Por Redacción Es Noticia
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The 20/22 Act Society, organización compuesta por multimillonarios relocalizados en Puerto Rico acogidos bajo a las leyes 20 y 22 del 2012, inició una acción legal por incumplimiento de los acuerdos establecidos por el gobierno en los decretos contributivos concedidos a estos inversionistas.
“Luego de sostener varias conversaciones para tratar de resolver estos asuntos, no nos ha quedado otra salida que proceder con un recurso legal para atender la situación de incumplimiento de los acuerdos contraídos con nosotros cuando firmamos los decretos de las Leyes 22 y 60. Constantemente se han hecho cambios a los mismos; trastocando así, las reglas con las que inicialmente los inversionistas decidimos hacer la inversión en Puerto Rico”, señaló en declaraciones escritas, Robb Rill, fundador de la organización y quien también fuera parte del primero de este grupo de inversionistas en relocalizarse a la isla.
El licenciado Pedro Ortíz Álvarez, representante legal del Act 20/22 Society, señaló que dadas las constantes modificaciones a las Leyes 20 y 22, las cuales se cambiaron, casi en su totalidad, y hoy están recogidas en la nueva Ley 60 del 1 de julio de 2019, “los inversionistas se ven obligados a detener la implementación retroactiva ya que se les está violentando su contrato inicial. Esto puede resultar en un mal precedente para la inversión en la isla”.
Alegó que a su vez, esto podría trastocar el clima de inversión en Puerto Rico, cuando los nuevos empresarios e inversionistas perciban que hacer negocios en Puerto Rico no es seguro. Ello debido a los constantes cambios a las leyes realizadas por el gobierno, y que esto provoque que se retracten de invertir en la Isla. Bajo ambas leyes (Ley 22 y Ley 60) se han otorgado hasta el día de hoy aproximadamente 2,600 decretos.
“Aunque en la ley 60 del 2019 se había señalado que los ya acogidos a las Leyes 20 y 22 podrían gestionar una cláusula de anterioridad (‘grandfather clause’) que les excluyera de ciertos efectos o restricciones anteriores a la fecha de la nueva ley. Esta cláusula podía gestionarse hasta el 31 de diciembre del 2019. Así lo hicieron.”, acotó Ortiz Álvarez.
Detalló que hay varios cambios incluidos retroactivamente. El ejemplo más contundente es el de la cuota administrativa que originalmente era de $300 y pagadera al momento de someter el informe anual del decreto y ahora cambió a $5,000. El desglose que se hace es que son $300 como cuota administrativa y$ 4,700 que se destinan al Fondo General, lo que catalogó como “un impuesto no contemplado anteriormente”.
“Un decreto es un contrato y su menoscabo plantea una seria interrogante constitucional. La Sociedad y sus miembros no tienen ningún problema con los posibles cambios en la ley si estos son aplicados prospectivamente. De esta manera, los nuevos inversionistas sabrán de antemano la cantidad que tendrán que pagar. Si bien un aumento de tal magnitud podría considerarse deficiente en términos de política pública, el tratamiento prospectivo no se está cuestionando en la demanda”, continuó Ortiz Álvarez.
De acuerdo con un estudio preparado por la firma Estudios Técnicos y publicado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indica que entre los años 2015 al 2019, los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22 demostraron haber sido de gran beneficio para la economía de Puerto Rico resultando en:
- Creación de más de 36,200 empleos directos, indirectos e inducidos
- $169 millones para el fisco central y los municipios
- $141 millones en consumo de bienes y servicios en Puerto Rico
- 68% de los participantes del decreto de Ley 22 han comprado una propiedad en Puerto Rico
- Se estiman unos $ 678 millones de inversión de capital
- Un 35% de los decretos de Ley 20 fueron firmas locales
- El salario básico que pagan las empresas de Ley 20 es de $36,000 anuales. Es importante comparar esta cifra con el ingreso mediano estimado de los residentes de Puerto Rico que ronda en los $19,775 anual.
- La inversión de los participantes del decreto de Ley 20 ronda en los $1.200 millones
- La inversión en bienes raíces que han hecho los participantes de Ley 22 es de $1.300 millones.
- El ingreso fiscal derivado por la contribución a la propiedad es de $8,800 millones.
