apelaciones paralizó la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia que daba un plazo de 24 horas para que se reinstalara en su puesto de carrera al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo.
“A nuestro juicio, la orden emitida por el juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas, de ordenar al Municipio de San Juan la reinstalación de Carlos Acevedo en 24 horas es contraria a derecho e innecesaria, ya que el Municipio reinstaló a Acevedo en su puesto desde el pasado 27 de enero. El martes en la tarde radicamos un recurso de apelación y solicitud de auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones para que en ese foro se atiendan los planteamientos que hemos presentado”, declaró Cruz Soto.
La alcaldesa sostuvo que el Municipio de San Juan ha actuado conforme a los reglamentos y leyes aplicables en este caso.
“Con esta orden del Tribunal de Apelaciones se mantiene el orden correcto de las cosas, que es que el señor Acevedo fue reinstalado de empleo, pero continúa suspendido con paga conforme a los reglamentos”, afirmó.
La funcionaria también explicó que “en la moción presentada el martes en la tarde en el Tribunal de Apelaciones, explicamos que era necesario paralizar la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia por entender que la misma atenta contra el poder jurídico que la ley pone en manos de los municipios para investigar la conducta de sus empleados en el desempeño de sus funciones”.
Acevedo fue reinstalado en su posición como Ayudante Administrativo en la Oficina de Manejo de Emergencias de San Juan, y recibe su salario, pero se mantiene suspendido de empleo, mientras se realiza una investigación sobre la controversia en la que estuvo involucrado a causa de un almacén con suministros ubicado en La Guancha de Ponce.
En su decisión el juez Cuevas había indicado que «utilizar como pretexto los eventos acaecidos por el hallazgo del almacén de suministros en Ponce y la posterior destitución del Sr. Acevedo de su cargo de confianza a nivel estatal, para inventarse una justificación que le permita demostrar que no aceptará al peticionario en su empleo de carrera, es una acción temeraria y caprichosa. Esta acción no es más que una afrenta a nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado al señor Acevedo hasta la ignominia. Este tribunal no le hará eco a semejante proceder que violenta los derechos del individuo”.
En otra parte de la setencia apelada el juez Cuevas dijo que “esto no significa que los demandados tienen que reinstalar al señor Acevedo en el mismo puesto que tenía anteriormente, sino que tiene la opción de ese puesto o uno similar. Lo que no puede hacer el municipio es utilizar la reinstalación de sueldo como subterfugio para incumplir con su deber ministerial”.
El municipio de Yauco aún no tiene una fecha para el reinicio de las clases en el sistema público de enseñanza y tampoco han comenzado los trabajos para instalar las carpas temporeras y toda la infraestructura necesaria, lo que mantiene en estado de total incertidumbre sobre el comienzo del segundo semestre escolar a 4,000 estudiantes y cientos de maestros y personal de la comunidad escolar de 15 escuelas.
En las pasados dos semanas las clases del sistema público se fueron reinicando paulatinamente en los municipios del suroeste afectados por los sismos en carpas temporeras con excepción del municipio de Yauco, en el que aún no han comenzado los trabajos previos para la instalación de las carpas, que buscan establecer conexiones de agua, luz y otras infaestructuras necesarias para proveer los servicios a la comunidad escolar.
“Es una situación muy frustrante. Me preocupa que no se haya dicho nada sobre el reinicio de las clases. Se nos había dicho que las clases se reanudarían el 24 de febrero y que Educación se proponía reubicar ocho escuelas en carpas en el estacionamiento del estadio municipal pero no ha pasado. Como no había habido un movimiento mayor de parte de Educación yo hice el reclamo de que se tenía que terminar esta incertidumbre en el municipio”, dijo el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres.
El alcalde sostuvo que ayer tuvo una conversación con el secretario de Educación, Eligio Hernández, quien le indicó que se necesitaba un $1 millón para esos trabajos y que aún la Junta de Supervisión Fiscal no había aprobado esa asignación.
Torres agregó que el secretario le dijo que ya la OIficina de Gerencia y Presupuesto había realizado la solicitud a la Junta de Supervisión Fiscal para el desembolso de $1 millón.
No obstante, el alcalde dijo que desconoce cuándo se iniciarán los trabajos para la instalación de las carpas y la fecha real para el reinicio de las clases. Agregó que en medio de la incertidumbre de parte de Educación, las fundaciones Ser y Ricky Martín han apadrinado una escuela en Yauco y otras entidades han donado carpas.
“El secretario tendrá hoy y en los próximos días unas reuniones con la comunidad escolar en la que se hablará cómo manejar la situación emocional de los estudiantes y yo espero que se anuncie la fecha para el reinicio de las clases”, dijo Torres.
El informe sobre el almacén en Ponce con suministros de emergencia que no fueron entregados a los damnificados por los terremotos y que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, tiene cinco páginas y once anejos, aunque su contenido continúa siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados.
El documento fue revisado en cámara este martes en la tarde por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien determinará si el mismo será entregado en parte o en su totalidad como resultado de la demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Luego de una resolución emitida el viernes por el Tribunal en el caso de la ASPPRO y el CPI, el Gobierno tenía hasta este martes, a las 2:00 pm, para expresarse y justo a la 1:50 pm, presentó una moción de reconsideración acompañada de una declaración jurada del actual comisionado del NIE, Héctor López Sánchez.
El Gobierno además informó el martes que la fiscal Elba Acevedo del Departamento de Justicia estaba disponible para llevar copia del informe en sobre sellado a la jueza Roques Arroyo con el objetivo de que esta lo revisara y luego lo devolviera a la fiscal. La jueza emitió una orden requiriendo a la fiscal que compareciera a su sala antes de las 5:00 pm de ese día para entregar copia del informe.
De las mociones se desprende que la fiscal del Departamento de Justicia entregó a la jueza el informe en el sobre sellado para su inspección. El Gobierno además, reclamó a la jueza que guardara el informe en una bóveda.
La jueza ya concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. No obstante, por prudencia judicial, ya que el Gobierno alega que el informe contiene impresiones de los agentes del NIE sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta examinada, así como la identificación de los testigos entrevistados y el testimonio ofrecido, procede la inspección en cámara del documento en controversia. Con la inspección en cámara el Tribunal podrá “evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada”.
El gobierno radicó ese mismo día una solicitud de orden protectora solicitando que “luego del examen en cámara, se emita la instrucción correspondiente para que dicho documento permanezca en sobre sellado en bóveda… en aras de preservar a todas las partes su derecho a cualquier trámite ante los foros apelativos”.
El miércoles, la defensa de la ASPPRO y el CPI radicó una moción en la cual se opuso a esa petición de orden protectora. “La jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo ha dispuesto reiteradamente que, como resultado de un examen en cámara, el foro de instancia identificará si todo o parte del documento en controversia está protegido por alguno de los privilegios invocados por el Estado. De no estarlo, se ordenará la divulgación inmediata del mismo, o de aquellas partes que no estén protegidas por privilegio alguno”, indica la moción.
Comienzan a conocerse algunos detalles
La declaración jurada de López Sánchez indica que luego de que se iniciara la investigación encomendada por la Gobernadora el 18 de enero, al día siguiente se realizaron entrevistas a testigos que son empleados públicos y se inició una comunicación con fiscales auxiliares adscritos a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Dice la declaración jurada de López Sánchez que se coordinó para que estos fiscales fueran a la oficina del NIE en Ponce con una taquígrafa ante la posibilidad de tomar declaraciones juradas a varios testigos que ya habían sido entrevistados. Además, se requirió la producción de documentos mediante subpoena al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
Los agentes del NIE entrevistaron también a testigos en sus oficinas en Ponce y tuvieron una reunión entre los fiscales y personal del NIE en la cual discutieron los pormenores del caso, dice la declaración del Comisionado.
Origen del informe y del litigio
El pasado 18 de enero varios ciudadanos identificaron un almacén del Gobierno con suministros guardados desde poco después del paso del huracán María, hace más de dos años, en el área de La Guancha, en Ponce. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced dijo que desconocía del almacén y su contenido y ordenó al secretario de Estado Elmer Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas. El NIE entregó el informe el 20 de enero, pero no se hizo público, distinto a lo que había dado a entender la Gobernadora.
Varios funcionarios han afirmado que la Gobernadora sí conocía de la existencia del almacén de Ponce y de los suministros allí guardados. Así lo han afirmado la exsecretaria de la gobernación Zoé Laboy, y el exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
Tras el hallazgo del almacén, tanto la Gobernadora como el secretario de Estado afirmaron en múltiples ocasiones que la agencia a cargo de la investigación era el NIE.
“He ordenado al secretario de Estado, Elmer Román, realizar una investigación minuciosa sobre las alegaciones de mal manejo de suministros en un almacén en Ponce, donde se alega que había suministros desde el paso del huracán María. He dado 48 horas para la realización de la misma”, dijo la Gobernadora el 18 de enero.
El informe producido por el NIE es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced, pero su defensa por otro lado alega que el mismo es parte de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, aunque la misma inició luego de que se entregó el informe de la investigación a la Gobernadora. El Gobierno alega que el documento constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo, y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido.
La defensa del Gobierno supone que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que estas agencias trabajan en coordinación, aunque el NIE ya no es parte del Departamento de Justicia desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. La jueza estableció que “esta alegación del Gobierno está huérfana de disposición estatutaria conocida que la fundamente, y las partes peticionadas tampoco identificaron ley alguna en apoyo de esta aseveración”.
Los demandantes plantean que el informe debe producirlo la agencia que lo originó, que es el NIE, o quien lo ordenó y lo recibió una vez estuvo listo, que fue la gobernadora Vázquez Garced, y que el mismo es un documento distinto y separado de la investigación que realiza el Departamento de Justicia.
Una segunda demanda para obtener el mismo informe fue presentada por la Cámara de Representantes y ese caso se encuentra en el Tribunal Apelativo.
Alcalde de Peñuelas había advertido al existencia del refugio:
El saliente director del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff, no negó ni confirmó si durante el periodo electoral se realizará el arresto de un político activo como parte de las pesquisas por corrupción que mantiene el organismo federal.
“Para casos específicos no podemos ni negar no confirmar. Pero la política pública dice que comenzando en esta fecha se tiene que dar la aprobación, así que tenemos que determinar caso a caso”, indicó Leff.
El funcionario explicó que existe una política pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que limita el procesamiento de políticos activos durante el proceso electoral.
Leff zseñaló que tales arrestos se pueden realizar en determinadas circunstancias, las cuales no explicó. No obstante, reiteró que para arrestar a un político durante el proceso electoral, la fiscalía federal en Puerto Rico tiene que pedir autorización al Departamento de Justicia en Washington.
Leff también mencionó que hay unas personas que ya saben que son investigadas por delitos de corrupción.
“Hay un grupo de corruptos que sabemos bien que ellos son corruptos, pero esperamos el momento en que tengamos toda la evidencia. Fueron actos del pasado, pero ellos no pueden esconderse por siempre, solamente esperamos por el momento en que tengamos todas las partes necesarias para lograr el caso. No pueden esconder la evidencia, podemos entrevistar a personas, recibir documentos y esos corruptos que saben lo que hicieron ellos necesitan preguntarse todos los días ‘este será el día que mi co-conspirador va a arribar al FBI o posiblemente ya ha arribado a nuestra puerta. Vamos a continuar con estas investigaciones y siempre va a haber más y más casos exitosos”, sostuvo el saliente director del FBI.
En la rueda de prensa ayer se presentó al nuevo director del FBI, Rafael Riviere Vázquez, quien tomará el cargo a partir del 15 de marzo. Expresó que como parte de sus prioridades figura darles seguimiento a los casos de corrupción.
“Yo no tengo una diferente de la de Leff o que cualquier director tuvo. Es sencillamente proteger al público y en Puerto Rico corrupción es algo que le interesa mucho al público y a nosotros también. Esas cosas que ya están corriendo y nuestros agentes están investigando voy a continuar el trabajo”, expresó Riviere Vázquez.
Sobre casos específicos, Leff confirmó que la investigación sobre empleados fantasmas en la Legislatura continúa.
En cuanto al asesinato de la joven transexual Alexa Torres, el director del FBI mencionó que la jurisdicción y la investigación continúa en manos de la Policía de Puerto Rico.
La reapertura de escuelas vulnerables a los efectos de un terremoto debería alarmar la conciencia pública del país, especialmente porque las inspecciones que se realizan a los planteles escolares intentan determinar si sufrieron daños por los últimos terremotos ocurridos y no si las estructuras pueden resistir un sismo fuerte, denunció el geomorfólogo, doctor José Molinelli.
“A mi me alarma que no haya alarma”, sostuvo Molinelli.
“A mí me parece particularmente alarmante que, en Puerto Rico en este momento, a pesar de esta emergencia sísmica, a pesar de la gran lección que vimos, comprobado nuevamente con el colapso de la escuela superior de Guánica, que en Puerto Rico se hayan abierto escuelas nuevamente que son vulnerables en caso de terremoto”, dijo Molinelli en una entrevista en la estación de radio WPAB 550.
“A mí me alarma que no haya alarma. Y es que este sistema de inspeccionar escuelas lo que están haciendo sencillamente es mirarlas y ver si sufrió daños en caso de sismos como consecuencia del último sismo. Y si no sufrió daños, están consideradas como aptas. Sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta es si esa escuela resiste un sismo para lo que se supone que por diseño pueda resistir’, expresó el geomorfólogo.
Molinelli también explicó el efecto de la secuencia sísmica sobre el desplazamiento de agua en las zonas costeras, como ocurre en el sector el Faro de Guayanilla.
“Puede haber un elemento de compactación que pudo haber ocurrido. El otro factor es el fenómeno de licuación, que se reportó en 1928 que se abrieron fisuras en la tierra y salió agua de abajo hacia arriba. Pero también, por imágenes tomadas de satélite por métodos que se conocen como interferometría de base larga, han determinado que si hay un bajón regional cuya imagen describe un patrón en arco cuyo ápice está al sur de Guánica, Yauco y Guayanilla. Bajó un máximo de 5 pulgadas’, explicó.
Además, el geomorfólogo llamó a la atención sobre los planes de reubicación de comunidades en zona de riesgo de tsunami.“Lo que se haga tiene que ser con la aprobación de la comunidad… lo que no podemos hacer, es no hacer nada”, dijo Molinelli.
La Administración de Pequeños Negocios (SBA en inglés) anunció ayer que los sobrevivientes con pérdidas causadas por los temblores en el suroeste de Puerto Rico pueden solicitar préstamos luego que se asignaran más de $13 millones.
La fecha límite para entregar la solicitud para daños a la propiedad física es el 16 de marzo y el 16 de octubre para entregar la solicitud para daños económicos.
“Nuestra misión es ayudar negocios y residentes a reconstruir y retornar a sus vidas normales lo más pronto posible”, dijo en declaraciones escritas Kem Fleming, director del Centro de Operaciones de Campo del Este de SBA en Atlanta.
Fleming dijo que que actualmente 440 préstamos por desastre han sido aprobados en la cantidad de $13 millones para sobrevivientes afectados.
Alentó a negocios de todos tamaños, organizaciones sin fines de lucro, dueños de viviendas y arrendatarios a tomar ventaja de la oportunidad de solicitar para la asistencia por desastres físicos antes del 16 de marzo.
Indicó que las empresas y organizaciones sin fines de lucro de cualquier tamaño pueden solicitar préstamos de hasta $2 millones para reparar o reemplazar bienes raíces, maquinaria, equipo, inventario u otros activos de la empresa. Los solicitantes pueden ser elegibles para un aumento de préstamos de hasta 20 % de sus daños físicos, según lo verificado por la SBA para fines de mitigación.
“Las mejoras elegibles de mitigación pueden ahora incluir un cuarto seguro o un refugio de tormentas, bomba de sumidero, drenaje francés, muro retentivo para ayudar a proteger la propiedad y los ocupantes de daños futuros causados por un desastre similar”, indicó Fleming.
Agregó que para las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas agrícolas, las pequeñas empresas dedicadas a la acuacultura y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro privadas, SBA ofrece Préstamos por Desastre para Pérdidas Económicas para ayudar a satisfacer las necesidades de capital de trabajo causadas por el desastre. Préstamos por Desastre para Pérdidas Económicas están disponibles aún si la empresa no sufrió daños físicos a su propiedad.
Explicó que propietarios de viviendas pueden solicitar préstamos por desastre hasta $200,000 para reparar o reemplazar bienes raíces dañadas o destruidas. Los propietarios viviendas e inquilinos pueden solicitar préstamos de hasta $40,000 para reparar o reemplazar propiedad personal dañada o destruida.
“Las tasas de interés son tan bajas como 3.8 % para los negocios, 2.7 % para las organizaciones sin fines de lucro y de 1.5 % para los propietarios e inquilinos, con plazos de hasta 30 años. La SBA fija cantidades y las condiciones de los préstamos basados en condición financiera de cada solicitante”, apuntó Fleming.
Para ser considerado para todas las formas de asistencia por desastre, los solicitantes deben registrarse en línea en DisasterAssistance.gov o descargar la aplicación móvil de FEMA. Si no tiene acceso al Internet o un teléfono móvil, los solicitantes deben llamar a la línea libre de costos de FEMA al 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585.
Operadores en otros idiomas están disponibles. Presione 2 para español. Presione 3 para otros idiomas.
Los sobrevivientes pueden solicitar un préstamo por desastre de la SBA en línea usando la Solicitud de Préstamo Electrónica (ELA) a través de la página electrónica segura DisasterLoan.sba.gov.
Para detalles adicionales sobre la localización de los Centros de Recuperación de Desastres y el proceso de solicitud de préstamo, pueden llamar el Centro de Servicio al Cliente de SBA al 800-659-2955 (al 800-877-8339 para audio impedidos) o puede enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov.
El cineasta, escritor y actor Jacobo Morales y su esposa, la productora de cine y televisión Blanca Silvia Eró, serán condecorados como: Humanistas del Año 2019.
La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades determinó reconocer el legado de esta pareja, tanto en el cine como el teatro, la radio y la televisión. El acto de reconocimiento será el jueves 26 de marzo a las 7:00 pm. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
“A través de la creación de guiones, producción y dirección, el binomio creador de Jacobo y Blanca ha llevado el cine puertorriqueño a su mayor reconocimiento internacional. Durante 70 años de labor incansable, dedicados a la creación y la educación en las artes, ambos han impactado a generaciones de puertorriqueños, dando ejemplo de compromiso social y defensa de nuestra cultura e identidad. Por sus fecundas vidas, Jacobo y Blanca representan los más altos valores de nuestra patria”, resalta el laudo del galardón.
Margarita Benítez, directora ejecutiva de la fundación, expresó que con esta distinción “honramos a Jacobo y a Blanca porque siempre han sido un binomio artístico. Él recalca que nunca se han separado. El trabajo de Jacobo no se entiende ni se conoce sin la presencia de la labor de Blanca. La noche que los invitamos a cenar para comunicarles la distinción, uno de los camareros se acercó y le dijo a Jacobo: ‘es un honor servirle. Yo me crié con usted en la televisión’. Y por ese respeto que sienten todos los que nos criamos con él en la televisión, en el cine, en el teatro con su labor de excelencia, gracias al trabajo de producción de Blanca, reconocemos el trabajo de ambos”.
Jacobo Morales, quien celebró 65 años de matrimonio con Blanca, comentó que ser designado junto a su esposa como Humanistas del Año “es un gran honor, por lo que hay representado no solamente en el premio sino lo que antecede como ha sido nuestra vida, como hemos disfrutado lo que hacemos con la gente, que es lo más importante en nuestra gestión como artistas».
«Nos lanzamos a una vida muy bella desde el principio, desde que nos conocimos a los 15 años y yo trabajaba en la radio. Blanca tiene una gran sensibilidad, un gusto exquisito, un sentido crítico y una integridad que la lleva a todos los planos. Desde novios, yo escribía, ella pasaba los libretos a maquinilla y me hacía las críticas. No siempre aceptaba las críticas, pero la mayoría sí. Muchas veces ella titulaba las obras. Y ella ha sido la productora de mis obras de teatro y de todas las películas. Hemos tenido tantos años juntos. Yo no siento que estoy trabajando. Estoy disfrutando”, expresó.
Blanca Eró manifestó que la distinción junto a Jacobo “es una sorpresa tremenda, a la verdad no lo puedo creer, pero lo acojo con mucho cariño. Jacobo se lo merece porque su trabajo es con el pueblo en mente, con la problemática social de nuestro país que está reflejada en toda su obra y eso es muy importante».
«Le dedico este premio con todo mi amor al pueblo de Puerto Rico al cual adoramos, queremos, por el que hemos trabajado y a la familia, a nuestros hijos que son nuestra razón de vivir. Y queremos seguir luchando por nuestro país, que lo necesita en este momento más que nunca, que tengamos solidaridad y amor para echar adelante”, dijo Blanca.
La carrera artística y humanista de ambos incluye: los poemarios 100 X 35 (1973), 409 Metros de Solar y Cyclone Fence (1978); nueve obras de teatro que ha escrito y dirigido, entre estas Muchas gracias por las flores, Al final del eclipse, Cinco sueños en blanco y negro y la más reciente Reality Show (aún inédita); libretos radiales desde adolescente; guiones para televisión con programas entrañables como La Tiendita de la Esquina, Todo el año es Navidad, comedias para Esto no tiene nombre (con su recordado personaje de Ángel Guardián), La Criada Malcriada, El Colegio de la Alegría, Ja,ja, ji, ji, jo, jo con Agrelot, y producciones como Ahí Va Eso; telenovelas como Un adiós en el recuerdo, El Regreso y Tiempo de Vivir, para Wapa TV.
En el cine brilló como director y guionista al lograr la primera y única nominación al Oscar para una película puertorriqueña: su filme Lo que le pasó a Santiago (1989).
Todas sus películas han gozado del favor del público y de la crítica, entre estas: Dios los cría, que ganó premios internacionales, Nicolás y los demás, Linda Sara, Ángel, Jugando en serio y las películas para televisión Dios los cría 2, Pa’ eso estamos y Al final del eclipse, adaptación de su obra teatral.
En Hollywood, como actor, trabajó junto a Woody Allen en la película Bananas y con Barbra Streissand en Up the Sandbox, en la cual interpretó a Fidel Castro. En Puerto Rico, aparte de sus filmes, se destacó como actor en películas como Cuentos de Abelardo, A San Juan Story, I’m a Director, Broche de Oro y Broche de Oro, el comienzo. Ha colaborado también, y sigue haciéndolo, en proyectos de talleres para cineastas jóvenes.
Jacobo, a sus 85 años, continúa en plena actividad creativa y artística. Escribe aún a lápiz en su amplio escritorio en su hogar y Blanca todavía es quien transcribe y edita sus trabajos artísticos, labor que ella confiesa es de las que más disfruta.
Sus próximos proyectos incluyen tres guiones cinematográficos en turno para producción, dos mediometrajes y tres cortometrajes, así como llevar a escena una nueva obra de teatro, ya escrita. Estos proyectos serán, claro está, luego del intenso itinerario de las funciones de Los Rayos Gamma, el espectáculo de sátira política música que se reactiva tradicionalmente en año electoral.
De sus largometrajes, anticipa que hay dos que quisiera adelantar. El primero es Elisa, Gabriel, Ana y el gato, una película intimista que transcurre una noche en una funeraria donde cada personaje está velando a sus muertos. La próxima película sería Celebremos todos juntos, que describe como una comedia satírica relacionada con distintos aspectos de la vida colectiva que mantienen situaciones muy familiares en la actualidad.
Al hacer un recuento de su trayectoria, Jacobo plantea que lo mejor para ambos ha sido el apoyo de la gente en la calle cuando los ve. “Es lindo, nos tratan de tú, sin siquiera habernos presentado. Hasta nos abrazan. Ese es el valor de nuestro trabajo, esa reciprocidad del pueblo, ese cariño que nos demuestran es la mayor fortuna que tenemos. Esa es la felicidad, lo máximo, que la gente te quiera y te acoja”. Al preguntarles cuál será su legado con su trabajo cultural y artístico de toda la vida, Blanca concluyó que “yo diría que es un legado de amor y honestidad”.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado sostuvo que el nuevo Código Civil contiene disposiciones que discriminan contra los jóvenes al dejar mayoría de edad en 21 años, contra los derechos de la mujer y contra las personas de la comunidad LGBT, por lo que recomendará no aprobar la medida hasta que se celebren vistas públicas.
«Estamos recomendando que el sustitutivo no sea aprobado y que se devuelva a la Comisión para que se realicen Vistas Públicas abiertas en las que se aclaren los conceptos, y se le dé la oportunidad a la ciudadanía de ser escuchada y tomada en cuenta», señaló el legislador popular José Nadal Power, portavoz de la delegación de su partido en la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas.
Añadió que «por el hecho de incidir en las relaciones personales, familiares, económicas y patrimoniales de los individuos, no podemos pretender que en el Senado de Puerto Rico, seamos conocedores de cada realidad de la ciudadanía, y para trastocar ese código que reglamenta esas relaciones, debemos dar oportunidad a que esa ciudadanía sea escuchada».
El senador mencionó que la delegación, levantó objeciones a las disposiciones de familia que imposibilitan el apoyo inequívoco al proyecto de ley, aunque dentro de la medida puedan haber cambios positivos.
«El proyecto propuesto, tiene disposiciones que discriminan contra los jóvenes al dejar mayoría de edad en 21 años, los derechos de libertad hacia la mujer y a las personas de la comunidad LGBTTQI», señaló Nadal Power.
Para finalizar Nadal Power señaló que «El Código propuesto, no es una medida que exclusivamente compete a la comunidad jurídica. Nos encontramos ante una Ley que inevitablemente impactará a las presentes y futuras generaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los efectos que posteriormente genere su fallecimiento».
El conocido periodista Luis Francisco Ojeda anunció hoy que se retira finalmente del periodismo que ha ejercido por más de 40 años tanto en la radio como en la televisión. Ojeda hizo el anuncio durante la emisión de su programa en la estación de radio WKAQ.
El “Fiscal del Pueblo” había revelado el pasado año que sufría de Parkinson, un padecimiento de salud que le impedían pronunciar adecuadamente y en ocasiones se le escuchaba pronunciar determinadas palabras con dificultad.
Aún así Ojeda mantuvo en el aire su programa en los últimos meses con gran respaldo de los radioescuchas.Durante los inicios de la década del 1990 y hasta el 2010 Ojeda tuvo un destacado periodo en su programa de radio por medio de la revelación de casos de corrupción y de investigaciones periodísticas, especialmente contra la administración del exgobernador Pedro Rosselló.
“Yo quiero darle las gracias a José Félix Fratichelli, que me ayudó mucho en aquella época”, indicó Ojeda en alusión al investigador de su programa y que luego también ejerció el periodismo investigativo en otras estaciones de radio.
Durante el último programa de Ojeda salieron a relucir las numerosas ocasiones en que Ojeda sufrió amenazas de muerte y su vida se vió en peligro y lo que provocó que los directivos de WKAQ fortalecieran las medidas de seguridad en las entradas y en los estudios de la estación de radio.
“Que no se corrompan”, fue el consejo que Ojeda brindó a los periodistas que han decidido seguir la ruta inhóspita del periodismo investigativo.
A tan solo un mes y medio para que culmine el periodo para presentar las planillas en el Departamento Hacienda el próximo 15 de abril, Justicia acusó al presunto dueño de un consecionario de marquesina de evasión contributiva y por presentar planillas de contribución sobre ingresos con información falsa, según anunció la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.
Según una comunicación de Justicia, Jean Paul Bouis Socorro, de 42 años, supuestamente se dedicaba a vender vehículos de motor en un “dealer” clandestino que mantenía en su residencia. Longo Quiñones indicó que Bouis Socorro compraba vehículos reposeídos a una institución bancaria, los arreglaba y luego los vendía a través de anuncios por internet.
Alegadamente, con la ventas de esos vehículos Bouis Socorro generó unos ingresos que no reportó al Departamento de Hacienda. Justica sostiene que el acusado presentó planillas de contribución sobre ingresos con información falsa y declaraciones fraudulentas.
La pesquisa a cargo de la fiscal Roxanne Rivera Carrión y del agente especial fiscal Cruz, de la División de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, reflejó que los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017 en Carolina.
Los cargos sometidos fueron dos violaciones al Código de Rentas Internas relacionadas con no presentar de planillas de contribución sobre ingresos, y dos cargos por presentar planillas y declaraciones falsas.
La juez Catherine Brunelle Curry del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Bouis Socorro. La fianza impuesta fue de $12,000, la cual presto. La vista preliminar fue pautada para el 16 de marzo.
