Por Miguel Díaz Román
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Los municipios del suroeste han vivido un infierno. Cuando apenas comenzaban a dar los primeros pasos en camino hacia la recuperación tras la intensa secuencia de terremotos que los afectó desde comienzos del 2020, surge la pandemia del coronavirus, que ha representado lo que para un moribundo significa el golpe final.
Con más de $800 millones en pérdidas, cientos de comercios afectados y miles de personas sin viviendas y sin trabajo a causa de los sismos, de pronto sufren un agravamiento de su situación por el cierre de la economía que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez Garced para detener la dispersión del coronavirus. Y aunque el cierre ha sido para todo el país, la situación para los municipios del suroeste ha sido realmente trágica.
“Esto es una crisis sin precedentes. En María nos recuperamos muy rápido, pero con los temblores y el coronavirus la situación se ha agravado de tal manera que en este momento tenemos que actuar rápido para allegar incentivos y ayudas a los comerciantes porque podremos ver muchos comercios cerrando y mucha gente sin trabajo”, dijo Luis Alvarado Cintrón, presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico (CCSPR).
Según Alvarado, en los 17 pueblos de la zona sur que integran la CCSPR existen alrededor 40,000 comercios de toda índole y tamaño, de los cuales el 40%, unos 16,000 establecimientos pudieron permanecer operando durante el cierre de la economía, pero el 60%, unos 24,000, han permanecido cerrados lo que ha agravado su situación financiera, que ya venía seriamente afectada desde los sismos.
“Ese 60% está en la incertidumbre, no sabemos si todos van a abrir en la segunda fase de la apertura de la economía que comenzó esta semana. Sabemos que muchos lo están pensando porque los costos de apertura son tan altos que no resultan en un incentivo para abrir. Además, hay muchos, no sabemos cuántos, que van a cerrar sus negocios definitivamente”, dijo.
El líder empresarial indicó que del 60% de los comercios que se encuentran en la incertidumbre, existe un 15%, unos 3,600 establecimientos, cuya existencia también está seriamente amenazada porque su apertura deberá esperar hasta la tercera fase, debido a que pertenecen al sector de bebidas, gimnasios y centros de entretenimiento.
“Esta es una situación bien seria. No sabemos si esos comerciantes puedan sostenerse y esperar hasta que venga esa tercera fase. Hay muchos de ellos que no podrán aguantar y su cierre va a dejar a más gente en la calle sin trabajo. Por eso nuestra prisa para que el Gobierno provea más incentivos y ayudas a los comerciantes”, dijo.
Indicó que los sismos y el cierre de la economía por el coronavirus ha enviado a las filas del desempleo entre 100,000 y 125,000 trabajadores en la zona sur.
Y mientras el comercio del sur trataba de asimilar el cierre obligatorio ordenado por la gobernadora, el 15 de marzo, un sismo de magnitud 5.4 estremeció el suroeste el 2 de mayo, cuyos efectos adversos se concentraron en la ciudad de Ponce, especialmente en la zona histórica. “En Ponce tenemos 14,500 comercios que están en la misma situación que te indiqué, un 40 %, que pudo continuar operando y un 60%, de los cuales algunos ya abrieron y otros no sabemos qué pasará con ellos”, dijo Alvarado.
El presidente de la CCSPR sostuvo que por medio de su participación en los “task force” económicos de la gobernadora y de la alcaldesa María Meléndez Altieri, intenta lograr acuerdos para atraer más ayudas a los comerciantes porque los incentivos federales y del gobierno local “no serán suficientes”.
“En este momento estamos estudiando la situación y no tenemos aún un número de las pérdidas que todo esto ha causado al comercio del sur. Lo que si te puedo decir es que los incentivos federales y del gobierno local no serán suficientes. Esto va a continuar porque todavía hay miedo entre los consumidores y mucha gente no quiere salir de su casa. Estamos en el ojo del huracán, necesitamos más incentivos lo más rápido posible”, dijo.
Un estudio económico realizado por la empresa ABEXUS Analytics sobre el efecto del cierre de la economía decretado por el gobierno, concluyó que las pérdidas económicas podrían ascender a $10,000 millones durante tres meses. A su vez, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha estimado que la crisis causada por el coronavirus tiene un impacto económico diario de aproximadamente $140 millones.
Jorge Arguelles, presidente del Centro Unido de Detallistas, coincidió con Alvarado en que es necesaria la aprobación de más incentivos “porque la crisis de coronavirus va a continuar hasta que se logre una vacuna y eso no será hasta después del 2021”.
Arguelles vaticinó que le esperan tiempos malos al sector comercial debido a las grandes transformaciones causadas por el comercio por internet, que también ha causado la quiebra de algunas grandes cadenas de tiendas por departamentos, lo que afectará a los centros comerciales, donde existe una amplia presencia de comercios locales.
“Aquí los comercios que han salido mejor son los que comenzaron a hacer sus ventas por internet. Mientras esto está pasando la legislatura se la pasa aprobando medidas populistas y no han visto el grave problema que enfrenta la economía local. Necesitamos un plan de alivio para el comercio de toda la isla”, dijo Arguelles.
Según el Departamento de Salud, la región de Ponce, integrada por 15 municipios, ha padecido el azote del coronavirus con vigor y hasta el (pasado miércoles) se habían registrado 452 contagios y 19 muertes. A su vez, los gobiernos municipales de estos pueblos han tenido que incurrir en grandes gastos para contener la ola de contagios e identificar personas infectadas en sus territorios.
Además, se han mantenido pagando la nómina de sus empleados, lo que ha causado una grave sangría en las arcas municipales que, además, ha enfrentado una merma en sus ingresos a causa del cierre de la economía.
Ante esta realidad la Junta de Supervisión Fiscal determinó suspender los recortes que tenían previsto efectuar para el próximo año fiscal al gobierno y mantener la transferencia $132 millones a los 78 municipios. También le concedió un préstamo a corto plazo de $185 millones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, para que los asigne a los municipios, especialmente a los más necesitados.
Los municipios también habían recibido una asignación general de $100 millones de parte del paquete de alivio que aprobó la JSF para enfrentar los efectos de la pandemia.
“Los municipios no están teniendo ingresos y los gastos continúan. No se están cobrando patentes, ni IVU, ni contribuciones de propiedad. En Juana Díaz hay que pagar más de $200,000 quincenales para los 325 empleados municipales y los gastos de la pandemia van por $1.9 millones, de los cuales $500,000 son dineros del municipio y el restante una asignación de FEMA. Nuestra situación es mejor que la de otros municipios, que se han visto bien afectados por los temblores y por la pandemia”, destacó el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres.
Indicó que aún es necesario que la JSF apruebe una asignación de $350 millones para pagar al Sistema de Retiro y la aportación municipal a la Tarjeta de Salud. “Es importante que esto se haga porque esos pagos van a causar una grave crisis en los municipios. Para Juana Díaz esos pagos significan $1.9 millones”, dijo Hernández Torres.
