Por CyberNews
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Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó, el pasado 17 de julio, a 38 miembros de una pandilla violenta en Caguas por conspiración para poseer con la intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, y violaciones de armas de fuego, anunció hoy W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Nos acercamos a traer justicia a la familia de la víctima MRM, asesinada sin sentido mientras quedaba atrapada en el fuego cruzado durante un tiroteo entre pandillas en mayo de 2022”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos Muldrow en conferencia de prensa.
El agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Joseph González, también ofreció su perspectiva: “Los miembros de la pandilla detenidos hoy mantenían la región de Caguas como rehén a través de la violencia y la intimidación. Puerto Rico pertenece a la gente, y el FBI continuará interrumpiendo y desmantelando estas organizaciones criminales para asegurarse de que esto siga siendo así.”
La acusación alega que desde 2017 hasta la fecha, la organización de tráfico de drogas distribuyó heroína, base de cocaína (conocida como “crack”), cocaína, marihuana, Fentanilo, Oxycodona (Percocet), y Alprazolam (Xanax) en zonas específicas de Caguas y otras áreas de Puerto Rico, obteniendo importantes ganancias financieras. Nelson Torres-Delgado “El Burro”, líder de la organización y prófugo desde 2017, ha mantenido el control mediante violencia y métodos de evasión sofisticados.
Además de la acusación federal, las autoridades locales también están trabajando en colaboración con la DEA, U.S. Customs and Border Protection, Unidad de Arrestos Especiales del PRPB, y el Equipo Especial de Respuesta Municipal de Guaynabo. Estas acciones conjuntas tienen como objetivo no solo abordar la violencia de las pandillas sino también sus redes de tráfico y distribución de drogas.
Sheila Luyando-Fuentes, empleada en la industria de la salud, también fue acusada de divulgación indebida de información de salud identificable individualmente. Ella actuó como facilitadora y compartió información protegida con miembros de la pandilla, lo que representa un caso inusual y alarmante de colaboración criminal.
Las penas por estos crímenes varían. Si son condenados por los cargos de drogas, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Los acusados por posesión de ametralladoras enfrentan una pena obligatoria consecutiva de treinta años de prisión. Los acusados por el asesinato relacionado con armas de fuego de M.R.M. enfrentan una posible pena de cadena perpetua y, si es autorizado por el Fiscal General de los Estados Unidos, la pena de muerte.
