Por Redacción Es Noticia
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La secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, ordenó cancelar el contrato de $1.3 millones que, tras el terremoto, esa agencia firmó con la administración del hotel Copamarina, en Guánica.
El contrato, identificado en la Oficina del Contralor por el número 2021-000126, está a nombre de ‘Concho Corporation d/b/a Copamarina Beach Resort’. Se firmó el pasado 16 de noviembre y tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2021.
El documento establece que «el Arrendatario (DE) pagará renta (alquiler) a razón de $25 por pie cuadrado, lo cual equivale a una renta mensual de $139,500… La cuantía máxima a ser pagada por las propiedades durante la vigencia del contrato será de $1.395,000».
En adición a todo lo detallado en la propuesta presentada por Copamarina, el alquiler incluye:
- Acondicionadores de aire con control de temperatura.
- Servicio mensual de fumigación.
- Mantenimiento de todas las áreas interiores y exteriores, jardines, árboles, verjas, aceras, estacionamientos y todas las áreas comunes de la propiedad.
- Reemplazo de pisos, bombillas y lámparas interiores, puertas, ventanas, plafones y paredes interiores, según sea necesario.
- Reparación y reemplazo de inodoros,tuberías y accesorios.
- Destape de líneas sanitarias.
- Mantenimiento y reparación de sistema de acondicionadores de aire.
- Pintura, según sea necesario.
- Reposición e instalación de luminarias exteriores.
- Persona empleada por la arrendadora, quien fungirá como administrador de la propiedad.
- Seguridad básica en el exterior de la propiedad.
En declaraciones escritas en la red social Twitter, la secretaria de Educación señaló que buscan alternativa para la ubicación de esos servicios.
«He ordenado al Área de Administración del DE que se gestione la cancelación del contrato con el Hotel Copamarina. Ese espacio alquilado para empleados de la agencia en Guánica durante la emergencia de los temblores será sustituido por otras alternativas que estamos auscultando. Siempre velaremos por el mejor uso de los fondos en Educación y que se ajusten a nuestra política pública».
El contrato establece que «la Propiedad Arrendada será utilizada como facilidades escolares para maestros, administradores y personas autorizadas para oficinas administrativas de la Arrendataria y para cualquier otro uso o propósito legal relacionado a las operaciones de la Arrendataria».
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