Por Redacción Es Noticia
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Con el respaldo unánime de todos sus miembros, la Cámara de Representantes aprobó en la tarde de ayer el Proyecto de la Cámara 180, una legislación dirigida a fortalecer la protección de los adultos mayores ante casos de explotación financiera. La medida, presentada por el representante Edgar Robles Rivera, responde a un desfase legal en el Código Penal y busca establecer consecuencias más severas para quienes se aprovechen económicamente de esta población vulnerable.
“En esta etapa de sus vidas, nuestros adultos mayores merecen respeto, no abuso. Esta medida defiende su dignidad y asegura que quienes se atrevan a aprovecharse de ellos enfrenten consecuencias muy serias… Esta lucha la hago con el corazón en la mano y total compromiso inquebrantable”, expresó Robles Rivera, quien también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor.
La legislación enmendará el Artículo 127-C del Código Penal, equiparando las penas por explotación financiera con las del Artículo 182, que regula la apropiación ilegal agravada. De esta forma, la explotación económica dejará de considerarse un delito menos grave, incluso en casos donde las cantidades envueltas sean menores.
Nuevas penas según la cuantía del fraude:
Hasta $2,500: cinco (5) años de prisión.
Entre $2,501 y $10,000: ocho (8) años.
Más de $10,001: doce (12) años.
Además, el tribunal estará obligado a imponer restitución a favor de las víctimas en todos los casos.
El proyecto contó con el respaldo de la Oficina de Servicios Legislativos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. Se destaca que Puerto Rico tiene actualmente más de 944,000 personas mayores de 60 años, lo que representa cerca del 29% de la población.
«Un mensaje claro contra el abuso»
La representante por acumulación Swanny Enit Vargas Laureano (PPD), coautora del proyecto, subrayó la urgencia de esta legislación ante el crecimiento alarmante de casos de fraude y abuso financiero contra personas mayores:
“La población puertorriqueña es una población envejecida. Las estadísticas muestran un horroroso patrón de crecimiento en los casos de explotación financiera… Esta legislación debe actuar como un disuasivo más efectivo al aumentar las penas de forma proporcional al daño causado”.
Con esta aprobación, la medida ahora pasa al Senado para su evaluación. De ser ratificada, representará un paso significativo en la protección de los derechos y la seguridad económica de la población envejeciente en Puerto Rico.
