Por Redacción Es Noticia
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Un total de 6,938 querellas por maltrato y otros delitos contra personas de edad avanzada fueron presentadas ante la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPEA) durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según datos oficiales.
Entre los delitos de mayor incidencia se destacan 1,911 casos de explotación financiera, 621 por apropiación ilegal, 131 por fraude, 103 por amenazas y 76 por agresión, entre otros. En cuanto al maltrato, se registraron además 1,586 querellas por negligencia, 914 por negligencia adicional y 724 por abuso emocional.
Por su parte, el Departamento de Justicia (DJ) atendió durante todo el 2025 unos 825 casos relacionados a adultos mayores en las 13 fiscalías a través de la isla, tanto bajo investigación como radicados. El delito que más prevaleció fue el maltrato a personas de edad avanzada.
Las regiones con mayor incidencia de estos crímenes durante el pasado año fiscal fueron Bayamón, Aguadilla, Ponce y San Juan, donde se reportaron unos 400 casos. De estos, 195 culminaron en convicciones, mientras el resto permanece en etapa investigativa o en distintas fases del proceso judicial.
Ante este panorama, y considerando que en Puerto Rico residen aproximadamente 1.2 millones de personas de 60 años o más según el Censo, el Departamento de Justicia y la OPEA firmaron un acuerdo colaborativo para ofrecer servicios de manera ágil, efectiva y centralizada a adultos mayores víctimas de delito.
La secretaria de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, indicó que el acuerdo permitirá acercar los servicios directamente a las fiscalías, agilizar la respuesta a las víctimas mediante el trabajo interagencial y atender cada caso con mayor sensibilidad y urgencia.
Entre los servicios que se ofrecerán figuran orientación para el mejoramiento de la calidad de vida, información sobre recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con programas de nutrición en el hogar. Asimismo, se contará con técnicos de servicios a víctimas del Departamento de Justicia que asistirán en la solicitud y acompañamiento de órdenes de protección en los tribunales o en otros espacios donde se requiera apoyo.
La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, expresó que el compromiso es sumar capacidades, agilizar respuestas y estar presentes en las regiones donde más se necesitan los servicios. Como parte de la primera etapa, se comenzará con coordinadores en las cuatro regiones de mayor incidencia, con miras a expandir el modelo a todas las fiscalías del país.
