Por Redacción Es Noticia
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El gobernador Pedro Pierluisi firmó la Ley 116 de 2023, que enmienda la «Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos», y le aumenta los fondos que reciben agencias del gobierno entre las que se encuentra la Universidad de Puerto Rico.
El autor de la medida, Ángel Matos García, explicó que «la Ley de Juegos de Azar establecía previamente una distribución desigual de ingresos, donde el Grupo A recibía el 45% de los ingresos netos anuales, y el restante 55% iba al Fondo General. La modificación propuesta por Matos García, busca garantizar que el Grupo B reciba su parte justa de estos ingresos, lo que incluye fondos para la Universidad de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales».Según el representante, Puerto Rico ha enfrentado grandes desafíos y retos en los últimos años, desde huracanes hasta terremotos y la pandemia del COVID-19. Muchas industrias, incluida la industria turística, se han visto afectadas profundamente.
Además, argumentó que «la nueva ley permitirá una distribución más equitativa de los ingresos, beneficiando tanto a los operadores de casinos como a las entidades gubernamentales que forman parte del Grupo B, en especial nuestro principal centro docente, la UPR».«Tenemos que ser creativos para allegar más recursos a nuestras instituciones, además de promover la recuperación de la industria turística de Puerto Rico y brindar apoyo a todos los sectores económicos afectados ante los huracanes, terremotos y pandemia. Esta nueva fórmula permitirá una proyección más efectiva y uniforme para ambos sectores, sin estar a expensas de fluctuaciones en los desembolsos», precisó Matos García.El Grupo A lo componen todos los concesionarios que tengan máquinas tragamonedas en sus salas de juegos. Mientras, el Grupo B está compuesto por un Fondo Especial, el Fondo General, el Fondo para el Desarrollo de la Industria Turística y el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico.En resumen, la Ley 116 de 2023 representa un paso significativo hacia una distribución más justa de los ingresos generados por las máquinas tragamonedas en los casinos de Puerto Rico, contribuyendo a la recuperación económica y respaldando a los comerciantes locales.
