Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados aprobó una Resolución sobre la denuncia del grave atropello a los derechos humanos de los menores de edad y las mujeres, informó la presidenta Daisy Calcaño López.
“Degradar el valor de las mujeres, particularmente el de las niñas, contribuye al incremento en la violencia antes denunciada, pues refuerza las actitudes y opiniones sexistas que, a la larga, se convierten en discrimen laboral, acoso sexual e infravaloración de sus logros. Puerto Rico se encuentra atravesando un periodo de grave emergencia social que perpetúa la crisis de violencia de género y arriesga permanentemente la salud, seguridad, vida e integridad de un sinnúmero de mujeres en nuestra sociedad”, enfatiza la Resolución.
La Resolución también señala la sexualización de imágenes en los medios de comunicación “ya sean pagados o no”, en las que definen el acto de sexualización, particularmente, como la erotización de la imagen de las niñas y alerta sobre sus efectos nocivos y perniciosos.
La Ley 246-2011, mejor conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, establece que:
- Tenemos el deber de cuidar, proteger y garantizar la seguridad de los niños y niñas.
- El maltrato de menores es toda forma de perjuicio humillación o abuso físico o psicológico, descuido, explotación sexual y toda forma de agresión o violencia sobre los menores.
El Colegio denunció un patrón histórico adoptado por algunos medios de comunicación y redes sociales que, a través de personajes y/o comunicadores, utilizan sus foros de expresión pública para promover la secularización de imágenes de personas menores de edad, principalmente niñas, con propósito de hacer daño y explotarlas comercialmente.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y su presidenta, Lcda, Daisy Calcaño López, reiteran el compromiso de dicha entidad mediante una defensa activa, ardua y contundente para garantizar el desarrollo, la salud, seguridad y felicidad de la niñez en Puerto Rico. Así pues, denuncia ante el País, ante los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales el grave atropello a los derechos humanos de los menores de edad por motivo de la difusión de imágenes de niñas sexualizadas, dentro de cualquier contexto posible.
A su vez, le exigen al Gobierno de Puerto Rico investigar, desde todos los ángulos legales (civiles y criminales), los actos que promueven la sexualización de imágenes de niñas. Igualmente, exigir a los medios de comunicación y sus comunicadores o recursos que respeten la imagen, identidad y todas las circunstancias personales de niños, niñas y adolescentes e impedir que se difundan imágenes sexualizadas de éstos; reconociendo y celebrando aquellos medios y comunicadores que son extraordinariamente respetuosos hacia esta población vulnerable.
Por último, se exige a la Asamblea Legislativa y a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que desarrollen un plan de trabajo en el que se diseñe, apruebe e implemente legislación efectiva que prohíba esta práctica tan repudiable que atenta contra el bienestar y la seguridad de nuestros(as) niños(as) y adolescentes y conceda remedios en derecho civil y criminalmente.
